Durante las primeras semanas del mes de diciembre del año pasado, el Presidente de la República estuvo encabezando las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura para escoger a los jueces de las llamadas "Altas Cortes". Así fueron seleccionados los miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), del Tribunal Superior Electoral (TSE) y los del Tribunal Constitucional (TC).

Estas cortes, unidas a los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, conforman el entramado institucional del Estado democrático. La legislación, la justicia y el gobierno del país, están representados en estos poderes, a los cuales puede agregarse el tribunal electoral y los gobiernos municipales.

La igualdad de oportunidades en un sistema ideal, permite que las diversas fuerzas políticas intervengan en la conformación estas instituciones y tribunales, ya sea formando el organismo seleccionador de los jueces o como componentes de los tribunales. Sin embargo, el sistema permite que un partido tenga la hegemonía en cada una de estas instancias y poderes. Cuando esto sucede, se asumen riesgos inevitables para la democracia en su forma ideal. Entre estos inconvenientes se encuentran la dictadura de un partido, la personalización del gobierno y el imperio de toda forma de corrupción en los gobernantes. Esto abre las puertas al establecimiento de un peligroso régimen perverso y absolutista, aunque sustentado en instituciones con bases democráticas.

Algo similar fue lo que instauró Rafael Leónidas Trujillo de 1930 al 1961, cuando estuvo dirigiendo al país a través del control absoluto de todos los poderes del Estado. En la selección de todos sus componentes, el tirano tenía siempre la última palabra. En la actualidad, a medio siglo de la desaparición de aquella cruenta dictadura, surge en nuestro país un gobierno donde no se reprimen las libertades públicas, ni se persiguen opositores, pero con análogas características, especialmente, porque todos los poderes son controlados por un solo hombre. Leonel Fernández Reina.

Como Presidente de la República, Leonel Fernández, preside el Consejo Nacional de la Magistratura. Este Consejo es responsable de la selección de los Jueces de todos los tribunales, incluidos los miembros de las llamadas Altas Cortes (SCJ, TSE y TC). Los miembros de la Junta Central Electoral son seleccionados por el Senado de la República, pero en esa escogencia también tiene un papel decisivo el Presidente de la Republica ya que, además, es presidente del Partido oficial, el cual controla la Cámara senatorial.

La degeneración moral de los representantes y servidores públicos a toda forma de corrupción, es el producto pernicioso de la embriaguez de un poder mal entendido y peor ejercido. Este estado de depravación de los gobernantes, parece un resultado obligado de la concentración del poder en un solo hombre, un partido o un grupo de individuos vulnerables y ambiciosos.

El PLD consiguió control total del Senado y la supremacía abrumadora en la Cámara de Diputados en las elecciones del 2010, sin atribuir únicamente esta situación favorable al empleo de los recursos del Estado en una campaña desigual que favorecía a los candidatos oficiales, hay que reconocer que esta situación es perfectamente posible en el esquema democrático. Cuando esto sucede, se espera que la fuerza política favorecida maneje el poder en forma equitativa, entendiendo que se gobierna para todos y no para un grupo o un partido y menos, para servirse del Estado en perjuicio de las grandes mayorías. En esto ha caído el PLD gobernante y preocupa la ambición de sus dirigentes por lograr un control total del Estado, incluso, controlando instancias que deben actuar con independencia absoluta como lo son la justicia y el tribunal electoral.

Los miembros de las nuevas cortes, son todos reconocidos profesionales del derecho, llamados por tal razón a realizar un eficiente desempeño en las responsabilidades asignadas. Sería injusto hacer un juicio anticipado sobre un desempeño que responda al compromiso político de muchos de ellos. Sus principales responsables han dado garantías de actuar con "total independencia" en las decisiones que deberán tomar en sus respectivas funciones. Sin embargo, las tareas que han desempeñado, por su naturaleza, no se pueden tomar como referentes para un ejercicio independiente en las nuevas funciones, por el contrario, José Ml. Hernández Peguero, por ejemplo, cuando estuvo a cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional, no demostró imparcialidad en la persecución a la corrupción. ¿Qué se puede esperar ahora? Los  vínculos partidarios o compromisarios con el presidente de la República, obligan a poner la vista en algunos de estos jueces con justa suspicacia.

El Magistrado Mariano Germán Presidente de la SCJ, es un miembro prominente del PLD, hermano de Alejandrina Germán, otro cuadro importante de ese partido. Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, aunque procede del PRD, ha estado desempeñando importantes encomiendas del Presidente de la República, especialmente, fue de los comisionados que redactaron la última Constitución que tanto poder le otorgó al mandatario. José Ml. Hernández Peguero y Mabel Félix son cuadros peledeístas insertados en el TSE, llamados a contaminar la imparcialidad que se le puede reconocer a Mariano Rodríguez, su Presidente. El Presidente de la Junta Central Electoral también es un alto dirigente del PLD con estrecha amistad con el candidato oficial y su independencia está siendo cuestionada con el impase en el Centro de Cómputos del organismo que dirige.

Cada tribunal tiene un componente mayoritario de dirigentes peledeístas o gente de otros partidos que, con muy pocas excepciones, debe el favor de la designación u otras atenciones al Presidente de la República. Ante una decisión colegiada en una situación crucial, las esperanzas estarían cifradas en jueces como Esther Agelán Casasnovas, Juan Hirohito Reyes, Gómez Bergés y otros pocos de reconocida trayectoria, pero distribuidos minoritariamente en los tribunales. De ellos se espera que no sean fácilmente abrumados por la mayoría comprometida con la dirección del PLD.

¿Por qué el Consejo Nacional de la Magistratura, abrumadoramente dirigido por el PLD, seleccionó altos dirigentes de ese partido para la presidencia o composición mayoritaria de estos tribunales? ¿Por qué era necesario hacerlo así si tenemos tantas personalidades no comprometidas con ningún partido y pudieron ser designadas en estas funciones donde se requiere tanta independencia?

Necesariamente hay que tener reservas sobre lo que se espera de estos hombres tan comprometidos con el poder establecido. Habrá que ver cuáles serían sus decisiones ante una crisis electoral, un proceso judicial que implique condenar a un funcionario corrupto de su mismo partido o una decisión sobre la constitucionalidad de una Ley o decisión presidencial.