Cada cuatro años en nuestro país se celebran elecciones para escoger a personas que presidan la Presidencia de la República, Alcaldías municipales, regidurías, diputaciones y senadurías de los distintos municipios y provincias. El proceso electoral se desarrolla con campañas de los distintos partidos políticos que promueven las candidaturas a los distintos puestos señalados.

Las campañas y el proceso electoral han mantenido a través de varias décadas una constante en su desarrollo y en la interacción social, la violencia.

La violencia que se exhibe en nuestros procesos electorales en vez de disminuir (porque se supone que estamos “modernizándonos” y “sofisticándonos”) por el contrario aumenta. Esta baña la vida social con el uso permanente de expresiones y manifestaciones de violencia verbal, acoso, burla, humillaciones que se transmiten y se difunden a través de las redes sociales hacia candidatos y candidatas, o hacia personas que presiden los puestos en cuestión.

El acoso, las burlas y humillaciones en las redes sociales se difunden con facilidad y se convierten en virales. No se toma en cuenta que estas son manifestaciones de violencia psicológica y verbal que se legitiman en el ambiente electoral y pasan desapercibida como simple “relajo” como toda expresión de bullying existente y que por supuesto establece una victimización y reacción en cadena de violencia.

Las relaciones entre candidatos y candidatas y sus seguidores está bañada de pasiones, apego y una cierta afectividad en la que promover las candidaturas se convierte en una pelea parecida a la pelea de gallos o a una riña.

La rivalización de las candidaturas y de los partidos ha generado este ambiente de violencia, maltrato y conflictividad social que se vive en el proceso electoral, tanto en la campaña como en los momentos de votaciones. Esta es impulsada por candidatos y candidatas, así como por los medios de comunicación y las redes sociales. En vez de promoverse propuestas, procesos, acciones, se personaliza el proceso electoral y se apela a aplastar al contrincante con el uso de términos despectivos y ofensivos, así como a discutir y pelear a golpes en su defensa.

Esta rivalización es parte de la masculinidad hegemónica predominante en nuestra cultura social. Su presencia indica el rol que tienen los partidos políticos en el reforzamiento de la masculinidad violenta y hostil en permanente antagonismo entre hombres, elemento que aparece en el estudio sobre Masculinidades y Violencia de género que realizamos para Profamilia (2019).

La violencia afecta no solo la convivencia social en las comunidades y barrios sino también a las relaciones familiares, amistad, pareja y laborales. El ambiente de tensión y rivalidad genera discusiones, riñas, enemistades por la actividad político-partidaria que está lejos de aportar al bienestar colectivo y familiar, es una gran lucha de poder donde sus beneficiarios son un grupo exclusivo-elite que no sufre la violencia que generan.

Se prohíben las bebidas alcohólicas antes y durante las elecciones, pero no se desarma a la población. Las armas de fuego no deben supuestamente entrar a los colegios electorales, pero si se mantienen y se exhiben en el entorno de los colegios electorales, y las militancias político- partidarias escenifican trifulcas y riñas continuas, que no son controladas por su dirigencia, por el contrario, se exacerba en sus discursos y su accionar.

La permisividad que se ha mantenido en nuestro país hacia el uso de las armas de fuegos y su exhibición está agudizando el clima de violencia social que vivimos y afectando la armonía social. La violencia es el reflejo de las debilidades institucionales y estructurales que tienen nuestros partidos políticos y nuestro sistema electoral.

La lucha de poder intra e interpartidaria se ha convertido en una guerra a muerte. El ejercicio de poder vertical bañado de corrupción e impunidad en las estructuras político-partidarias nacionales y sobre todo locales, municipales y provinciales genera estos enfrentamientos y conflictos.

Los partidos políticos en sus dirigencias deben ofrecer un cambio en sus discursos, sus prácticas y manejo de las campañas. Tienen la estructura y los recursos para invertir en educación ciudadana, promover las candidaturas no desde la personalización sino desde la praxis y las propuestas, fomentar unas relaciones entre ciudadanos y ciudadanas independientemente de su simpatía-militancia político-partidaria armónicas y de respeto. El aprendizaje del respeto a las diferencias político-partidarias es un paso importante para ir logrando una sociedad democrática sostenida en la armonía y la cultura de paz.