Hay que apoyar el decreto 22- 21 del presidente Luis Abinader, mediante el cual decide un proceso para recuperar fondos y bienes públicos que hayan sido sustraídos al Estado.
Destaca en este decreto que se trata de una decisión no selectiva, sino que apunta a todos aquellos y aquellas que hayan incurrido en esa práctica.
Es ejemplarizante, quizás sin precedente. La más parecida fue la adoptada por el profesor Juan Bosch cuando fue presidente de la República(1962-63) y en rueda de prensa destituyó a uno de sus más cercanos funcionarios, estando este presente en dicha actividad, por incurrir en actos de corrupción.
La decisión del presidente Luis Abinader puede tener efectos disuasivos en los funcionarios de su propio gobierno, que viendo la determinación de su jefe frente a la corrupción, tendrían que pensar muy bien cada paso que den en el manejo de los bienes y recursos públicos que se pongan bajo su administración.
El presidente Luis Abinader ha dicho que tiene la determinación de hacer bien todas las cosas públicas que son de su incumbencia; pero que si hay algo en lo que no puede fallar, es en el combate y la prevención a la corrupción.
Esa voluntad merece el apoyo de las fuerzas sociales movilizadas, porque hay que decirlo muchas veces, y tanto como se pueda: la lucha contra y para prevenir la corrupción, es moral, democrática y por el desarrollo.
Porque la corrupción y la impunidad han hecho daño a la moral colectiva, dado que al no ser castigadas, y permitir que mucha gente haga ostentación de riquezas malhabidas, contagia la práctica en la sociedad de que se puede hacer lo mismo sin el riesgo de recibir condena.
Porque la corrupción y la impunidad han hecho daño al proceso democrático, en tanto han desacreditado las instituciones que, ni la impiden ni la condenan; y sin instituciones creíbles no puede haber democracia real.
Porque la corrupción y la impunidad han hecho daño al desarrollo, dado que han desviado recursos públicos hacia bolsillos particulares, cuando pudieron ser dedicados a educación, salud, seguridad social, empleos, entre otros.
De manera, que el decreto 22- 21 del presidente es oportuno, y debe ser apoyado.