En la Comisión de Seguridad Social del Senado presenté proyecciones sobre el patrimonio de los trabajadores demostrando que, con el esquema propuesto, las AFP duplicarían la comisión actual en sólo 4.5 años; la triplicarían en 8 años; y la cuadruplicarían en 11 años.
Para el 2020, el ingreso mensual de las AFP sería de 688.0 millones; en el 2025, subiría a 1,294.3 millones al mes; y en el 2031, ascendería a 2,605.7 millones, a pesar de las bajas pensiones que recibirán los trabajadores dominicanos a partir del 2033. En esencia, el cambio equivale a “renunciar al 25% de 100 pesos, a cambio del 1.4% de 100 dólares”.
Recalqué que “se trata de un cambio solo aparente, ya que si bien el porcentaje de la comisión de las AFP se reduciría en un 3.57% en el 2021 hasta un 5.55% en 2031, el fondo de retiro de los trabajadores continuará creciendo entre un 18% y un 16% anual acumulativo”.
En presencia de los senadores y diputados y de las autoridades del SDSS, pregunté: ¿Cuál es el “valor agregado” de las AFP que justifica un costo tan oneroso para los trabajadores? ¿En qué se benefician los afiliados de la existencia de varias AFP? ¿Cuál sería el incentivo al desempeño de las AFP, con una comisión que les asegura de antemano elevados ingresos?
La labor de las AFP depende de un proceso informático, cuyo costo unitario se reduce en forma cuasi inversa al volumen del saldo. Invertir un millón de pesos requiere el mismo esfuerzo que invertir cinco millones, porque esa tarea se reduce a distribuirlos entre Hacienda y el Banco Central
Lo que sí implica un costo mayor es la recaudación de un millón y de cinco millones, pero esa costosa tarea se la hace gratis la TSS a las AFP. En consecuencia, carece de fundamento establecer una relación directa y proporcional entre la comisión de las AFP y el saldo del patrimonio de los trabajadores dominicanos.
Demostré la subvaluación de las proyecciones de la Presidencia, ya que no incluyen el aumento del salario mínimo, la afiliación de más de 350,000 trabajadores contributivos al eliminar los recargos y las moras de los ayuntamientos y de las Mipymes, entre otras actividades para cumplir con la meta oficial de alcanzar una cobertura del 90% de la población, antes de las elecciones.
Pero, aun aceptando tales proyecciones, los ingresos mensuales de las AFP alcanzarían niveles inaceptables. Por ejemplo, para el 2023 la comisión mensual superaría los mil millones de pesos, mientras millones de trabajadores están condenados a recibir una pensión de apenas la cuarta parte de su salario, convirtiéndose en indigentes.
Una propuesta unilateral, sin consultar a los trabajadores
“La propuesta del Ejecutivo surge de varias reuniones con las AFP, y fue sometida al Congreso sin haberla consultado con los dirigentes sindicales. No parte del derecho de los trabajadores dominicanos, sino del porcentaje promedio de los países de la región, a pesar de que en América Latina también llueven las quejas contra las altas comisiones de las AFP”.
En síntesis, la iniciativa del Poder Ejecutivo es muy oportuna, pero debe ser corregida en varios puntos esenciales que perjudican sensiblemente a los trabajadores dominicanos:
- Mantener el esquema vigente, con una comisión complementaria hasta el 15% de la diferencia de rentabilidad, reduciéndola hasta el 8%, en diez años, o
- Eliminar la comisión administrativa del 0.5%, bajar la comisión complementaria hasta un 20%, con una reducción gradual hasta el 10%, en diez años, o
- Concentrar el patrimonio total en una sola AFP, y llamar a concurso para seleccionar a la AFP que ofrezca la menor comisión, por debajo del límite del 10% de la diferencia de rentabilidad.
- Dotar a la TSS de mayor capacidad punitiva para reducir la evasión y elusión y que sus operaciones sean financiadas por las ARS, AFP y la ARL con un pago del 0.05% de los fondos dispersados, y asignar a la DIDA mayores recursos del presupuesto nacional, sin afectar los aportes de los afiliados.