No cabe dudas de que una Ley de Partidos que sea adecuada a la realidad política nacional requiere de un amplio consenso extra congresual para que responda a los graves vicios del sistema político.
En estos momentos una gran parte de dominicanos reclama profundas y amplias reformas al sistema de partidos y electoral, para hacerlos creíbles y confiables.
Sin embargo no sería saludable para el país que estas iniciativas salgan sólo de los legisladores tanto del partido oficial como los demás sino también de instituciones, agrupaciones y entidades civiles y religiosas tienen aportes que deben ser tomados en cuenta.
Los vicios de nuestro sistema y que afectan nuestra imperfecta democracia son muchos y variados: compra de consciencias y transfuguismo, el uso y abuso de los recursos del Estado para las campañas, poca o nula democracia intrapartidaria, entre otros.
Esta nueva Ley de Partidos debe estar acompañada de una necesaria y urgente reforma al sistema electoral, para dotarlo de reglas claras y devolverle el verdadero carácter colegiado a la Junta Central Electoral.
Establecer con claridad cuáles y la forma de castigar los delitos electorales y crear la procuraduría electoral con absoluta independencia del ministerio público, además de facultar al Tribunal Superior Electoral la sanción de los mismos.
Asimismo se debe limitar la publicidad electoral, y un régimen restrictivo para candidatos que ocupen puestos públicos. Estos deben estar suspendidos en sus funciones mientras dure la campaña electoral.
Creo que los dominicanos aprendimos de los inconvenientes e irregularidades de las pasadas elecciones y no queremos que se repitan.
Desde ahora debemos abogar por tener legislaciones que garanticen un buen sistema de partidos y electoral. Sería preferible que ambas se hicieran de manera conjunta.
La razón es básica: sin una adecuada Ley de Partidos tendríamos un sistema electoral con deficiencias y viceversa.
Ahora es el momento. Ambas reformas requieren de la voluntad de una sociedad que sufre los embates de una desinstitucionalización acelerada y lesiva.