La conectividad ha consolidado su rol protagonista en nuestra sociedad durante la pandemia, transformándose desde un complemento a una necesidad estratégica para gobiernos, empresas, la comunidad educativa, los pequeños comercios, las familias y los ciudadanos en general.
La infraestructura de telecomunicaciones nacional pasó la prueba de fuego cuando los patrones de consumo dispararon el tráfico de internet como resultado del confinamiento en los hogares, pero no podemos dejar de lado, las dificultades y trabas que presentaron diversos grupos poblacionales.
El Banco Mundial pronosticó una contracción de la actividad económica regional del 7,9% para 2020, mientras que la CEPAL alertó sobre la pérdida de 47 millones de puestos de trabajo y un retroceso del PBI per cápita a niveles de hace 10 años. Este panorama regional obliga a todos los actores de la economía, públicos y privados, a desarrollar acciones para catalizar una recuperación rápida y equitativa.
La GSMA estima que un incremento del 10% en la penetración de banda ancha móvil resultaría en un aumento adicional promedio del PIB de 1,2% en las economías de América Latina y el Caribe. Ese efecto de transversalidad a prácticamente todas las actividades de nuestro país, potencia el aporte de la conectividad –y los servicios que transitan a través de ella, como enorme.
La semana pasada, logramos reunir actores que digitalmente están unidos, como el sector de Pagos, Comunicación de Marketing y Tecnologías, para discurrir los puntos de vista propuestas y recomendaciones de política pública para lograr más y mejor aprovechamiento de los flujos digitales en el país. De la conversación con ADECC, ADOFINTECH y MICM, desde la Cámara TIC recolectamos aprendizajes, que señalan asignaturas pendientes y dibuja un horizonte hacia la adopción de mejores prácticas globales para el fortalecimiento del ecosistema local:
Estandarización y simplificación. El sector digital debe analizar y simplificar las políticas obsoletas para fomentar la digitalización bajo un marco mejores prácticas y el desarrollo de las bases para mejorar el acceso a nivel nacional.
Coordinación multisectorial. El fomento del diálogo entre los hacedores de políticas publicas, las autoridades y los actores de cada subsector privado para la homologación de las acciones en el espectro digital a fin de catalizar el encadenamiento productivo digital.
Optimización tributaria. Con el inminente pacto fiscal, debemos construir una política consistente que incluya el fomento de las inversiones y el incremento del PIB que la digitalización es capaz de generar. Desde la firma Tabuga se pronostica que la Economía Digital para el año 2021, alcanzará un 5% del PIB.
Planificación estratégica del sector "telco-tecnológico". Tenemos actualmente mesas de la agenda digital, proyectos de ley de ciberseguridad, telecomunicaciones y economía digital sobre el tapete; coincidimos con la posición de organismos como la GSMA, sobre la importancia de impulsar políticas a largo plazo, que tengan como centro la inclusión digital y la innovación, y no una vocación recaudatoria.
El diálogo tecnológico se ha retrasado durante años, articulándose bajo estructuras atomizadas sostenidas bajo una marca como "república digital". Es momento de contemplar que las estructuras de regulación actual no son lo suficientemente ágiles para cristalizar acciones en este contexto de híper-conectividad global.
Organizaciones como 5G Américas proponen el impulso del 4G en las zonas remotas (como lo ha decidido hacer Colombia con su segunda asignación de espectro para esta tecnología) y 5G en aquellas áreas donde a corto plazo los sectores productivos del país puedan beneficiarse de las mejores eficiencias que una menor latencia y un despliegue masivo de internet de las cosas (con analítica y servicios de nube) pueden brindar.
Los actores clave de la economía digital deben pasar de los planes a la acción, bajo la premisa de un modelo iterativo de quick-wins que permita liberarnos del formalismo político, a fin de potenciar pilotos que nos permitan entender la multicapilaridad social nacional.
Reformas y mejoras que puedan contribuir a la recuperación económica del país, generando oportunidades para el crecimiento de una industria digital y conectada a nivel nacional.