La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de Código Penal. Esa pieza legislativa aspira a convertirse en un mejor instrumento de lucha contra la criminalidad y la violencia.
Sin embargo, puede que dicho código resulte ineficaz -como ha ocurrido con el Código Procesal Penal- si no viene acompañado de una política social de Estado dirigida a mejorar la educación y las condiciones vida de los más pobres.
La intención de los legisladores de aumentar las penas y crear nuevos delitos parece estar bien fundada y puede merecer la aceptación general de la población, pero en realidad puede estar trampeada por el populismo penal, al creerse ingenuamente que endureciendo las penas se va a eliminar el delito o se va a reducir la sensación de inseguridad ciudadana. ¿Por qué no comenzar por lo básico?
Tal vez por mejorar el salario de los policías. Si, de los policías. Esos 33,024 hombres y mujeres encargados de prever e investigar los delitos, que son actores principales en el sistema penal, que procesan las escenas del crimen y recolectan las pruebas indispensables para juzgar y sancionar a los infractores.
Pensemos por ejemplo en esos 7,286 rasos que solo reciben RD$6,117.00 mensuales, unos $150 dólares.
La fiebre no está en la sábana.