En los últimos días se ha dado a conocer a la opinión pública un proyecto de ley no consensuado ni llevado a vistas públicas para legislar sobre la “discriminación” de la comunidad LGTB en el país.
Se ha comprobado que en varios países incluyendo los Estados Unidos, las leyes de ese tipo han sido muy controversiales por una sencilla razón: en su gran mayoría más que proteger de la discriminación conculca otros derechos como es el caso de las entidades religiosas y de la sociedad civil.
En los últimos dos años hemos visto un laborantismo peligroso haciendo creer que en República Dominicana existe una discriminación estructural de la comunidad LGTB. En ese tenor están algunas Ongs pagadas o financiadas con fondos extranjeros y legisladores dominicanos anuentes con el compromiso gubernamental de apoyar esta minoría.
No es cierto que aquí exista discriminación a esa comunidad, lo he reiterado en varias ocasiones. La presencia de los miembros de ella por ejemplo es muy notoria en los medios de comunicación, el mundo del diseño y en otras áreas y podemos ver que han trascendido.
También han preparado un escenario social ficticio en el país de un supuesto odio, el cual no ha podido comprobarse. Tanto a lo interno como internacionalmente los dominicanos nos hemos caracterizado por ser acogedores y alegres a pesar de los avatares económicos.
Ahora bien, trasplantar a nuestro sistema jurídico una nomenclatura “antidiscriminatoria” para una situación social que no existe estructuralmente es algo de lo cual debemos cuidarnos.
La Constitución dominicana es clara y establece que nadie puede ser discriminado por raza, color, religión o por el modo de pensar. No es necesario crear una situación jurídica discriminatoria ficticia que no existe.
Pienso que este tipo de proyecto de ley promovido en el senado por Demóstenes Martínez, busca complacer al lobbismo gay internacional aupado por el gobierno de Barack Obama, y un gobierno anuente con esa agenda internacional como es el nuestro, ya lo he dicho antes.
Es posible que dicho proyecto atente contra la libertad de cultos y de expresión. Una especie de coacción legal para sobreproteger una minoría que quiere entronizarse como la abanderada de los derechos humanos.
Para los que se les ha olvidado, existen otros derechos como es el de la autodeterminación y la elección del tipo de educación que se quiere para los hijos. La aceptación de una minoría y su estilo de vida no debe ser impuesta bajo la premisa de una supuesta “discriminación”.