Estuve recientemente en la República Dominicana para visitar nuestra Asociación Miembro Profamilia, y aprender más sobre el estado de la salud pública y los derechos sexuales y reproductivos en un país cuyo entorno paradisíaco desmiente profundos bolsillos de pobreza.
Durante los tres días que pasé con Profamilia, conocí a médicos que conducen camionetas asfixiantes sin aire acondicionado para llegar a las comunidades rurales más remotas. Conocí a médicos que estaban ayudando a niñas de hasta 12 años de edad a acceder a los métodos anticonceptivos y al tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, mujeres y niñas que hicieron filas al amanecer para recibir atención médica.
Y aunque yo sabía que la prohibición del aborto en ese país católico era una de las más restrictivas del mundo, regresé a Nueva York para descubrir que la Cámara de Diputados Dominicana reforzó su prohibición del aborto con un dañino nuevo código penal.
Afortunadamente, hace unos días, el presidente dominicano Danilo Medina vetó la medida, instando a los legisladores en una carta a despenalizar abortos en los casos en que la vida de la mujer esté en riesgo o en casos de violación, incesto o malformación del feto. En su carta, el presidente Medina declaró que el derecho fundamental a la vida de la mujer o niña embarazada debe imponerse, así como “el respeto a su dignidad humana y su integridad psíquica y moral”.
La carta también hizo hincapié en la necesidad de que el país cumpla con los acuerdos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por la República Dominicana, entre ellos la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Violencia contra la Mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
En su carta, el Presidente destacó la necesidad de que salud pública provea estos servicios para reducir la alta tasa de mortalidad materna en el país, así como prestar servicios a los más vulnerables. “Somos uno de los países con el mayor número de embarazos en niñas y adolescentes; embarazos que no sólo son de alto riesgo para la salud de la madre, sino que con frecuencia esconden situaciones de violación y abuso”.
El presidente Medina continuó afirmando que estos problemas ofrecen la imagen de un país con un “problema de salud pública de primer orden”; un problema que afecta desproporcionadamente a las mujeres pobres en un país donde el 40% de los habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza.
Según el Centro de Derechos Reproductivos, más de 90,000 abortos inseguros tienen lugar en la República Dominicana cada año. Si bien estas excepciones a la prohibición del aborto ayudarán a reducir esa cifra, todas las mujeres deberían tener acceso a estos servicios que salvarían su vida.
La penalización absoluta del aborto viola los derechos de las mujeres a la vida y a la salud. Además, constituye un fracaso cuando se trata de la política de salud pública: Las leyes restrictivas no hacen desaparecer el aborto ni reducen su incidencia. Estas leyes simplemente ponen a las mujeres y a las jóvenes en situaciones de peligro que amenazan su salud y muchas veces, su vida. También hace que los médicos vacilen al tratar las complicaciones del aborto inseguro por temor a ser encarcelados.
Ninguna mujer debería tener que correr el riesgo de encarcelamiento por acceder a los servicios de salud que necesita, quiere y merece. Este es un paso adelante importante para una región con algunas de las leyes de aborto más restrictivas del mundo, y un paso fundamental para un país que hace dos años llamó la atención mundial cuando la prohibición total del aborto en el país detuvo el tratamiento de una adolescente embarazada con cáncer.
(*) Publicado el 1 de diciembre por el The Huffington Post, en su sección de opinión. Traducción al español de Iván Pérez Carrión.