Todos los días recibimos los boletines del ministro de Salud Pública sobre el avance del Covid-19. Informaciones mundiales, nacionales y provinciales son servidas a las 10 A.M. Los datos que se están entregando a la sociedad dominicana deberían referenciar directamente al territorio, al municipio o las comunidades dónde están las personas infectadas y fallecidas. La población desconoce, específicamente en el nivel micro-territorial, dónde está localizado el virus.
La población de una calle, cuadra o manzana, barrio o el municipio (si es pequeño) obtiene la información cuando se anuncia que alguien, un conocido, murió por efecto del coronavirus. La resistencia al distanciamiento social comunitario, en parte, está mediada por la falta de información específica de dónde se localiza la pandemia. Aquí, en este nivel territorial, es que quiero presentar la necesidad de involucramiento de los actores comunitarios en la lucha por la prevención o aportar desde esta dimensión social barreras que frenen el avance al coronavirus.
Las soluciones a los problemas de salud pasan por decisiones y políticas que trascienden las respuestas médicas. El tratamiento médico, clave en el sistema de salud, es insuficiente para responder a las amenazas del Covid-19. La respuesta ciudadana desde el territorio es una columna vertebral para frenar el crecimiento rápido de la enfermedad, que a nivel mundial ya afecta a cientos de miles. El virus está presente en una persona que está alojada en una vivienda y está vivienda se localiza en un barrio. El municipio como unidad política-administrativa y territorial dispone de tejido social y político con capital humano que puede aprovecharse para actuar preventivamente en el control de un “enemigo invisible” que hay que perseguirlo calle por calle, cuadra por cuadra, barrio por barrio.
Las estrategias para el cerco epidemiológico al coronavirus se encuentran con una barrera por superar: la centralización y el presidencialismo. La cultura política centralista bloquea mayores posibilidades para el empoderamiento ciudadano. Aunque la Ley General de Salud dispone de orientaciones para la desconcentración del sistema de salud, la burocratización en la toma de decisiones en regionales y provinciales (recentralización) limita considerablemente la eficiencia y eficacia de la aplicación de las políticas públicas en combate al coronavirus en esas unidades territoriales, y mucho menos a nivel municipal. Incluso, la composición de la denominada Comisión de Alto Nivel para Prevención y Control del Coronavirus, creada por Decreto Presidencial 132-20, deja fuera a los sectores profesionales y gremios, caso del Colegio Médico Dominicano, los que realmente gestionan día a día la salud pública y privada. También, han quedado fuera representantes de las estructuras públicas territoriales, como los ayuntamientos, que están directamente ejerciendo influencias, con liderazgos, ejercicios de competencias y funciones en las dinámicas sociales de las comunidades. La Comisión es exclusiva de ministros y directores, que si bien despachan desde Santo Domingo y algunos tienen competencias en los municipios, su proximidad con la dimensión local es bajísima.
La estrategia nacional apunta a conseguir el objetivo general: enterrar el Covid-19. Los instrumentos, organismos y estructuras operativas tienen que dar el salto desde lo nacional-regional-provincial hacia el municipio y las comunidades. Hay provincias donde se han constituidos comisiones de emergencias, que buscan dar respuesta al problema en el nivel municipal. No obstante y manteniendo la coordinación, la transferencia de poder hasta lo local se supone que sería más efectivo que los niveles sub-naciones, por razones culturales, identidad, confianza y capital social más compacto.
De modo rápido, los municipios que no lo han hecho, deben activar los instrumentos locales de participación social como el Consejo Municipal de Desarrollo, el Comité Municipal PMR (Prevención, Mitigación y Respuesta), el Comité de Presupuesto Participativo u otros que puedan existir. En estos instrumentos hay una enorme cantidad de instituciones y sujetos sociales con las más altas sensibilidades para involucrarse en acciones cara a cara o casa a casa de promoción de la necesaria distancia social, entrega de mascarillas, guantes, en la localización de personas envejecientes o con alguna discapacidad que están bajo riesgo, orientaciones sobre protocolo de prevención y tratamiento de la enfermedad. Desde estos instrumentos se pueden crear brigadas de solidaridad comunitaria.
La efectividad de los instrumentos municipales se amplía, lo cual es una condición sine quo non, con la coordinación con las Unidades de Atención Primaria de Salud (UNAP). Este nivel de salud, con experiencia, personal médico profesional, promotores sociales y reconocimiento comunitario está compelido a coordinarse con los ayuntamientos, los hospitales municipales y las comunidades. Para ser efectivo en el distanciamiento social hay que romper con el distanciamiento o aislamiento institucional. La UNAP dispone de competencias para la atención ambulatoria, vigilancia epidemiológica y seguimiento a pacientes especiales, pero necesita empujón de recursos para abarcar una cobertura territorial superior a la asignada, lo cual puede ser aportado por los ayuntamientos en este momento de crisis.
Sin obviar el rol de las estructuras nacionales, regionales y provinciales de salud, es necesario, urgente, hoy, no mañana; donde no se ha hecho, crear comisiones municipales de combate al Covid-9. En municipio con poblaciones intermedias y grandes se pueden crear comisiones municipales con ramificaciones en zonas o grandes barrios. La creación de comisiones, comités, asociaciones, consejos, Etc. son comunes en República Dominicana y en muchos casos inoperantes, muchas veces por razones ligadas a falta de voluntad política, compromiso y ausencia de funcionamiento en el cumplimiento de roles. En esta lógica de pensamiento planteo ideas que pueden servir para el diseño de un plan comunitario para el combate al Covid-19, desde los municipios.
Las UNAP, los ayuntamientos y las juntas de distritos municipales tienen recursos logísticos, operativos y humanos. Los gobiernos locales disponen de más de 800 millones presupuestado para salud, educación y género que se pueden reorientar para la adquisición de bienes y servicios que se están requiriendo para prevenir y tratar la enfermedad. También, hay recursos presupuestados para servicios y obras de infraestructuras que han cesados en su ejecución por razones de emergencia nacional. Cada concejo de regidores debe redactar y aprobar una resolución de declaratoria de estado de emergencia o desastre y modificar el presupuesto municipal (Art. 21, Ley 176-07). De los capítulos de servicios y capital pueden reorientar en dos meses un estimado de 1,200 millones de pesos.
Los ayuntamientos y juntas de distritos municipales pueden continuar, hasta que se acabe con la pandemia, ejecutando acciones de higiene pública en mercados, mataderos, cementerios y de los espacios de dominio público de alta circulación de personas; y supervisar día a día los servicios funerarios y el ingreso de cadáveres a los cementerios. Controlar la prohibición del uso de espacios recreativos como estadio de beisbol, canchas de baloncesto y voleibol. Sin cesar, continuar o iniciar fumigaciones en frente de plazas comerciales, intersecciones de calles y avenidas y estaciones de combustibles. Con estas acciones se pueden generar empleos en aquellos segmentos del mercado laboral que han quedado desprotegidos.
La intervención de la ciudadanía, la que está en el mismo territorio donde ha llegado o puede llegar el Covid-19, es de mucha utilidad. En Cuba más de 28 mil estudiantes de medicina visitan casa por casa a todos los habitantes para alertar y prevenir la cadena de contagio. Para todos los municipios dominicanos, aplicando el debido protocolo de protección, reclutar 20 mil personas para que en equipo compuesto por 3 voluntarios visiten todas las viviendas del país. Estas “Brigadas”, que se podrían denominar de Solidaridad Comunitaria, estarían llegando al frente de las casas y llenando formularios sobre las condiciones de salud de las personas que residen en las mismas. El personal del ayuntamiento con menos de 60 años y con capacidad para ejecutar las tareas, el liderazgo social de organizaciones comunitarias y ONG y los estudiantes universitarios de carrera de medicina y enfermería serían parte nodal del capital humano requerido.
Los insumos recogidos por estas “Brigadas de la Solidaridad Comunitaria” serían clave para la actuación preventiva y curativa por parte de la UNAP, los hospitales, clínicas y las familias. Las Brigadas serían instrumentos de participación para suplir datos para el seguimiento a la cadena de contagio, clave para el aislamiento social y territorial y por medio de data geolocalizada observar con precisión las comunidades sanas y de circulación del virus. También, clave para la protección de familias que viven en hacinamiento, en condiciones de vulnerabilidad y para las personas que tienen más de 60 años y que están en condiciones de salud de mayor riesgo. La data geolocalizada es un gran instrumento para el seguimiento a la cadena de contagio.
Para concretizar operativamente las acciones, todo el tejido social e institucional indicado en este análisis tiene que unir sus voluntades para el diseño de un plan rápido de participación comunitaria para el combate al Covid-19.
#QuédateEnCasa. Y si tú vas a salir que sea para ayudar a que se vaya el Covid-19