Más que sobrada razón le asiste al doctor Fidias Aristy cuando afirma que la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos para ser juzgados por los tribunales de ese país, se ha convertido en una especie de patente de corso para que los mismos puedan luego disfrutar legalmente y con toda impunidad de sus fortunas obtenidas por medios espurios.
Esto así, debido a la práctica ya generalizada por parte de los fiscales con el consentimiento de los tribunales norteamericanos de negociar con los narcos sentencias de prisión leves y permitirles conservar sus activos o la mayor parte de ellos, a cambio de información que conduzca al apresamiento de otros elementos que consideran de su mayor interés.
En algunos casos, siempre con la aceptación de los involucrados cuando estos estiman que su vida queda en riesgo a manos de sus delatados compinches, son acogidos en el llamado Plan de Protección de Testigos, donde se les reubica en algún punto del extenso territorio que ocupa la Unión Norteamericana provistos de una nueva identidad.
Pero en la mayoría de los extraditados dominicanos, ocurre que son devueltos al país, en ocasiones liberados con anticipación del cumplimiento de sus sentencias, ya de por sí leves o muy inferiores a las que corresponderían a la gravedad de sus delitos, entre otras razones para descongestionar las sobresaturadas cárceles de la nación norteña, donde se amontonan unos dos o más millones de reclusos.
Aunque los ejemplos sobran, bastaría citar dos: el de Quirino Paulino, liberado al cabo de diez años, después de haber admitido el envío al mercado de consumo estadounidense de nada menos que treinta y tres toneladas de cocaína, o sea, sesenta y seis mil kilos y Toño Leña, sindicado como lugarteniente de Figueroa Agosto, cuyo arreglo con la fiscalía en Puerto Rico, donde fue juzgado, le resultó tan generoso, que abandonó el tribunal con una amplia sonrisa al escuchar que había sido sentenciado apenas a cinco años de encierro.
En el primer caso, las autoridades norteamericanas solo le incautaron una parte de sus bienes; de la otra, muy sustancial, debe estar hoy disfrutando en la placidez de su finca. En cuando a Toño Leña, la sentencia resultó mucho más generosa ya que según se informó, le respetaron la totalidad de su fortuna.
Lamentablemente, las autoridades dominicanas nada pueden hacer salvo observar impotentes como gentes que amasaron una gran cantidad de bienes producto de sus actividades criminales, pueden ahora disfrutar de los mismos libremente y sin ninguna clase de inconveniencia. La razón es que aunque parezca paradójico, les ampara la ley en cuanto al no poder ser juzgados dos veces por el mismo delito y habiéndolo ya sido en los tribunales estadounidenses, quedan exonerados de toda responsabilidad una vez cumplida la pena que le imponen allá.
De ahí, la justificada queja del doctor Aristy, quien califica la extradición como “un negocio redondo” para los inculpados y que tal constituye un pésimo ejemplo para la sociedad y un incentivo a delinquir para la juventud. Y por ello también, el pedido del Procurador Adjunto para el Lavado de Activos, Germán Miranda Villalona, de que se revise y renegocie el tratado de extradición con los Estados Unidos, tanto en lo tocante a la repatriación de elementos excarcelados, muchos de los cuales vuelven aquí a involucrarse en el negocio de las drogas, como en lo tocante al libre disfrute de los bienes obtenidos como resultado de esta actividad criminal.
Por sus funestas consecuencias, la revisión del Protocolo de Extradición con los Estados Unidos debe ser acogida y considerada como una apremiante prioridad.