La atención está puesta en quienes serán definitivamente los candidatos de las fuerzas políticas que representan verdaderas opciones de poder para las elecciones presidenciales del 2012. Ya en el PRD las desavenencias se están resolviendo y en el PLD, después de que el Presidente Fernández declinara continuar buscando la reelección, todo se resolverá en las primarias del 26 de junio, aunque haya ahora una fuerte tensión por la precandidatura de la Primera Dama.
Uno de los candidatos presentados por estos dos partidos será, indiscutiblemente, el próximo Presidente de la República. Por eso no es extraño la preocupación de la ciudadanía por lo que sucede en estas fuerzas políticas para definir sus candidaturas. Pero en esta ocasión quisiera referirme a una preocupación diferente.
Quien sea electo Presidente para el período 2012-2016 ejercerá el poder en un contexto constitucional e institucional en el que el Dr. Leonel Fernández tendrá una enorme influencia. Ha hecho los "amarres" necesarios para ser árbitro permanente, con poder suficiente para mediatizar y hasta impedir determinadas decisiones. Cualquiera que sea el nuevo Presidente, o Presidenta, tendrá una camisa de fuerza, pero las dificultades serán mayores si triunfa el candidato de la oposición.
Habrá un Congreso en que el Partido de la Liberación Dominicana tendrá la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la casi totalidad en el Senado. Con el agravante de que como los actuales legisladores permanecerán por seis años, esa correlación de fuerzas no podrá ser modificada durante el mandato del Presidente. Si es de la oposición, el nuevo Presidente no tendrá, por el momento, poder en el Congreso para que sus ante proyectos de leyes ordinarias sean aprobados, ni impedir que se aprueben los presentados por la oposición.
Ese mismo Congreso habrá nombrado, por seis años, los miembros de la Cámara de Cuentas, en su mayoría políticamente muy cercanos al PLD y que deben su nombramiento a los legisladores de esa partido e, indirectamente, al Dr. Leonel Fernández. Ahora podrá desempeñar las funciones de órgano asesor del Congreso para controlar al Poder Ejecutivo, así como realizar las auditorías oportunas a funcionarios, que tanto cuesta hacer en estos momentos.
Respecto al Poder Judicial también tendrá dificultades. Se encontrará con un Consejo Nacional de la Magistratura, órgano superior de todo el sistema judicial, en que de los ocho miembros que lo componen solo podrá contar con tres votos. Cuando el nuevo Presidente asuma el poder, este organismo habrá nombrado el Tribunal Constitucional, por nueve años; el Tribunal Superior Electoral, por cuatro, así como a los miembros de la Suprema Corte de Justicia que hubiesen cumplido la edad de 75 años o hayan fallecidos.
Además de garantizarse vigencia como árbitro, se garantiza también cierta seguridad para sí y para los suyos. Una justicia en la que los miembros de sus principales órganos fueron nombrados por decisión suya, difícilmente llegue a tocarlos.
Aunque en un sistema presidencialista, y sobre todo tan deformado como el nuestro, el Presidente tiene un amplio margen de actuación, ya que nombra a todos los funcionarios y siempre tendrá dominio de importantes ámbitos de la gestión al frente del Estado, pero en lo que se refiere a las instituciones más importantes del sistema político y judicial estará muy condicionado. Si decide echar la pelea para modificarlo, la gobernabilidad entonces pudiera verse afectada.
Si el nuevo Presidente es perteneciente al PLD, el liderazgo del Dr. Fernández, unido a los "amarres" institucionales que ha realizado, le permitirá ser "copresidente", mucho más si es su esposa.
Sea de la oposición o no, el presidente electo en el 2012 tendrá que contar con el Dr. Fernández como colaborador en las decisiones políticas más importantes.