“La democracia es dinámica, el despotismo es estático y siempre igual a sí mismo” Norberto Bobbio.
Desde la fundación de la República la clase política y las élites empresariales han erosionado la institucionalidad del Estado dominicano. La principal frontera de esta erosión ha sido la falta de separación de los intereses individuales o grupales con los intereses colectivos y de nación ¿Cuál ha sido el resultado de esta anemia institucional? La generación de un círculo vicioso entre pobreza institucional y pobreza social y económica, esto es a mayor pobreza menor institucionalidad y a menor institucionalidad mayor pobreza.
Se trata de una frágil institucionalidad que ha frenado las potencialidades de nuestro país e impedido alcanzar un desarrollo social y económico redistributivo y garante de derechos. Lo paradójico de este círculo vicioso es que sólo se rompe por la vía político-institucional.
Hoy se combinan varios factores que podrían ser una oportunidad para romper ese círculo vicioso: la presencia de una nueva gestión gubernamental; una coyuntura crítica desequilibrante generada por la pandemia del COVID-19 y las expectativas extendidas en la sociedad de apoyar todas aquellas iniciativas encaminadas a transformar la base institucional obsoleta y corrompida del Estado dominicano.
La recién inaugurada gestión de gobierno liderada por el Partido Revolucionario Moderno se ha comprometido con abrir las puertas de UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD en el Estado dominicano. Podría ser otro tiempo kairos como le llamaban los filósofos griegos. Tiempo para rupturas, para eliminar barreras y abrir nuevas oportunidades para el cambio. Se trata de un camino sinuoso, con muchos recodos, curvas y ondulaciones irregulares y muchas bifurcaciones. Porque la institucionalización de un país necesariamente debe tocar intereses nacionales e internacionales, los cuales no siempre están dispuestos a mirar lo colectivo. Además, se trata de un cambio cultural y los cambios culturales implican sacar de raíz viejas estructuras, mentalidades y maneras de hacer las cosas.
Esta nueva institucionalidad empieza por la construcción de un modelo de Estado más relacional y centrado en el ciudadano y ciudadana. Un Estado cuyas instituciones tengan como norte satisfacer las necesidades y expectativas ciudadanas, de respeto a la dignidad de la persona humana, que garantice derechos basados en los principios de equidad y solidaridad. Un Estado convencido de que el ciudadano y ciudadana tiene derecho a recibir servicios con calidad.
La nueva institucionalidad pasa por la ruptura de la visión patrimonialista del Estado, en la cual los bienes públicos son tratados como propiedad de quienes gobiernan y sus partidos. El patrimonialismo procura manejar y administrar los recursos públicos sin necesidad de rendición de cuentas. Este tipo de relación con el Estado hace que la administración patrimonial de los bienes públicos se convierta en una de las principales fuentes de enriquecimiento, accediendo a la repartición del presupuesto sin control, transparencia ni rendición de cuenta. La ruptura con el patrimonialismo implica la construcción de una nueva ética de gestión de lo público.
El Estado patrimonial es excesivamente burocrático y entra en conflicto con el Estado centrado en el ciudadano. En este modelo se elige a los funcionarios y empleados con criterios basados en relaciones primarias, de compadrazgo, clientelares, afinidades familiares, relaciones serviles y se concibe al partido como una agencia de empleos. En cambio, una nueva institucionalidad requiere de funcionarios y empleados públicos elegidos por competencia, mérito, profesionalidad, compromiso y vocación de servicios.
Una nueva institucionalidad del Estado dominicano pasa necesariamente por superar la fragmentación y desarticulación institucional, reflejada en la falta de coordinación y la duplicación de roles y desperdicio de recursos. Las políticas sociales tienen que manejarse con criterios integrales, por eso es necesario eliminar la presencia de múltiples instituciones haciendo lo mismo, manejando programas y políticas sociales similares. Por tanto, una de las grandes apuestas a la institucionalidad es mejorar la efectividad de la gestión de las políticas sociales para lograr un mayor impacto en la reducción de la pobreza.
La nueva institucionalidad en nuestro país tiene que asegurar los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas, garantizando la inclusión social, combinado con el crecimiento económico, la competitividad en el plano internacional y la consolidación de la democracia. Adicionalmente, es de urgencia una administración pública más eficaz y transparente, que fortalezca la calidad de la gestión y los servicios, una institucionalidad que en lugar de fragmentar la sociedad genere mayor cohesión social y participación ciudadana.
Una gestión pública centrada en la gente, exige un espíritu innovador y creativo, capacidad para posicionarse en escenarios de incertidumbres, volátiles e incesantes cambios. Hablamos de un cambio de cultura que empieza por cambiar la manera de hacer las cosas, pensando más en los resultados que en la inmediatez de la gestión. Una gestión que aprenda a combinar una inteligencia pragmática con un pragmatismo inteligente, que haga de la planificación no sólo una herramienta, sino una cultura.
El sentido de una nueva institucionalidad está en la capacidad del Estado dominicano para construir una sociedad de democracia y bienestar, dos pilares que son garantes para el desarrollo de las personas, la construcción de dignidad, de gobernabilidad y garantía de derechos sociales y políticos.
La construcción de un estado democrático y de bienestar contribuye a la legitimidad y consolidación de la democracia, lo contrario arrastra consigo una sociedad en conflicto permanente, desestructurada, carente una identidad ciudadana con la gestión pública, socialmente fragmentada y un profundo vacío de gobernabilidad.
Finalmente, una de las grandes transformaciones institucionales del país es devolver a los gobiernos locales el poder para gestionar los municipios. La institucionalidad de lo municipal demanda transferir mayores recursos, capacidades técnicas y de gestión a los ayuntamientos. La descentralización municipal será determinante para disminuir las inequidades geográficas o territoriales existentes en el país. Sin ayuntamientos fuertes no es posible lograr desarrollo equitativo y solidario.