La administración del Presidente Danilo Medina parece que, por decirlo de alguna forma, quiere hacer “algo” con la policía y ya se ha elaborado un proyecto de reforma a la ley orgánica que teóricamente rige esa institución y sobre el que se han hecho reformulaciones y afinamientos que ojalá respondan a un auténtico interés de perfeccionarlo y se traduzca en alguna clase de mejoría en cuanto a los servicios correspondientes.
También se están realizando innovaciones de diverso tipo, incluyendo las del “marco” legal, al interior de las fuerzas armadas, cuya cantidad de generales, por solo mencionar uno de los detalles más macarrónicamente ridículos, es tan cuantiosa que los alistados de menor rango no dan abasto para servirles a sus superiores -y a los empresarios a los que están asignados- en todos los oficios y menesteres domésticos o privados que estos demandan.
Desde hace décadas se habla de la urgencia de una reforma policial en búsqueda de eficiencia, transparencia, aportes a la seguridad y garantías del “orden” público, en adherencia a las funciones de auxiliares y ejecutoras de la llamada “justicia” que definen a la institución.
Las fuerzas armadas no han sido tan cuestionadas como la policía, pero la verdad es cuentan con muy similares inconvenientes y lo mejor que puede decirse de ellas es que no se les puede considerar como un peso muerto para el país, porque aunque el Banco Central no ha ofrecido las estadísticas al respecto, es de conocimiento general que su aporte es determinante en renglones de alto dinamismo económico, como el tráfico de personas, armas y drogas, entre otras empresas y servicios parecidos…
Lo relativo al tipo de “orden” que preserva la policía y a los sectores políticos y económicos a los que sirve, igual que las “soberanías” por las que velan los militares, se prestan a múltiples interpretaciones, dependiendo de las improntas desde las que se evalúen, pero no es en modo alguno necesario aspirar a una revolución y ni siquiera a alguna tibia reforma, para percibir la magnitud del estropicio actual. La copiosidad del anecdotario abruma.
Tiempo atrás, un grupo de policías de San Francisco de Macorís, constituidos en turba, asaltaron una celda y liberaron a un policía apresado por homicidio. Una vez, en los años de Hipólito, ni el Jefe de la Policía, ni ninguno de sus subalternos sabía que los vehículos recuperados por el Departamento de Robos había que entregarlos a sus dueños… Tampoco lo sabía La Justicia que los exculpó y es de temer que todavía no se hayan enterado y que los bienes que se incautan a los narcotraficantes, no siempre vayan a las arcas públicas, sino que se queden en manos de los oficiales, que además, en algunos casos, son socios y están involucrados en crímenes y delitos.
Al menos hace unas semanas que deportaron a uno, solicitado por la justicia en Estados Unidos. Los de la Dirección Nacional de Control de Drogas suelen robarse el dinero y las joyas que encuentran durante los operativos.
Hace unos días tuvieron que cancelar a dos coroneles y a otros oficiales -sin que se sepa de los generales salpicados- por la muerte de un ciudadano alemán, de cuya residencia cargaron con prendas y utensilios por valor de más de 60 millones. De hecho, hace varios años que se comenta que la policía de Sosúa regularmente saca de noche a algunos presos para que hagan robos, a fin de repartirse el botín. Tal vez con ese procedimiento unos y otros aspiran a ascender a diputados.
Los intercambios de disparos son una parte atroz del folclor nacional. La Policía asesina a diestra y siniestra, como parte de la estrategia de “limpieza” social adoptada como política de los gobiernos de Leonel Fernández para enfrentar los problemas de la marginalidad. El informe de Amnistía Internacional sobre la brutalidad y los abusos policíacos, vehementemente desmentido por las autoridades, se confirma diariamente con la multitud de vídeos publicados en Youtube donde se ve a los oficiales dando golpizas, “galletas” y asesinando presuntos delincuentes -pobres- y reos desarmados.
Varios de los que han detentado el cargo de “jefe de la policía” son asesinos y criminales, famosos por sus excesos, por sus estilos de mutilaciones, por la cantidad de muertos en su haber, por los casos de reos asesinados bajo su custodia y por sus asociaciones con narcotraficantes.
Muchos asaltos son realizados por policías y policías son, o han sido, los sicarios responsables de diversos asesinatos o atentados.
Sí, hay que hacer “algo” con la policía y con los militares cuyas conductas los inhabilitan para llevar un uniforme y una arma, aunque es un poco difícil, si no es que absurdo, pedirle a cualquiera la integridad, la profesionalidad y la probidad, de la que carece la dirección política y económica del país, por no mencionar el liderazgo religioso, porque a ese hay que sacarle su comida aparte.
Lo que me parece preocupante es que el “algo” que se está haciendo, no compagina mucho con una propuesta de reforma integral. Esta debe ser una intervención más prolongada, amplia, costosa y compleja, justo lo que las autoridades metidas en politiquerías coyunturales nunca hacen.
El gobierno dominicano aborda todos los problemas -excepción hecha de la captación de impuestos, que es el único acápite en el que es eficiente, a pesar de que no toca a sus intocables- con respuestas parciales y ripiosas, de validez efímera, que a veces palia uno de los síntomas agudos, pero deja intacto el problema crónico.
Cancelar cientos de agentes, oficiales y alistados por “mala conducta” y simplemente enviarlos para sus casas -que es el último sitio para donde van a coger- es un desatino que va a aumentar la delincuencia, la inseguridad y la violencia.
Alguien debía explicarle a quienes les incumba e importe, que poner en la calle a cantidades de gentes adiestradas formalmente en el uso de armas y de la violencia y educadas en un medio donde se reúnen méritos agrediendo, matando y perjudicando a otros, está muy lejos de resolver algo. El operativito habitual es completamente contraproducente en este caso.
La reforma integral necesaria no puede ser un remiendo más y debe incluir, aparte de la penalización de los criminales y la recuperación de bienes expoliados de lo público, la capacitación, reeducación y reubicación del personal excedente.
No es tan fácil como simplemente tirarlos a la calle. Se parecen demasiado a las granadas de mano y prefieren explotar entre los que ya están desbaratados.