El Presidente Medina hizo lo que nunca se había hecho al observar los artículos del Código Penal sobre el aborto. Su propuesta pretende inscribir al país en la corriente mundial que garantiza la integridad y el derecho de la mujer, permitiéndole decidir si desea continuar un embarazo en los casos de violación, de incesto y cuando el feto ponga en peligro su propia vida.
Esta decisión es muy valiente ya que era previsible una reacción abierta y desafiante, de las iglesias y grupos religiosos que condenan el aborto, sin importar las circunstancias ni las consecuencias. Pero, en cambio, cuenta con el apoyo de decenas de ONG, del Colegio Médico Dominicano y de cientos de entidades internacionales que defienden los derechos de la mujer.
Reputados especialistas señalan “circunstancias fatales y dolorosas” como las cardiopatías severas, las nefropatías, los casos de fetos carentes de cerebros y otras malformaciones, que merecen un tratamiento especial, donde la interrupción del embarazo constituye la mejor opción para la madre, el feto y la sociedad, como han decidido la gran mayoría de los países.
Las ONG y los médicos defienden la medida señalando que el aborto es un fracaso, que genera frustración, por lo que ninguna mujer lo desea. Su penalización castiga en mayor grado a las mujeres pobres, quienes en casos extremos, se ven obligadas a realizar abortos clandestinos sin la debida higiene y seguridad, lo que explica que ésta sea la cuarta causa de mortalidad materna del país.
La otra campana la representan los grupos religiosos que reclaman “Si a la vida” y “Déjenlo nacer”, desconociendo los casos especiales señalados por la ciencia médica. Esta posición cerrada resulta dogmática ya que desconoce el derecho de la mujer, reduciéndola a una simple función reproductora, por encima de su integridad y dignidad. ¿Por qué se le niegan derechos y opciones a la mujer siendo el centro del problema?
¿Para qué dejar crecer un feto con malformaciones incompatibles con la vida? ¿Cómo afecta la vida de los demás hijos y del hogar, si una madre fallece a causa de un embarazo mortal? ¿Por qué obligar a la mujer y a su cónyuge a cargar de por vida con el trauma de una violación o incesto? ¿Por qué premiar al violador y condenar a la víctima?
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS considera que la posición de “Si a la vida” y “Déjenlo nacer” resulta incoherente e incompleta, ya que el “derecho a la vida” no se limita al nacimiento. El verdadero derecho a la vida requiere de su defensa permanente en todas las etapas de la existencia. Implica un reclamo consecuente por la equidad, igualdad, solidaridad y protección social.
Llama la atención que cuando se trata del aborto los grupos religiosos no sólo asumen la defensa militante e intransigente, sino además, movilizan a sus seguidores, mientras permanecen pasivos frente a temas tan importantes para la vida como el derecho a la salud y a la protección social. El “sí a la vida” constituye una consigna hueca cuando no se defiende con el mismo vigor el derecho de todos los dominicanos a la seguridad social.
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS apoya la valiente decisión del Presidente Danilo Medina por considerar que la misma reivindica el derecho y la dignidad de la mujer y de la familia. Además, porque se corresponde con las recomendaciones de la ciencia médica, y coloca al país a la par de la gran mayoría de las naciones que libremente han decidido despenalizar el aborto en los tres casos señalados.