El paquete fiscal tal y como fue planteado por el gobierno tiene efectos recesivos, ya que incrementa las tasas de interés, reduce la inversión y el consumo duradero; profundizando el estado de desempleo y pobreza que afectan a la población dominicana. Amplios sectores de la sociedad rechazan la nueva oferta tributaria que pretende garantizar el ritmo del gasto público sin que la política fiscal mejorelos estándares de calidad del gasto, pero mucho menos hacerlo más eficiente y eficaz.

Los sectores afectados por la nueva reforma tributaria han propuesto cambios que trasladan la carga fiscal hacia otros segmentos de la población y con esto resuelven el impacto negativo que la misma tendría sobre los beneficios de sus negocios.

El sistema financiero propuso a través de la Asociación de Bancos de la República Dominicana (ABA) excluirdel alcance del impuesto propuesto al mantenimiento de depósitos en efectivo por el cumplimiento del encaje legal y por el monto de las inversiones de las organizaciones financieras. La ABA argumentó que era más saludable para el negocio bancario que el 1% sobre los activos se le impusiera a la cartera de crédito.

Con esta propuesta los banqueros impiden que los beneficios sean reducidos para financiar el derroche fiscal; aunque con su propuesta alternativa corren el riesgo de deteriorar su cartera de préstamos, lo que probablemente aumente las provisiones por riesgo  y reduzca sus beneficios.

Los dueños de bancas deportivas, de tragamonedas y de tenedores de viviendas también se mostraron en desacuerdo con las medidas fiscales. De la misma manera la población en general rechaza el aumento de las cargas tributarias cuyo único objetivo es mantener el clientelismo y la acumulación originaria del grupo partidario que se beneficia de la construcción. Un claro ejemplo es el parqueo que se le construyó a la UASD que costó la escandalosa cifra de mil millones de pesos.

Por todo esto, cada sector se esfuerza en buscar alternativas al paquete fiscal. Nadie desea pagar el costo de mantener la política fiscal de un gobierno que despilfarra el dinero público a favor de sus integrantes. Las alternativas propuestas hasta el momento han sido limitadas, pero existen otras posibilidades que analíticamente podrían contemplarse.

En primer lugar, se parte del hecho de que la presente administración carece de credibilidad (Attali, 2010) para emprender una reforma fiscal que garantice equidad en la distribución del ingreso, que eleve de la elasticidad-producto de las recaudaciones fiscales y que reduzca las distorsiones que la tributación produce en los mercados. Le corresponde a otra administración emprender estos cambios fundamentales en la política fiscal.

La irracionalidad de la política fiscal obliga a que se firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que las divisas provenientes de los nuevos préstamos mantengan el crecimiento económico empobrecedor que promueve la administración Fernández. Alrededor de US$3,700 millones ingresarían al país y nuevamente la "estabilidad" regresaría a los primerísimos lugares de la prensa local.

La firma de la nueva carta de intención con el FMI impediría que se repita la contracción que experimentó la economía en el 2008 (3.5%) y en el primer trimestre del 2011, cuando el crecimiento del PIB se contrajo en 3.2% respecto del mismo período del 2010; ya que los préstamos (internos y externos) previstos para este año se postergaron por el incumplimiento del gobierno a los términos del acuerdo Stand-by.

El gobierno debería proponer al FMI el financiamiento del déficit fiscal mediante el uso de otros instrumentos financieros. En este sentido, el Banco Central (BC) mantiene RD$233,000 millones de deuda con el sector privado local e internacional. Mediante la Ley de Capitalización del BC,el gobierno paga los intereses sobre ese stock de dinero que no ha tenido otro fin que el de mantenerse en la bóveda de BC.

Por un lado le genera un costo al gobierno y por el otro, no se pueden utilizar. Si el gobierno necesita RD$19,000 millones para cumplir con el nivel del déficit establecido en el acuerdo con el FMI, estos recursos podrían provenir de los valores en circulación que mantiene el BC. Previo a conversaciones con los tenedores de certificados de depósitos del BC, estos se podrían convertir en bonos del gobierno por un monto similar al del paquete fiscal. El BC le depositaría ese monto al gobierno en la tesorería.

Este traspaso de deuda del BC al Gobierno Central no altera el monto de la deuda del sector público consolidado, cumpliendo con las exigencias de financiamiento del FMI. Asimismo, esta medida no distorsiona el mercado de dinero como lo haría el 1% sobre la cartera de préstamos del sector financiero.

Esto permitiría que los préstamos pendientes de desembolso ingresen a la economía y las autoridadesmanejarían el modelo empobrecedor de estabilidad macroeconómica hasta finales del año 2011.En el 2012 se termina el acuerdo con el FMI y se celebran las elecciones presidenciales; de manera que corresponde al nuevo presidente la responsabilidad de promover una reforma fiscal como la descrita más arriba y evitar que un gobierno sin credibilidad y que ha vulnerado el bienestar de los ciudadanosse le conceda el sacrificio de una población hastiada de las promesas de estabilidad y bienestar social.