El problema de la explotación del oro por parte de la Barrick Gold no solo tiene el muy importante y escandaloso aspecto económico, con el agotamiento y la exportación de un muy apreciado y costoso recurso no renovable, sin que el país -y más específicamente el gobierno, que no es sinónimo de país y hasta puede que sea antónimo- reciba una remuneración apropiada.
El tema incluye las trascendentes cuestiones, dejadas completamente de lado por parte de las autoridades, como si se tratara de detalles irrelevantes, del costo ecológico y social y de salud pública y de la necesidad de una revisión de la política de explotación minera, que no sé lo que dirá en las leyes, proyectos y declaratorias, pero en la práctica, consiste en arrasar con todo lo que se pueda, a la mayor brevedad posible.
O al menos eso fue lo que hicieron durante toda la última década, Leonel Fernández y la camarilla del Comité Político del PLD, incurriendo en excesos inmanejables que ahora hay que recomponer de alguna forma, con los mismos protagonistas y responsables en el medio, como si no tuvieran nada que ver con lo ocurrido. Y como si nadie tuviera que rendir cuentas por los desastres.
A los gobernantes, funcionarios y legisladores no les importa la degradación del ambiente, el deterioro de los recursos naturales y el aumento de la contaminación, que repercuten de forma adversa en la salud y en la calidad de vida de las comunidades.
El modelo de explotación minera que con tanto desenfado hace a un lado los inconvenientes ecológicos, compromete el futuro del país. Y no el futuro lejano, sino el inmediato, aparte del presente y el pasado, ya que hemos acumulado continuas y graves agresiones al medio ambiente, sin que el nivel de reparaciones y recuperaciones pueda equipararse remotamente con las pérdidas.
Incluso si se recibieran ingresos cuantiosos y los “beneficios” no consistieran estrictamente en los sobornos, distinciones y favores proporcionados a quienes aprueban, apadrinan e impulsan los contratos, los impactos y daños colaterales de la minería y, en general, de la explotación desenfrenada de los recursos naturales, debían ponderarse con más cuidado y tomarse un poco más en serio, las prevenciones y controles.
De la misma forma como han dilapidado los recursos públicos, también han festinado los bosques, ríos y la fauna terrestre y marina. Y actúan con irresponsabilidad criminal y absoluta temeridad, ante asuntos tan vitales como la preservación de las fuentes acuíferas.
El caso de la Barrick Gold ejemplifica los extremos de irresponsable destrucción y contaminación del entorno, como también lo hace la amenaza contra Loma Miranda o contra Bahía de Las Aguilas, por solo mencionar las últimos tres grandes conspiraciones que Leonel Fernández nos dejó en la herencia.
El tema de la Barrick Gold también tiene aspectos políticos. Simplemente es insólito que la misma gente que aprobó el contrato desautorice su firma. Tiene que significar algo que los legisladores que votaron a favor del contrato, aplaudan el cuestionamiento y la renegociación del mismo y el episodio amerita explicaciones, que ni el Presidente Danilo Medina, ni los entusiastas legisladores de su partido, han proporcionado.
La Barrick Gold tiene un contrato formal, que compromete al Estado dominicano y el Presidente Medina miente -nos miente en la cara, considerándonos estúpidos y esperando aplausos- cuando le atribuye las inconformidades con lo que le corresponde al gobierno, al aumento del precio del oro en el mercado (una variable contemplada en el contrato, tan enrevesado que parece la cabeza de Medusa) aunque desde luego, la multiplicación tan considerable del botín, le abrió el apetito a quienes habían recibido lo acordado y ahora reclaman más.
El contrato, efectivamente, tiene que ser revisado y modificado, recién porque es un monumento a la incompetencia y a la corrupción. O tal vez los funcionarios, los legisladores y el ex-Presidente Fernández enloquecieron durante las negociaciones y se pusieron a dar lo que no era de ellos, sin que hasta el momento se sepa exactamente a cambio de qué. No hay que perder el tiempo preguntándole a Danilo, porque para éste, la historia parece que va a ser siempre la de que María estaba lavando y pasaron unos pececitos de colores volando con la brisa.
El contrato hay que modificarlo porque entre Leonel Fernández, el Congreso dominicano, Medioambiente, Minería y el nubarrón de aguzados asesores legales, no apareció uno que defendiera a la República Dominicana, cuando andaban para arriba y para abajo con los de la recién satanizada Barrick Gold, ultimando detalles sobre la posterior selección del estadista del año, entre otras agradables kermeses de similar naturaleza.
El contrato tiene que ser revisado (lo ideal sería que lo eliminen) porque el gobierno necesita dinero, (en parte para mantener el clientelismo y el ritmo de los desfalcos); la Barrick Gold está obteniendo realmente beneficios fabulosos con el oro del país y el acuerdo es tan leonino (aún para los estándares de la multinacional y sobre todo, para los estándares del gobierno) en contra de República Dominicana, que el olor a estafa compite con los efluvios de las descargas sulfurosas en los ríos de Cotuí.
Conste que cuando el honorable -“Voten! Voten! Voten!- Abel Martínez dice que no se le tolerarán afrentas a la Barrick Gold, ni por una millonésima de segundo me pasa por la cabeza que está defendiendo al país. El y los restantes ya votaron a favor del contrato del que ahora reniegan; pero seguro que encontrarán incentivos para negociar dos veces un mismo servicio.
Tal vez Félix Bautista acabe siendo accionista importante de la Barrick Gold, si es que ya no lo es y Leonel Fernández miembro de la Junta Directiva, o asesor en inversiones de alto riesgo. Ojalá así ocurra. La Barrick Gold merece tener esos socios y colaboradores.