Me gusta mucho, como como a cualquier creador o productor, que exista un instrumento legal que permita recaudar fondos frescos y crédito fiscal.

Esto es decisivo para manejar, desarrollar y evolucionar un plan de producción.

Sin embargo, esto no es de fácil acceso para todos en igualdad, pues quien maneja –es obvio- la distribución y exhibición influye en la decisión de lo que debe ser producido.

Se tiene la concepción de que, si un productor quiere hacer cine “serio”,debe producir “comedias” para suplir dinero a otros géneros o proyectos suyos.

Que las autoridades del sector cultural nacional tengan la misma percepción, es preocupante, pues evidencia su inopia para percibir que esa mecánica se convierte en una fuente de desigualdad, lo que eventualmente llevará a estancar al propio “cine dominicano” de “comedias” y/o desaparecer cuando el público se canse de pagar por ver lo mismo que ve en tv.

¿Y para qué ha servido entonces la ley de cine?

El 2012, lejos de ser un año de consolidación del sector, es unaejemplo del financiamiento de películas discriminadas.

Asimismo, no se vislumbra iniciativas en materia de financiamiento al descubrimiento y desarrollo de guionistas.

Encima de que el mercado de taquillas solo responde a “comedias”, esas mismas “comedias” sufren la falta de políticas de estado para su distribución y difusión en otros medios, y ellas mismas (o sus patrocinadores y productores) se distancian del grueso de quienes luchan por crear la industria.

Aunque es importante que los patrocinadores hayan tenido sus inversiones reembolsadas, ese no es el objetivo de una ley de envergadura para una política pública condesciende.

La apuesta por el desarrollo debe estar centrada en la diversidad y en convenciones de promover y tramitar, para producir más con menos y producir con calidad técnica y narrativa para una cadena de distribución y exhibición equilibrada.

Lo que pasa con las pequeñas productoras es lo que viene pasando con publicitarias, por ejemplo, que han desparecido y sus ex empresarios embutidos a empleados del estado.

Y en buena parte, quien se mantiene a flote es gracias a los salvavidas de la corrupción, el chantaje y/o  el tráfico de influencias. Algunos burócratas del sector lo saben, porque ese modus operandi lo han usado toda la vida.