El Canciller Miguel Vargas Maldonado no ha perdido tiempo en aclarar que la República Dominicana se opone a una intervención militar en Venezuela a propósito de la advertencia en este sentido hecha por el presidente estadounidense Donald Trump. Asimismo, reitera que la República Dominicana sigue apostando por una solución pacífica a la grave crisis por la que atraviesa el país bolivariano.
La actitud asumida por el país en ese sentido era de esperar. Es la que ha mantenido todo este tipo frente a la situación prevaleciente en Venezuela. Esta vez se mueven en esa misma dirección, países de la llamada “línea dura”, como México, Colombia, Argentina y otros que mantienen la postura de rechazar la Constituyente de Maduro, condenar sus ilegalidades y ejercer mayor presión sobre su gobierno.
Sin dudas, Trump, envuelto en un amenazante y belicoso enfrentamiento verbal con el presidente de Corea del Norte con mutuas amenazas de barrerse del mapa, cometió un grave desliz al deslizar la posibilidad de un acción armada contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Un intervención armada contra Venezuela sería un craso error, al menos desde el punto de vista político. En el militar, un posible genocidio y el inicio de una guerra civil y guerrillera de desgaste y larga duración, similar a la padecida por Colombia con las FARC y como esta, concluir en un cuestionable arreglo de dudosos resultados. En otro orden, pudiera revertir la corriente de antipatía generada por Maduro en su favor, tanto en el plano doméstico como internacional. Las más fuertes críticas contra los Estados Unidos llegarían desde todos los ángulos, incluyendo sus aliados europeos.
Lo han entendido opositores a Maduro que se han apresurado a rechazar toda posible intervención militar estadounidense. Si bien, con oportuno recordatorio de que Venezuela se encuentra intervenida de hecho por el gobierno castrista desde hace mucho tiempo. Sabido que las principales decisiones del régimen de Maduro se toman en Cuba o en consulta con el gobierno de Raúl Castro, cuyos agentes están presentes y gozan de gran poder e influencia en todas las instancias claves del poder en Venezuela: el ejército, los organismos represivos y los cuerpos de inteligencia.
Si hay algo que los países del continente rechazan de plano es la posibilidad de una acción armada extranjera, menos aún proveniente de los Estados Unidos, cuyo historial en este sentido está jalonado por reiteradas intervenciones militares, sobre todo en el área caribeña. Estas han dejado siempre un sedimento de rebeldía y humillación, traducido en sentimientos de hostilidad contra Washington. El fantasma de la política del “big stick” y el “americano feo”, permanece de ronda continua por los países a este lado del río Grande.
Ahora bien: el hecho de que nuestro país se oponga a toda posibilidad de salida violenta, ya interna, ya proveniente del exterior, a la situación de Venezuela, no puede llevarnos a permanecer indiferentes a las acciones ilegales cada vez más al desnudo que han estado asumiendo Nicolás Maduro y sus compinches para tratar de mantener el poder a contrapelo de la probada inmensa mayoría del pueblo venezolano.
No podemos seguir hablando en teoría de una solución negociada a la crisis venezolana que Maduro ha sido en todo momento el primero a rechazar en el terreno de los hechos, mientras sigue adoptando medidas cada vez más arbitrarias, violando todas las normas, desconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional electa democráticamente, encarcelando a sus opositores y con los militares convertidos en matones asesinando impunemente a los manifestantes en las calles.
¿Salida negociada? Sería lo ideal. Pero… ¿bajo cuales condiciones? ¿Aceptar las ilegalidades del gobierno? ¿Sus arbitrariedades? Lo cierto es que todos los interminables y reiterados intentos mediadores han fracasado, sobre todo al estrellarse contra el desmedido afán del gobierno de mantener a toda costa el poder del que han hecho un uso incompetente, abusivo y codicioso.
A la luz de esa realidad, no se explica, por cierto, la razón por la cual el Canciller Vargas Maldonado, quien se ha manejado en todo momento con extrema prudencia, emerge con una crítica tan a destiempo y a todas luces inoportuna contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reprochándole haber tomado partido en el caso de Venezuela, al promover acciones enérgicas del organismo contra el gobierno de Maduro, alegando que de esa forma frustró su papel como posible mediador en el conflicto.
¿Piensa acaso que podía haber corrido mejor suerte en ese empeño que la cuarteta de ex gobernantes integrada por Leonel Fernández, Martín Torrijos, Ernesto Samper, José Luis Rodríguez Zapatero y hasta el Vaticano? Al tomar posición en ese sentido contra Almagro, con quien Vargas Maldonado había estado de paños y manteles, no solo pone en riesgo esa relación sino que nos sitúa, quiérase que no, del lado de Maduro en su conflicto con el timonel del organismo regional.
Intervención armada, no. Pero si una postura compartida de enérgico rechazo a los desafueros de Maduro y la adopción de medidas que lo obliguen a batirse en retirada, desistiendo de sus nefastos planes de liquidar los últimos vestigios de democracia que restan en Venezuela para someterla al mismo fracasado sistema absolutista que impera en Cuba.
Cerrar los ojos y no prestar oídos a esa realidad convierte de hecho y en buena medida en cómplices por inacción a cuantos permanezcan indiferentes a la tragedia del pueblo venezolano y los desafueros del gobierno de Maduro.