Una nueva propuesta recorre los aires del centro histórico, buscando declarar la Ciudad Colonial de Santo Domingo (CCSD) como municipio especial, para crear una nueva demarcación político-administrativa integrada por un Gerente Municipal y un concejo de regidores los cuales actuarían como órgano ejecutivo y normativo respectivamente.
En términos normativos la materialización de la propuesta indicada requiere una modificación del marco legal vigente que rige la materia ya que en la misma no se considera la figura del “municipio especial” como uno de los tipos de entidades municipales posibles (Ley 176-07. Art. 7).
Por otro lado, la creación de un municipio especial agrega un ingrediente adicional que complicaría aún más la coordinación tortuosa con la cual se han manejado históricamente las iniciativas en este emplazamiento, en donde el liderazgo ha cambiado de protagonista atendiendo a la entidad que controla los recursos a ser implementados.
Liderazgo que se ha convertido en la manzana de la discordia entre las principales entidades que interactúan en la gestión de este territorio, el cual forma parte de los setenta barrios del Distrito Nacional con una superficie total de 1.0 Km² y una población que ha descendido de 16,340 habitantes (ONE 1981) a 7,750 habitantes (CESDEM 2015).
Sin embargo, la solución al problema en la gestión coordinada de la CCSD no se encuentra en la creación de una nueva entidad político – administrativa, ya que este nuevo organismo incorporaría nuevos actores con una autonomía que no ayudaría al consenso requerido. Lamentablemente las evidencias muestran las dificultades de implementar la coordinación que demanda el marco legal vigente entre un Ayuntamiento y una Junta de Distrito Municipal luego de la autonomía financiera prevista en la constitución, mucho menos se podrá garantizar una coordinación efectiva entre el Distrito Nacional y un "municipio especial" a lo interno de su territorio.
El Ayuntamiento es la entidad política administrativa básica del Estado dominicano, responsable de ordenar las actividades que se realizan en un territorio determinado que le es propio, a través de la coordinación y la regulación del uso de suelo, sin embargo, la gobernanza local adolece de una gestión efectiva para propiciar esta coordinación a lo interno de su demarcación. En el caso de la CCSD no se necesita un nuevo municipio para administrar un Km², ni se requiere aumentar la burocracia para mejorar la calidad de vida de la población que reside y visita esta zona de la ciudad; más bien se necesita avanzar en la profesionalización de la administración del territorio de manera que la suma coordinada de las partes que intervienen en el territorio se convierta en la solución definitiva para el beneficio de todos sus habitantes.