Agenda insular

Un rumbo peligroso

Por Edwin Paraison

El rechazo a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) de desnacionalización de dominicanos, mayormente de ascendencia haitiana, después de que lo hiciera el bloque de los países del CARICOM se incrementó  en Washington, tanto en la OEA como desde la Cámara de Representantes de Estados Unidos.  Esa situación fue predicha en el mismo seno del Tribunal Constitucional y luego en la sociedad dominicana en general.

Sin precedente es para un tema de esa naturaleza la magnitud del repudio a nivel internacional, incluyendo medios de comunicación globales a un fallo que si bien es del ejercicio de la soberanía dominicana es visto como una aberración incompatible a la civilización moderna y los derechos humanos.

A propósito, sabido es que los derechos humanos constituyen un campo a través de la Convención Americana que permite la vigilancia internacional, derogando de alguna forma la soberanía absoluta del Estado nacional.

El oficialismo dominicano ha tenido varias respuestas tratando de articular una estrategia de defensa para una batalla legal sumamente difícil. En el campo diplomático, el propio jefe del Estado inició una serie de encuentros con representantes de organismos y gobiernos acreditados en el país.  También, la Cancillería lanzó una contraofensiva respecto a las diligencias haitianas a través de las misiones diplomáticas dominicanas acreditadas en el exterior. Asimismo, una delegación de alto nivel estuvo en la capital estadounidense.

Por otro lado, aunque no prevista en las tareas y plazos decididos por la última reunión del Consejo Nacional de Migración, se dio una extraña y apresurada aplicación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Olvidándose de un significativo número de expedientes de solicitudes de residencias para inmigrantes haitianos depositados por bufetes de abogados o centros comunitarios desde el año 2011, la Dirección General de Migración optó por la presentación altamente mediatizada de una señora domínico haitiana como la primera integrante de dicho plan.

Es oportuno señalar que pese a su relación conyugal con un dominicano, según la prensa y teniendo así  derecho a la nacionalidad acorde al artículo 18.5 de la Constitución, se le ofrece a Marie Etienne Desir Joseph un estatus migratorio especial en el marco de un proceso que convierte a República Dominicana en el primer país del mundo donde después de ser ciudadano la gente pasa a ser residente.

La Junta Central Electoral, por su parte, integró una comisión de veedores formada por conocidos comunicadores y otras personalidades, con lo cual adhiere a  a su causa  influyentes manejadores de opinión. Aunque es un secreto a voces que la tarea de revisión de las actas ya se había iniciado hace años.

El TC, blanco de fuertes cuestionamientos, ha tenido que dar la cara para intentar reforzar lo que ya, inusualmente para este tipo de documentos, se había hecho en la sentencia con diversas consideraciones históricas y generales sobre las relaciones domínico haitianas, dando explicaciones no convincentes sobre su fallo.

Lo preocupante en el comunicado del TC es que retoma un aspecto fundamental del discurso anti haitiano de los últimos años, pisoteando los valores democráticos y de tolerancia, al considerar como “traidores a la patria” a quienes se oponen a su ya tristemente célebre dictamen.

Hasta aquí se puede decir que es de “buena guerra”.

No obstante, las maniobras descritas arriba no han tenido los efectos anhelados. Entre otros,  pese a las diligencias dominicanas, se mantuvo en la agenda del Consejo Permanente de la OEA la discusión del tema. Tras las críticas de varios gobiernos y del secretario general, José Manuel Insulza, se decidió el envío de una misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)  para el mes de diciembre. Del caso seguramente será apoderada la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En tanto que organismos del sistema de las Naciones Unidas están en la preparación  de una propuesta a ser presentada  a la República Dominicana.

Mientras, la Unión Europea en Haití ofrece su apoyo al gobierno solidarizándose con los afectados por la sentencia del TC.

Ante tan complicada situación las autoridades tratan de agenciarse el respaldo popular. Esa parte está manejada por quienes habían incentivado y apoyado las marchas anti haitianas iniciadas en Santiago en el verano pasado. Tanto a través de actores políticos como de una serie de organizaciones “civiles” y grupos en las redes sociales.

A gritos de “muerte a los traidores”, vale decir los dominicanos que se oponen a la aberrante sentencia, sus promotores y defensores juraron, en el parque Independencia, defender la patria contra la invasión haitiana, contra la fusión de la isla y preservar la soberanía nacional.  No nos sorprendamos si su influencia llegue al punto que el Estado dominicano declare la guerra a los países del CARICOM y de la UE.

En su plan de acción inmediato han previsto otras manifestaciones públicas, intervenciones en los medios de comunicación y el uso de todas formas de presión sobre los dominicanos de ascendencia haitiana. En ese contexto, algunos operadores de transporte público han asumido no montar en sus autobuses a haitianos, o sea dominicanos negros con o sin ascendencia haitiana.

Por la falta de fundamentos jurídicos apegados a los derechos humanos para defender al país, el nacionalismo anti haitiano es el mecanismo que se está usando para crear miedos capaces de desalentar, en el plano local, insular e internacional, la resistencia contra la desnacionalización. No faltan, incluso, quienes teman por agresiones contra aquellos que se han manifestado en desacuerdo con la sentencia del TC. Un rumbo peligroso para la administración Medina y la paz domínico haitiana.

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