Una lamentable vergüenza, y el municipio en decadencia, esa es la única interpretación que se le puede dar al estudio sobre las aguas de la ciudad capital, que en un 80 % porciento resultan estar contaminadas por materia fecal y un 70 % se vierte a los acuíferos sin tratamiento.
Una lamentable vergüenza para el país que lleva por capital a la primera ciudad del nuevo mundo, un notable bochorno para Santo Domingo, Distrito Nacional. Los resultados del estudio en cuestión arrojan datos atroces, el 80 % de las aguas de Santo Domingo están contaminadas por materia biodegradable proveniente de la síntesis de los alimentos, todo por un asunto de ausencia de planificación del Estado y el municipio, todo por unas instituciones débiles y una crisis de representatividad de todos los partidos que engloban el sistema político.
Estamos en presencia de una ciudad que ha crecido sin control, que ha crecido en ausencia de un plan urbanístico básico, y que carece de plantas de tratamiento de aguas, drenaje pluvial, idóneas infraestructuras de transporte, en síntesis, impera el caos y la ausencia absoluta de regulación.
De manera inmerecida somos uno de los países con una de las economías más grandes del centro y del sur de América, algo incompresible para los datos que arroja este estudio, y contraproducente con el hecho de que las pequeñas islas del Caribe tienen mayor nivel de orden en cuanto a la gestión, tratamiento, destino final de los desechos y manejo de aguas residuales.
Siendo este tema una competencia del municipio, implica que el mismo asuma la gestión, tratamiento, y destino final de los desechos sólidos y aguas residuales desde una óptica empresarial y ambientalmente amigable, a través de un régimen de concesiones que le permita al empresario recuperar la inversión efectuada y generar las utilidades proyectadas, pues la gestión de los desechos sólidos y las aguas residuales constituyen un negocio lucrativo en cualquier parte del mundo.
Resulta rotundamente inadmisible el clásico argumento de los municipios y en especial del Distrito Nacional, consistente en establecer que precisan de mayores transferencias de recursos del Poder Ejecutivo para poder llevar a cabo de manera eficiente las actividades de gestión, tratamiento y destino final de los desechos sólidos y aguas residuales, pues en una de las economías más grandes del centro y sur de América no es difícil encontrar empresarios locales e internacionales con capacidad económica para invertir en un proyecto de esta índole bajo un esquema de concesiones.
Sin lugar a dudas, el Municipio y sus autoridades deben involucrarse en sus competencias exclusivas y coordinadas, para evitar que sigamos teniendo este grave foco de contaminación ambiental que afecta a nuestras ciudades. Tales competencias del municipio son expresas, y a continuación las citamos: a) Gestión del suelo (artículo 19, letra d de la ley 176/07) b) Protección de la higiene y la salubridad pública para garantizar el saneamiento ambiental (artículo 19, letra f de la ley 176/07) c) Promoción, fomento y desarrollo económico local (artículo 19, letra o de la ley 176/07) d) Coordinación de la provisión de los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales (artículo 19 párrafo, I, letra e) Gestión de las aguas (ver el artículo 179 de la ley 176/07) f) Recolección, tratamiento y disposición final de los desechos (ver artículo 20, letra a de la ley 176/07).
En virtud de todo lo expuesto, las autoridades del Distrito Nacional y los municipios deben iniciar una gran cumbre convocando a toda nuestra dirigencia política y empresarial para planificar la construcción de las infraestructuras necesarias para evitar que las aguas residuales se sigan vertiendo de manera indiscriminada en nuestro medios acuáticos y al mismo tiempo iniciar un plan de descontaminación de nuestros suelos, aguas subterráneas, ríos, lagos, lagunas, riachuelos y mares para de esta forma lograr un verdadero desarrollo sostenible.