La emergencia sanitaria causada por el SARS-COVID-II y los efectos e impactos de la COVID-19 en la economía global tienen un nombre para la historia: “el gran confinamiento”.  De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus previsiones ajustadas el pasado a inicios de este verano, el impacto en la economía mundial será una contracción del crecimiento del orden del -5% del Producto Interior Bruto (PIB) del mundo. La misma fuente prevé  un impacto para América Latina y el Caribe del -9.4% del PIB regional. De forma parecida la Comisión Económica para América Latina  y el Caribe (CEPAL) prevé una caída del PIB regional del orden del -9.1% y para la República Dominicana un desplome del -5.3% del PIB.

Con una caída del comercio regional del 23% con respecto al año anterior y el desplome de la actividad turística en el caribe del orden del 38% con respecto al 2019, el panorama regional y nacional es al menos complicado para el corto y mediano plazo.  Este panorama plantea de entrada tres grandes retos que tienen por delante nuestros países: la salud, la educación y la recuperación económica.  Es simple: América Latina y el Caribe como consecuencia del “gran confinamiento” ha retrocedido una década en materia de crecimiento y lucha contra la pobreza y es probable que dicho retroceso se acentué una vez conozcamos con más claridad el impacto estructural de la pandemia en la destrucción de empleos y oportunidades de crecimiento.

En este punto no tengo dudas de que el gobierno que encabeza el honorable presidente de la República el Lic. Luis Abinader Corona, conoce muy bien los retos, así como las líneas de actuación que le recomendarán los organismos internacionales y los técnicos muy calificados que le acompañan como parte de su gabinete económico.  Como resultado de corto plazo de las medidas que se tomen es previsible esperar una recuperación en “V” del crecimiento y a partir de ahí un ritmo de avance que un lapso de tres a cinco años permita ganar parte del terreno perdido. Enfocaré el resto de este artículo en los temas de ciencia e innovación como parte de la agenda de recuperación económica.

Se debe procurar que los esfuerzos en materia de recuperación a partir del 2021 y de los años subsiguientes no pierdan de vista el gran reto nacional  de mediano y largo plazo que consiste en la transformación de la matriz tecno-productiva  de nuestra economía para hacerla más competitiva, resiliente e incluyente.

Una de las vías para acometer el reto de una generación de dominicanos y de potenciar la recuperación económica sobre nuevas bases de crecimiento es la adopción de un enfoque profundo de desarrollo productivo e industrialización basados en el diseño  de una estrategia  nacional de ciencia e innovación, que sea convergente con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.  Para ello un primer paso sería aprovechar los procesos de reforma institucional y de políticas públicas que se avecinan.  La transformación productiva y la transición hacia una economía de alto valor agregado, intensiva en el uso de insumos de conocimiento, innovadora y exportadora, centrada en capital humano, en la transferencia tecnológica para modernizar y acelerar las ventajas competitivas de actividades y sectores de la economía nacional, es hoy una oportunidad que la emergencia sanitaria y sus secuelas ponen al alcance de la sociedad dominicana.   Estos temas ya están siendo abordados a nivel regional y como parte de las agendas de recuperación económica de países desarrollados y en vías de desarrollo.

En las principales economías de la región  seremos testigos de la articulación de enfoques del tipo “policy mix” para potenciar la colaboración científico-tecnológica entre las universidades y las empresas.  Políticas de innovación basadas en la demanda mediante instrumentos como las compras públicas, o créditos blandos para la transferencia tecnológica  serán piezas del mix de políticas con un enfoque fuerte de ciencia e innovación, al igual que el fortalecimiento de los sistemas de calidad y metrología.  En países como la República Dominicana  y la región mesoamericana será necesario repensar la gobernanza de los  incipientes sistemas nacionales de innovación, compuesto por las empresas, las universidades, centros de investigación públicos y privados y por supuesto con el apoyo de los gobiernos.

En este marco las alianzas público-privadas cobrarán  un nuevo sentido y los modelos de alianzas “triple-hélice” a nivel local, regional y nacional para potenciar la innovación y transferencia tecnológica en la mejora de productos, servicios y procesos serán elementos más presentes en el paisaje económico post-COVID-19.  La atención a las PYMES será central en los esfuerzos  de recuperación económica, enfatizando  los apoyos que estimulen la adopción de nuevas tecnologías y estrategias de transformación digital que las tornen más competitivas.

Un tipo distinto de fiscalidad orientada no sólo a mejorar y compensar la caída de las recaudaciones del Estado sino también pensada para estimular el aparato productivo y a dinamizar el crecimiento, será también parte de este nuevo escenario de políticas articuladas con un fuerte enfoque de ciencia e innovación.  Con posibles cadenas de valor  y suministros más cortas, la inserción de la economía dominicana en el comercio regional y global puede tener un mayor sentido estratégico como fruto de la recomposición de los flujos comerciales que surgirán como consecuencia de un nuevo arreglo del tablero geopolítico internacional.  La administración Abinader parecer estar bien encaminada a este respecto.   

La calidad de la educación  en todos sus niveles y el desarrollo de competencias científico-tecnológicas serán vitales.  Este reto será enorme dado los efectos sistémicos posiblemente de alcance intergeneracional del “gran confinamiento”.  La educación es un nivelador social y la herramienta más poderosa de  cohesión y movilidad social.  Aumentar la escolaridad de nuestros trabajadores, las competencias adquiridas en cada ciclo formativo serán piezas claves para asegurar su futuro y aumentar su resiliencia ante choques severos como el “gran confinamiento”.

La educación superior estará en la agenda y los gobiernos de América Latina deberán redoblar esfuerzos para asegurar los avances en cobertura logrados en la última década en el acceso a la educación superior en todos sus formatos y en particular a la educación superior de alta calidad como clave de inclusión en la sociedad del conocimiento. El apoyo a los jóvenes y a sus familias para que tengan la libertad de elección y formación en universidades de calidad en el país  en carreras universitarias científico-técnicas será un gran reto en los años por venir. Es bastante claro que la agenda educativa en todos sus niveles será convergente con la agenda de desarrollo  económico y social.

En el caso dominicano articular una estrategia nacional de ciencia e innovación que en un horizonte de mediano plazo nos permita sentar las bases de un nuevo modelo de crecimiento económico, competitivo, resiliente y sostenible, debe ser un esfuerzo participativo que convoque a los principales actores y sectores de la vida económica dominicana.  Los actores públicos y privados deben sentarse para ver las oportunidades y definir los cursos de acción.  Los sectores económicos objeto de la estrategia deben definirse con sentido estratégico para empujar actividades económicas que ya ofrezcan oportunidades en materia de innovación como las energías renovables, el turismo sostenible, dispositivos médicos, la manufactura avanzada, el diseño, la biotecnología en áreas como la producción agropecuaria y farmacéutica, entre otras actividades y sectores en los que ya el país puede tener ventajas competitivas. A partir de ahí se puede pensar en sectores y actividades subsidiarias que generen valor agregado y complementario desde el punto de vista de sus encadenamientos con los sectores estratégicos.

Para concluir, las oportunidades de financiamiento de una estrategia de este alcance están a la mano.  Entidades como el FONPER pueden transformase en instrumentos de soporte a la ciencia y a la innovación,  a la investigación y desarrollo (I+D); una fracción de las regalías mineras (royalty minero) puede utilizarse para financiar transferencia tecnológica o para la formación de capital humano avanzado (maestrías y doctorados en ciencias e ingenierías),  para apoyar actividades de I+D, así como la creación de instrumentos como créditos fiscales y fondos de garantía para que las empresas mejoren sus productos, procesos y servicios a través de la I+D e innovación.

El gobierno encabezado por el presidente Abinader  y su equipo tienen la oportunidad de articular un gabinete de innovación y desarrollo productivo que trabaje en la definición de esta gran oportunidad nacional.  Hoy celebremos el éxito alcanzado por jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) en una competencia internacional de la NASA. Esto es un claro indicio de que podemos y debemos apostar por talento nacional, crearles condiciones para su desarrollo en ecosistemas de conocimiento e innovación de carácter universitario, ya que así será posible crear un futuro en que todos y todas podamos ser parte de una mejor República Dominicana. La ciencia y la innovación constituyen una avenida por la que debemos transitar hacia el futuro.