Para legitimar la masacre de haitianos y domínico-haitianos se urdieron diversos mitos. El 11 de octubre de 1937, recién concluido formalmente el exterminio, el entonces secretario de Justicia, Lic. Julio Ortega Frier, en una conversación informal con los ministros Henry Norweb y C. S. Paterson, de los Estados Unidos e Inglaterra respectivamente, le expuso los diversos móviles que determinaron la funesta decisión.
Ortega Frier, para quien el dictador Trujillo era más magnánimo que él, asumió como suyos los cambios introducidos en la política migratoria del Gobierno y les expresó sin tapujos a los diplomáticos extranjeros la determinación de la dictadura de “eliminar progresivamente a los haitianos residentes en el país”, pues si no se detenía la “infiltración” de haitianos a través de la frontera la República Dominicana se convertiría en negra en no menos de tres generaciones. Este discurso racista caló profundamente en la conciencia de la población dominicana y fue uno de los mitos empleados por los ideólogos de la dictadura justificar el genocidio y ha sido empleado tanto por los estratos sociales superiores como por los inferiores de la sociedad dominicana.
Este insigne burócrata también justificó la barbarie por las prácticas delincuenciales de los haitianos pues la cantidad de tierras que habían ocupado era tan elevada que las cárceles carecían de espacios para alojar a los acusados de violar las leyes de inmigración y mucho menos para los detenidos por delitos menores. Sin tapujos el funcionario les expresó haber dado órdenes de descontinuar el apresamiento de haitianos, antes de iniciarse el asesinato de estos, ya que se había decidido eliminarlos. En dos ocasiones les repitió que la política del Gobierno no era solo de deportación de los ocupantes ilegales de tierras, sino hasta cierto punto de liquidación. (Bernardo Vega, Trujillo y Haití, volumen II (1937-1938), Santo Domingo, 1995, p. 64).
Este argumento sobre la delincuencia ha sido uno de los más socorridos para legitimar el brutal asesinato de haitianos y domínico-haitianos indefensos, eufemísticamente llamado “desalojo” o “incidente fronterizo”, es el que sostiene que la decisión, o furia, del dictador Rafael L. Trujillo para ordenar la masacre estuvo motivada por la práctica del abigeato por los haitianos, argumento ampliamente recurrente en la exuberante literatura del régimen tiránico. En el improvisado discurso pronunciado por este en la Casa del Pueblo de Dajabón, el 2 de octubre de 1937, a los pocos días de haberse iniciado el ignominioso acontecimiento, refirió que los agricultores y ganaderos le habían declarado que sus labranzas y ganado se encontraban en “deplorables condiciones” por las frecuentes incursiones que hacían los haitianos para robarles. Y que para suprimir esos abusos había asumido la dirección del Ejército al tiempo que lanzó la mortal sentencia de que “moriría” todo aquel que osara robar ganado.
El 26 de octubre de 1938, luego de transcurrir varios días de haberse ordenado detener la barbarie, el general Héctor B. Trujillo se dirigió al comandante de la 4a Compañía del Ejército con sede en Dajabón y le informó que en la frontera norte y cerca de esta común se estaban cometiendo robos de ganado vacuno y caballar y que los autores eran moradores de esos lugares, de nacionalidad dominicana y no haitiana, como este había estado informando. Además, le instruyó conversar directamente con los agricultores y ganaderos de la localidad.
En respuesta a la solicitud del entonces presidente títere Héctor B. Trujillo, el capitán Porfirio Guerra elaboró un ponderado y fehaciente informe sobre el hurto de ganado para lo cual procedió a interrogar a 12 de los principales ganaderos de la común de Dajabón, quienes se dedicaban a la ganadería desde hacía unos veinte años. Estos admitieron que mantenían solo una parte de su ganado en fincas cercadas con apenas dos cuerdas de alambre mientras la otra pastaba libremente en las planicies o sabanas, sobre todo en los períodos de estiaje. Según Augusto Cordero, uno de los ganaderos interrogados por el Ejército, antes de la matanza, cuando se le extraviaban reses las encontraba en Haití, pero luego de la matanza de haitianos nunca las encontraba por el impedimento de cruzar la frontera. Declaró que le robaron ganado hacía como un mes y aseguró tener empleados dominicanos honrados y “también otros que han sido ladrones”.
Un segundo ganadero, Francisco Socías, declaró que por el rumor público y por encontrarse las reses en La Vigía, a 2 o 3 kilómetros de la frontera, consideró que las mismas fueron robadas por dominicanos. El también ganadero José Cepín declaró ser una víctima del abigeato y como evidencia encontró una cuerda (lazo) de fabricación haitiana. En tanto, el ganadero Modesto Belliard respondió que desde hacía unos 5 a 6 años no se le extraviaba ganado, a pesar de tener su crianza en el sitio, es decir, al sabaneo, en las diversas praderas existentes en los contornos de Dajabón. Y que cuando le robaban reses regularmente las encontraba del otro lado de la frontera.
En su Informe el capitán Guerra afirma que del interrogatorio a los ganaderos circunscritos a la común de Dajabón que incluía a las comunidades de Loma de Cabrera y Restauración, pudo inferir que estos se dedicaban a la crianza de ganado desde hacía más o menos 20 años. El oficial describió como rústico e inadecuado el patrón de crianza de ganado predominante en la frontera, sin “una franca y determinada orientación en la conservación y seguridad de sus propios intereses”. Observó que una parte de las propiedades de los ganaderos se hallaban a menos de 3 kilómetros de distancia de la línea frontera, y en las otras sus límites eran la propia frontera, las cuales resultaban inseguras para los intereses de los hacendados.
Por las condiciones climatológicas imperantes en la Región Noroeste las lluvias se reducían de forma significativa en los períodos de estiajes lo cual comprometía los pastos destinados al ganado, así como sus abrevaderos. Como era habitual en la práctica de la ganadería libre, los propietarios liberaban sus reses en los sitios comuneros de Dajabón (Sabana de Cañongo, Cerro de Juan Calvo, Don Miguel, Doña María, etc.), los cuales se encontraban en su totalidad a muy poca distancia de la frontera internacional y muchos de ellos, de acuerdo con la demarcación de la línea fronteriza, se extendían más allá del río Masacre.
En esta modalidad de crianza, las reses descendían al río Masacre para saciar la sed, y al divisar abundantes pastos en territorio haitiano se desplazaban libremente hacia allá y al carecer de vigilancia muchas de ellas no retornaban a su lugar de origen. Esta situación se presentaba tanto con los ganaderos nacionales como con haitianos y para fundamentar su afirmación, el capitán Guerra depositó en el Ayuntamiento una Certificación levantada en Dajabón, en la cual hacía entrega a las autoridades comunales de once reses de dueños desconocidos y de procedencia haitiana, localizadas en la Sección de Cañongo.
A esto se adicionaba el hecho de que las fincas poseían empalizadas en pésimas condiciones y el empleo de técnicas rutinarias e inadecuadas para la crianza y conservación de sus ganados. En su recorrido por toda la línea fronteriza el capitán Guerra pudo constatar que todas las haciendas ganaderas se encontraban absolutamente abandonadas y expuestos sus intereses a ser dilapidados, lo cual no sucedía por las actividades desplegadas constantemente por las patrullas del Ejército Nacional, las cuales, tanto de día como de noche, recorrían los lugares más remotos y deshabitados de la región. Tan extremada era la vigilancia en la demarcación bajo su responsabilidad “que algunos de los declarantes aseguraban que las patrullas casi residían en los predios circunvecinos a sus propiedades, toda vez que no han dejado de verlas nunca”.
Igualmente, enfatizó que desde hacía diez meses los ganaderos no eran víctimas de robos de animales y que estos se sucedían con mayor frecuencia cuando los haitianos convivían en el territorio nacional, es decir, antes de su “desalojo” y de haberse redoblado la vigilancia. En definitiva, el Informe insistía en que el robo de ganado era producto de la escasez de pastoreadores, de fincas carentes de cercas, de la primitiva práctica de la ganadería libre y de los escasos medios de defensa de que disponían los ganaderos pues solo algunos poseían escopetas y la mayoría solo habían dotado de machetes a sus empleados.
Los ganaderos, sin embargo, insistían en que los cuatreros azotaban a los criadores fronterizos, y a mediados de noviembre dos de ellos, Nebot y Cordero, de Dajabón, se entrevistaron con Trujillo y le informaron que el destacamento del Ejército de Dajabón poseía los nombres de los dominicanos que se dedicaban al robo de ganado a la que adicionaron otros nombres.
Por mediación de José María Bonetti, el 16 de diciembre de 1938, el dictador Trujillo ordenó que se actuara con rigor contra los mismos y que se les expulsara de la provincia de Montecristi con la finalidad de “devolver la tranquilidad y confianza a los ganaderos de esa provincia que hoy ven amenazados sus intereses por el cuatrerismo”. Esta disposición se hizo efectiva el 2 de diciembre de 1938. Finalmente, el 2 de diciembre fueron expulsados de la provincia de Montecristi un total de 28 dominicanos que se dedicaban al robo de ganado en la región fronteriza. Un Informe del primer teniente Julio Simón aseguró que se había reducido el abigeato después de haberse implantado las contundentes medidas.
Esto puso en evidencia que el robo de ganado vacuno y caballar no era obra exclusiva de los haitianos sino también de dominicanos, o que ambos actuaban en contubernio.