La sociedad dominicana se encuentra en una crisis estructural, profundizada por los niveles de corrupción e impunidad, convirtiéndose en un obstáculo para el buen uso del patrimonio público y para la garantía de los derechos fundamentales de la población, para democratizar la democracia y para construir un Estado Social y Democrático de Derecho.
La amplia articulación social y política que se movilizo en la Marcha Contra la Impunidad, nos llenó de esperanza, optimismos y reafirmamos que esta vez sí el pueblo vencerá a los corruptos con la movilización permanente en cada municipio, provincia o barrio de nuestro país.
Los ciudadanos/as deben asumir con ahínco la lucha contra la impunidad utilizando en cada acción organizada desde lo local a lo nacional, como identidad y símbolo de esperanza el color verde con la libertar, creatividad que caracteriza nuestras luchas esperanza y anhelos.
Las organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas en el movimiento social de fin a la impunidad, consciente de la situación profunda de corrupción, impunidad y complicidades de un entramado delictivo público y privado para drenar el erario público, esperan todas las medidas necesarias para que no reine la impunidad en RD.
Todos los dominicanos y dominicanas deben participar en las calle vestidos de verde esperanza, hasta que todos los funcionarios que desde el 2001 a la fecha recibieron sobornos de Odebrecht o participaron en las sobrevaluaciones de obra, para que vayan a la Justicia y se sancione de forma ejemplar sus actos delictivos.
No obstante, la ciudadanía desconfía y comprende que la “institucionalidad” instalada en el país, en los órganos de control, en el Ministerio Publico con un Procurador General de la República, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con una clara dependencia partidaria que le impide investigar un caso que tiene como sospecho figuras importante de su propia organización.
Por cuanto, el Presidente Danilo Medina debe en un breve plazo iniciar los procedimientos de solicitud a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la instalación en el país de una Comisión Internacional contra la Impunidad, para apoyar la prevención y persecución de la corrupción en la República Dominicana, iniciando con el caso Odebrecht, como uno medio de profundizar las investigaciones y avanzar en sanciones toque las estructuras políticas y económicas corrompida.
La Comisión Internacional contra la Impunidad de RD, no competirá, ni sustituirá al Ministerio Público, más bien acompañará a los fiscales especiales que se deben designar para tales fines, fortaleciendo su misión de perseguir la corrupción y reducir la impunidad.
La República Dominicana continúa apareciendo entre los países con altos niveles de corrupción con 31 puntos de 100 y este año ocupa el lugar 120 de 176 países, los países con puntuaciones inferiores del índice se caracterizan por la impunidad generalizada, instituciones capturada por la delincuencia política o ausencia de la división de los poderes públicos, ese contexto social, político e institucional, obliga a la constitución de una misión internacional anticorrupción, para apoyar la persecución de la corrupción en el país.
La captura del Estado, la penetración de la delincuencia política, nos conducen a pensar en una instancia supra nacional para hacer frente al fenómeno y reducir los niveles estructurales y sistémicos de la corrupción, impunidad y el escaso acceso a la justicia.
El precario desempeño del Ministerio Público en la persecución de la corrupción, es la muestra más clara de la necesidad de fortalecer estas instancias, para dotarlas de las capacidad, independencia, entereza e integridad, para de esa forma poder desentrañar las redes de la corrupción y el crimen que han penetrado todas las estructuras del Estado, dificultando la persecución del hurto de los fondos públicos, profundizando la impunidad, la complicidad y la solidaridad entre corruptos.
La Comisión Internacional contra la Impunidad, funcionaría como un órgano independiente para apoyar al Ministerio Público, busca trabajar de la mano en un ambiente de cooperación, constituyéndose en procesos judiciales como querellante, aportando recursos técnicos al Ministerio Público para investigar, procesar y enjuiciar con robustas acusaciones en los casos complejos de corrupción pública-privada.
La experiencia de una instancia de esta naturaleza fue probada en Guatemala e indica claramente su operatividad y los resultados que se pueden obtener en el desmembramiento de las redes de la corrupción y crimen, en el caso de la República Dominicana esta instancia puede contribuir con importantes investigaciones, de casos de corrupción, identificando las estructuras criminales al interior de los órganos del Estado, promoviendo la persecución penal de los imputados.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en la República Dominicana, puede priorizar para las investigaciones casos de persecución de la corrupción pública-privada, el financiamiento de los partidos políticos por multinacionales o por el narcotráfico, la corrupción judicial y policial o el lavado de activos en las estructuras del Estado y los contratos con empresas nacionales e internacionales como el caso Odebrecht.
En la República Dominicana, tenemos condiciones para la instalación de una Misión Internacional Contra la Corrupción, está claro el rol que puede desempeñar una instancia de esta naturaleza para generar mayor movilización y conciencia de la ciudadanía, para lograr desnudar el funcionamiento de las redes de la corrupción y el crimen al interior del Estado y de los propios entes obligados a su persecución.