La ciudad es un espacio de interacción entre la vida de una comunidad y su cultura, el lugar de pertenencia de las personas que habitan su territorio, aún no tengan domicilio fijo y sin exclusión por motivos de raza, religión, nacionalidad, estado mental o físico.

La ciudad la construimos día tras día a través de una compleja red de relaciones sociales. La ciudad nace de nuestra vida cotidiana y nuestras relaciones con vecinos, compañeros de trabajo, transeúntes, comerciantes, etc. La ciudad la conformamos los millones de personas que transitan por ella, trabajadores, empresarios, servidores públicos, visitantes, etc.

El derecho a la ciudad es una de las innovaciones políticas resultado de las luchas democráticas del siglo XX. El derecho a la ciudad implica que los ciudadanos tenemos voz y voto sobre cómo se planifica y se administra la ciudad. Es justo que todas y todos contemos con un lugar en la ciudad para poder desarrollar nuestro proyecto de vida. “Proteger los espacios públicos es un requisito clave del derecho a la ciudad y un activo importante para fomentar la tolerancia, la convivencia y el diálogo”[1].

Durante la pasada campaña electoral desde la propuesta municipal “Ciudad para la Gente” comenzamos a generar una conversación en torno a este derecho que se encontraba en el escondite. La idea era precisamente empoderar a la ciudadanía como sujeto político protagonista de su porvenir en como administrar una ciudad que responda a las personas.

Partimos de un diagnostico de consenso al indicar que el problema del caos de la ciudad de Santo Domingo no es técnico sino eminentemente político, ya que los conocimientos y las tecnologías para garantizar el derecho a la ciudad existen desde hace décadas. Y ha sido así pues ninguna de las administraciones del Ayuntamiento del Distrito Nacional se ha ocupado de garantizar el derecho a la ciudad. Por el contrario, han entregado la ciudad a pequeños grupos corporativos a cambio de negocios políticos.

El suceso nos convoca a la creación de una amplia “Red Ciudadana por el Derecho a la Ciudad”, una red de voluntades individuales y colectivas para proteger nuestra ciudad

No hemos tenido un plan para que se materialicen los derechos de las personas, pero si un plan para fomentar una ciudad a la medida de ciertos intereses privados que generan riquezas a costa de la calidad de vida de los ciudadanos.

Por eso lo que se elegía el pasado febrero, posteriormente en marzo, no era simplemente un alcalde o alcaldesa, sino la posibilidad de asumir un nuevo camino que permitiera la posibilidad de planificar esta ciudad por los próximos 20 años e interrumpir los escenarios tendenciales que como indica el Plan de Ordenamiento Territorial del DN (POT) apuntan a que parael 2030 de seguir la ciudad como va, estará completamente colapsada.

Pese a las advertencias de este documento que en la lógicadel“buen camino” prometido en campaña debería ser carta de ruta para no equivocarse, el pasado 28 de agosto de los corrientes, fue fijada en la agenda de discusión del Concejo de Regidores del DN un proyecto que procuraba la modificación de la Resolución 85-09 sobre Zonificación Indicativa sobre Densidades de la Circunscripción No. 1. ¿Qué procuraba esta modificación concretamente? Básicamente que los desarrolladores inmobiliarios (promovido fundamentalmente por ACROPOVI) puedan construir más unidades departamentales en lugares donde conforme la normativa actual se deben construir menos. Es decir, que puedan vivir más personas en espacios más pequeños, es decir más torres de alta ocupación.

Los más preocupados o entendidos en la materia de inmediato imaginarán las consecuencias de una medida como ésta y como la misma golpea de frente la posibilidad de construcción de una ciudad inclusiva, basada en la distribución equitativa de los recursos, sostenible, segura, inteligente, humana. Para los que no, esto significa más contaminación, más congestionamiento vehicular y los problemas asociados al impacto del tráfico como disminución de la movilidad sostenible, problemas de estacionamientos, etc. Igualmente esto representa un incremento en la capacidad y cobertura de nuestros precarios sistemas de alcantarillado y drenaje pluvial, reducción de áreas con vocación de espacios público y áreas verdes, en fin una ciudad más caótica de la que ya tenemos.

Los intereses detrás de esta iniciativa vienen merodeando desde hace años la sala capitular del DN. Antes de esta sesión, el pasado 4 de febrero de los corrientes, se intentó celebrar una vista pública con el objetivo de “escuchar” a las juntas de vecinos, desarrolladores inmobiliarios y los gremios que los representan, así como la ciudadanía en general. En aquella vista, en la que estuve presente en mi condición de candidato a alcalde del DN, invitado por algunas juntas de vecinos, se logró el aplazamiento de la misma por la escasa representación ciudadana derivado de una atropellada convocatoria que no informó adecuadamente y en tiempo oportuno a los interesados y eventuales afectados con esta medida. Igualmente, pues resultaba imprudente que se discutiera este tema a pocos días de celebrarse unas elecciones en donde habría a lo menos una nueva composición de la matricula del concejo de regidores.

Posteriormente, el 21 de Julio, luego de aprobada una modificación al reglamento de vistas públicas derivada de las condiciones que impone la pandemia, se celebró una vista pública virtual a través de la plataforma ZOOM en donde conforme declaraciones de la regidora de la C1, Nerys Mártinez fue poco concurrida. Y es que es evidente que una medida de tal nivel de trascendencia para la vida de los habitantes de los capitaleños requiere de mecanismos más abiertos, plurales y participativos para su discusión (si es que hubiese lugar a su discusión).

Para determinar la gravedad de la medida propuesta solo hay que observar los escenarios tendencialesque plantea el Plan de Ordenamiento Territorial del DN en caso de quesigamos administrando y gestionando la ciudad como hasta ahora. Veamos 3 escenarios puntuales: a) densidad y urbanización; b) sistemas acueductos y alcantarillados; c) movilidad urbana.

Respecto al tema de la densidad el POT nos dice: “El suelo urbanizable se ha agotado, densificándose las tres (3) circunscripciones del Distrito Nacional. Las circunscripciones #1 y #2 incrementan su densidad poblacional y no han mejorado la cantidad y calidad de espacios públicos, equipamientos, ni el acceso adecuado a los servicios de agua, saneamiento y vivienda.” ¿Qué provocaría un escenario como éste? Precisamente la aprobación de medidas como la modificación de los tipos de densidades previstos en el escenario de hoy tomando solo en cuenta los intereses de los desarrolladores inmobiliarios que solo ven la ciudad como terrenos baldíos propensos a convertirse en torres y apartamentos.

En ese mismo orden, el POT nos señala respecto a los sistemas de acueducto y alcantarillado, los cuales de acuerdo al crecimiento en densidad y expansión de la ciudad, no tendrán la capacidad y la cobertura requerida para abastecer la demanda. El sistema de alcantarillado se presentará con bajos porcentajes en sus redes de cobertura y funcionamiento.

Con relación a la movilidad urbana el escenario tendencial que avizora el POT indica que se agudizarán los problemas de congestión en las principales vías del centro y periferia de la ciudad. En sus términos nos indica que: “El aumento de la cantidad de personas que se desplaza a lo interno del territorio, y entre el centro y periferia, que alcanza la cantidad diaria de aproximadamente un (1) millón de población flotante, unido a las deficiencias de conexión con el centro, agrava la movilidad en puntos periféricos y centrales”

Para poder ver esto en perspectiva solo hay que comparar la densidad del Distrito Nacional, el cual tiene una densidad media de 10,537 hab/km2 (solo la densidad de la C1 es de 7,887.70 hab/km2) en comparación con ciudadessúper organizadas como Madrid cuya densidad es de 5,418 hab/km², New York con una densidad 10,756 hab/km² , Barcelona 15,992 hab./km², Buenos Aires 15,069 hab/km². Ahora compare la calidad en cuanto al acceso a agua potable, capacidades y cobertura de sistema alcantarillado y drenaje pluvial, acceso a equipamientos de servicios, espacios públicos y redes de transporte colectivo de cada una de estas grandes ciudades con Santo Domingo. Sin lugar a dudas todos los ingredientes para una receta para el desastre están dados.

De momento, el rechazo por parte de Juntas de Vecinos como Las Praderas, San Gerónimo, Alameda, entre otros, junto con el llamado de alerta de la regidora Nerys Martínez y posteriormente el anuncio de votar en contra del regidor Mario Sosa han logrado sacar de agenda este golpe contra la ciudad. Pero esto no es definitivo. La historia reciente nos indica que los intereses detrás de este tipo de medidas se sabrán poner a buen resguardo y esperar el momento para reintroducirla. Sobre todo sabiendo ellos que las autoridades electas han sabido ser consecuentes con lo que prometieron: seguir por el buen camino…lo que no especificaron es para quién era bueno ese camino.

A pesar de esto, el suceso nos convoca a la creación de una amplia “Red Ciudadana por el Derecho a la Ciudad”, una red de voluntades individuales y colectivas para proteger nuestra ciudad pero sobre todo para construir el Santo Domingo que queremos y merecemos. ¡Es hora de estar alerta!

[1] CGLU. Documento marco de políticas de espacio público por y para las administraciones locales, octubre de 2016, p. 14.