En los años que tengo de vida, nunca había llegado el momento de aceptar que los dominicanos que trabajamos honradamente hemos perdido el país.
Hoy, definitivamente puedo afirmar que así es, que la corrupción nos ha robado la media isla.
Esta afirmación surge desde la impotencia y la desprotección que como dominicana siento, ante los que avalados en su “buena fe” han llevado al Presidente Danilo medina a nombrar mediante el decreto 713, al Consultor Jurídico Cesar Pina Toribio, para que firme un acuerdo con las personas que ostentan unos títulos fraudulentos y que deberían someter a la justicia a quienes les vendieron tierras que eran robadas, y no pretender que les regalemos nuestra bahía de las Águilas.
Acuerdos que deberán llevarse a cabo entre el estado y estas personas que poseen “derechos registrados” sobre unas tierras, que nos pertenecen a todos los que nacimos en un país en el mundo enclavado en el mismo trayecto de un sol que no nos ilumina más, porque la sombra de la codicia atenta contra el patrimonio de nuestras futuras generaciones.
El Presidente Danilo Medina sabe, y digo sabe porque todos fuimos testigos de las pesquisas que en su momento realizó la Procuraduría General de la República Dominicana, a quienes se adueñaron de unos terrenos que no les pertenecían, en la gestión de Jaime Rodríguez Guzmán como director del IAD ( Instituto Agrario Dominicano), funcionario que incluso fue enviado a prisión por estos actos de corrupción.
En ese entonces, este mal dominicano y otros involucrados, tomaron cédulas de empleados de esa institución y de otras personas sin sus consentimientos y en ventas irregulares posteriores, se traspasaron a sus nombres los 10 kilómetros de hermosas playas valorados en miles de millones de pesos.
Estos títulos fueron requeridos por el entonces Procurador Abel García del Orbe, sin que en algunos casos fueran devueltos y peor aún vendidos estos terrenos a terceros, quienes hoy alegan que compraron legalmente.
Quisiera ponerme en los zapatos del Presidente Medina por unos minutos, solo para entender este decreto que abala la ilegalidad, en perjuicio de todos los dominicanos que el representa como máxima autoridad y a quienes les pidió no tirar piedras hacia el pasado.
Es obvio que cuando dijo entender a los jóvenes que desconfiaban de los gobiernos, realmente no entendía, es obvio que es imposible soltar las piedras, porque la corrupción no se conjuga en pasado para los dominicanos, porque a un pueblo sin bahía de las Águilas no se le puede pedir que vuele hacia un futuro que no existe.