Si hay un tema que ha estado de forma permanente en la agenda pública desde la toma de posesión del actual Congreso Nacional, ha sido el proyecto del Código Penal, una aspiración legislativa que tiene cerca de veintiún años, sin que como sociedad nos hayamos podido poner de acuerdo sobre esta pieza importante para la elaboración de la política criminal del país. Claro está que realmente no nos podemos poner de acuerdo si los legisladores quieren desconocer el rol fundamental del Estado: Garantizar y proteger todos los derechos de las personas, para todas las personas.
La discusión sobre el Código Penal ha sido tan sostenida en este último año debido a las promesas incumplidas de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) respecto a las tres causales del aborto, así como la jugarreta que sacaron de bajo de las mangas al incluir una cláusula mal redactada de objeción de conciencia para justificar y garantizar la impunidad de las actuaciones discriminatorias en contra de las personas.
Necesitamos un Código Penal moderno… una pieza legislativa armonizada con los principios, valores y reglas del Estado Social y Democrático de Derecho
Evidentemente que de por sí estas dos situaciones es más que suficiente para catalogar de inviable el proyecto del Código Penal pues claramente sanciona sin excepciones a la mitad de la población, es decir, a las mujeres, que en ocasión de un embarazo decidan terminarlo porque éste pone en riesgo su vida o porque es producto de una violación o incesto, ergo, consecuencia de una actuación ilícita que entraña una grave vulneración a la dignidad de la persona, o porque hay una malformación congénita incompatible con la vida. Causales razonables, entendibles para cualquier persona que mínimamente quiera tener la conversación, son desatendidas por los legisladores en el proyecto actual del Código Penal.
A lo anterior le sumamos algo inédito y es la inclusión de la “objeción de conciencia” o los “motivos institucionales” para justificar prácticas discriminatorias dirigidas muy especialmente contra la comunidad LGTBIQ, como si estas personas fueran ciudadanos de segunda o tercera clase. Esta aberratio legis que metieron de sorpresa los representantes de los sectores más retrógradas del país, que no terminan de comprender que la democracia se nutre de la convergencia de intereses contrapuestos y la garantía de todos los derechos para todas las personas.
Algunos podrán objetar que estos dos aspectos no son suficientes como para echar atrás una aspiración legislativa con mayoría de edad y que sabemos que es muy importante para el desarrollo de una política criminal moderna. Sin embargo, el actual proyecto del Código Penal que conoce el Senado fue mutado y transformado por la Cámara de Diputados, desoyendo los informes de las comisiones de expertos, en una pieza legislativa incoherente, populista y con errores técnicos que por igual hacen inviable este proyecto.
Una muestra clara de esto es que el proyecto del Código Penal contempla modalidades de cumplimiento de las penas distanciadas y sin tomar en consideración de la nueva ley de Régimen Penitenciario, ley núm. 131-21, que por igual regula el medio libre, que es una figura muy parecida a la semilibertad del proyecto. Ante la existencia de la ley núm. 131-21, lo mínimo que debe haber es coherencia.
Otro señalamiento es que el proyecto del Código Penal se propone la reinstauración de la jurisdicción militar en contra de lo establecido en la Constitución que solo la prevé para asuntos disciplinarios y no para el conocimiento de infracciones penales, lo que por igual ha sido claramente indicado por el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0350/19.
Y así, hay otros errores e incoherencias del proyecto de Código Penal que no se limitan a los temas controversiales. Necesitamos un Código Penal moderno, pero moderno no por inclusión de infracciones que actualmente no tenemos, sino porque el Código Penal ser una pieza legislativa armonizada con los principios, valores y reglas del Estado Social y Democrático de Derecho que asumimos a partir de la Constitución de 2010.
Por consiguiente, el actual proyecto del Código Penal es inviable y ni siquiera llega a ser una ley del momento, la mejor posible por las circunstancias. El Senado ahora tiene la responsabilidad política de evitar que ese Código salga del Congreso.