Situarme en la polémica sobre la aceptación o no de la cacería controlada en República Dominicana es introducirme en un viejo debate entre los/as ecologistas, el Ministerio de Medio Ambiente y los cazadores. En muchas partes del mundo estos últimos financian proyectos para proteger las especies silvestres y buscan que las leyes sean menos severas y les permitan su coste de caza. Pero en el país, todo lo contrario, la irresponsabilidad y el abuso, dominan el escenario. Los destructores de la fauna silvestre hacen lo que les da en gana: compran, cazan y venden las especies delante de las narices de las instituciones reguladoras.
Ya es harto sabido por todos y todas sobre el idilio permanente entre los cazadores, mercaderes de la fauna y las autoridades. Nadie dice nada y las regulaciones si es que son aplicadas a estos infractores de la ley son mínimas, multas irrisorias, las cuales muchas veces no son pagadas por el compadreo y ´amiguismo´ de estos delincuentes ambientales con las autoridades locales. El ministerio ambiental expresa que no posee los recursos económicos, ni suficiente personal para enfrentar el problema y defender debidamente la fauna silvestre del país.
En la mayoría de los casos que se reportan, no hay seguimiento y son reprochables los comportamientos de las autoridades ambientales en torno a las acciones contra los cazadores, ya por ser militares o civiles con poder político.
En el país no existen estadísticas que refieran sobre esta memoria de sangre y destrucción de la fauna silvestre dominicana. Por tal razón no tienen historia, ni acciones de carácter político para detener el desastre. No tengo conocimiento del número de cazadores legalizados, cifras de las especies cazadas, ni de los casos que han sido sometidos a la justicia. No hay estadísticas disponibles. Predomina el desinterés y la desvergüenza en la gestión de estos supuestos recursos a proteger. Por ello me pregunto cómo es posible que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales haya justificado, emitido y apoyado la resolución No.11-2011 sobre normativas y cazas, que permite la cacería controlada en plantaciones de sorgo, arrozales y de maíz, los fines de semanas y días feriados. Dónde están los estudios, las concertaciones y discusiones públicas sobre esta problemática.
¿Quién controla a los cazadores legales, los fines de semanas? no puedo creer que los cazadores dominicanos solo cazarán las aves que supuestamente son perjudiciales a la agricultura. Acaso no saben las autoridades que en el país, las leyes no importan para estos delincuentes orgullosos de su trofeo de caza. La gestión ambiental es política, sino hay seguimiento, ni medidas claras y acciones concretas, la sangre correrá y habrán más aves muertas y otras especies, también serán alcanzadas por la mira de las escopetas.
En la resolución No.11-2011 sobre normativas y cazas se prohíbe toda actividad que conduzca a la captura, muerte, hostigamiento, mutilación o apresamiento de animales de la fauna silvestre, así como la recolección de huevos, nidos y sus derivados en todo el territorio nacional. Hermosas palabras que se atrapan en el papel, pero que no se cumplen.
Solo basta una mirada. Y sin prejuicio de clases u hostigamiento ideológico nos damos cuenta que al salir a la carretera y mirar a ambos lados vemos como la fauna silvestre no tiene doliente, la venta de cotorras, culebras vivas o muertas, tortugas, iguanas, entre otras es el pan de cada día en las carreteras del sur, el este o norte del país. Esto es escandaloso y alarmante, sin embargo los mercaderes y cazadores siguen ocultando sus historias de sangre, las cuales jamás serán contabilizadas, ni relatadas a nadie.
No es posible que todavía sigan creyendo las autoridades ambientales que los cazadores con carnet y porte de armas legales van a respetar la ley, porque así lo dice el Ministerio. Está claro que detrás de esta práctica hay un manejo tradicional de los recursos silvestres, pues lo público no se respeta, pertenece al Estado ese que gestiona a su antojo los recursos y lo vende al mejor postor.
Esto no es nuevo en la historia del manejo de los recursos naturales. Entienden los cazadores que lo público no les pertenece, es una propiedad del Estado y este favorece siempre a particulares. Hay una resistencia de los diversos grupos de actores que manejan los recursos silvestres frente al Estado y esto no ha sido claramente estudiado, ni comprendido por las autoridades ambientales. Los recursos silvestres están conflictos con los actores que manejan esos recursos.
La ética que predomina entre los cazadores es la apropiación de "lo público" (fauna silvestre) y como no está debidamente protegido, el esquema es la apropiación libre, lo que conlleva a la ruina definitiva de las especies. En el mundo campesino, la fauna silvestre es de Dios. Esta percepción de lo transcendente es predatoria, pues si fue creado por éste ser superior, es para uso y manejo de lo humano. En todo caso, consideran que Dios no va a permitir que la fauna silvestre desaparezca definitivamente, aunque su manejo no sea el adecuado.
En caso de pertenecer al Estado es factible para los campesinos usar el recurso. Y por igual van a utilizarlo siguiendo las pautas tradicionales, las cuales no favorecen la conservación de los recursos naturales, por la expansión de las fronteras agropecuarias. El factor tiempo y oportunidad influye para la explotación de dicha fauna.
Hoy necesitamos y exigimos que se hagan estudios, diálogos abiertos, concertaciones con las comunidades y los cazadores, en fin reglas claras para dirimir conflictos que permitan escuchar las voces de los diferentes interesados, a fin de evitar la desaparición de la fauna silvestre. Lamento decir a las autoridades ambientales que una resolución reglamentando la normativa de "la cacería controlada" no detendrá el derrame de sangre.