CIUDAD DE MÉXICO – El 20 de marzo, la Organización de Estados Americanos celebrará una Asamblea General especial para designar secretario general. Aunque compiten tres candidatos, solamente dos tienen posibilidades reales: el uruguayo Luis Almagro, actual ocupante del cargo, y la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es una de las elecciones más importantes en los 72 años de historia de la OEA.
Durante ese período, la OEA llegó a cumplir un papel fundamental en América Latina, que incluyó el seguimiento de elecciones, la defensa de los derechos humanos y el aislamiento de regímenes autoritarios. Por ejemplo, los observadores electorales del organismo cuestionaron desde el primer momento la validez de la elección presidencial del año pasado en Bolivia, y el grupo auditor internacional que encabezaban determinó finalmente que el proceso había sido muy manipulado. Este hallazgo fue en gran medida lo que llevó a la salida del poder del presidente Evo Morales. La OEA supo manejar bien esta complicada situación, y supervisará una nueva elección presidencial en mayo.
Además, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA investiga abusos, dicta medidas cautelares y condena a los estados miembros responsables de violaciones. De hecho, la permanente crítica de la organización es una de las razones del creciente aislamiento de la dictadura del presidente venezolano Nicolás Maduro. La OEA tuvo un papel similar en la denuncia de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, y en el caso de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (México) en 2014.
El secretario general Almagro cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de las democracias de la región. Aunque fue ministro de asuntos exteriores en la coalición izquierdista del Frente Amplio que gobernó Uruguay por quince años, obtuvo el apoyo de los Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay (a los que se suma la mayoría de los países centroamericanos). Sus defensores coinciden en mencionar su importante actuación en lo referido a aislar al régimen venezolano, defender el sistema interamericano de derechos humanos y resistir intentos actuales de captura de la institución por parte de otros países.
Espinosa, en tanto, tiene el apoyo de México y de un pequeño grupo de países caribeños (sobre todo San Vicente y las Granadinas, y Antigua y Barbuda) que reciben ayuda financiera de Venezuela y tienen afinidad con Cuba. En cuanto al nuevo gobierno de izquierda en Argentina, encabezado por el presidente Alberto Fernández, su primera intención era respaldar decididamente a Espinosa, pero luego desistió de hacerlo (tal vez debido a presiones de Estados Unidos). A esto se suma que Espinosa no tiene apoyo de su propio gobierno en Quito. La razón es obvia: si bien cumplió funciones con el actual presidente ecuatoriano Lenín Moreno, su principal actuación antes de eso fue como ministra de defensa y asuntos exteriores del exautócrata Rafael Correa.
Por supuesto que Espinosa tiene el apoyo de Cuba, pero este país no es miembro de la OEA. Además, la representación de Venezuela dentro de la organización no la tiene el gobierno de Maduro, sino el internacionalmente reconocido presidente interino, Juan Guaidó, que no apoya a Espinosa. Incluso está en duda el voto de Nicaragua, pese a los estrechos lazos de su gobierno con Cuba y Venezuela. Y los otros estados que eran de izquierda o «bolivarianos» (Bolivia, Uruguay y El Salvador) viraron a la derecha el año pasado.
En vista de sus vínculos con Correa y el apoyo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, no es desacertado ver en Espinosa a la candidata de la izquierda bolivariana y castrista de América Latina. En varias entrevistas se negó claramente a decir que el régimen de Maduro es una dictadura, y no se la ve muy entusiasmada con seguir denunciando la represión estatal en Nicaragua o los intentos de actores extranjeros de interferir en la inminente elección en Bolivia.
Si Estados Unidos y otros miembros de la OEA con ideas similares hacen los deberes y convencen a tres o cuatro países caribeños para que voten por Almagro, la facción bolivariana perderá. Almagro tiene comprometidos públicamente 17 de los 18 votos que necesita. Pero en la OEA es tradicional que en la votación, que es secreta, los embajadores in situ actúen por cuenta propia, en particular porque muchos de ellos tienen poca comunicación con sus respectivas capitales insulares.
Además, existe la posibilidad de que a último momento Cuba ejerza influencia en forma encubierta, apelando al importante papel de su personal médico y de inteligencia en muchas de las islas. Asimismo, Venezuela lleva más de diez años proveyendo a estas islas petróleo a precios muy subsidiados. Y como parte de su activa promoción de la candidatura de Espinosa, México está tratando de que el Caribe vote en bloque, como si fuera un grupo separado dentro de la OEA.
Pero a diferencia de ocasiones anteriores, el gobierno de Estados Unidos parece estar más atento a la OEA. Designó a Carlos Trujillo, su representante permanente ante la organización, como enviado especial del presidente Donald Trump para la inminente elección. Trujillo está visitando las capitales del hemisferio con la esperanza de conseguir votos suficientes para Almagro, especialmente en el Caribe.
En circunstancias normales, este esfuerzo, sumado al creciente aislamiento de las fuerzas bolivarianas de la región, debería bastar. Pero en América Latina, nunca hay que cantar victoria antes de tiempo. Existe un riesgo real de que los partidarios de Almagro estén demasiado confiados, o de que subestimen la habilidad de Cuba para orientar a sus aliados en la dirección «correcta».
Es necesario reducir al mínimo ese riesgo. Estos años la OEA ha sido una fuerza crítica muy activa y eficaz en el combate a los gobiernos autoritarios y a las violaciones de los derechos humanos en América Latina, y es muy importante mantener esa postura. Pero sólo será posible si el 20 de marzo el organismo reelige a Almagro.