En una ocasión, desde esta misma columna, por medio a un artículo titulado Los restos del procurador, escribí lo siguiente: “El recién designado Procurador General de la República, el Lic. Francisco Domínguez Brito, formó parte de la dura implementación del nuevo código desde esa misma posición, autogenerándose la apropiada sensibilidad para dar inicio en los actuales momentos a las implementaciones y reformas pendientes que tienen al sistema de justicia penal con una de las mellizas de atrás frenadas, sobre una carretera de curvas cerradas y mojones a la derecha del paseo que no advierten el kilometraje por recorrer para llegar a la meta deseada. A modo de reflexión, fijo la atención en las preguntas que más abajo se detallan, como una forma de llevar a la agenda del magistrado, las pocas cosas que faltarían por hacer, desde nuestra humilde posición como actor del sistema. ¿Podrá usted?

Promover y lograr la conformación de una policía técnica judicial, que de apoyo al ministerio público en las investigaciones que este realiza.

Combatir sin descanso el crimen organizado, ya que este constituye una gran amenaza a la que se encuentra sometida la sociedad en sentido general, el ignora fronteras y extiende sus mercados en la misma forma que lo hacen las multinacionales, aproximando bienes y servicios ilegales a todos sus consumidores, incluso, se igualan a los expertos del mercado, ya que son capaces de identificar con extrema pericia las insuficiencias del lícito comercio, creando necesidades allí donde es preciso incidir sobre el libre juego de oferta y demanda”.

Hoy, la policía técnica judicial continúa siendo un ideal sin alas y las fronteras y aguas territoriales para el crimen organizado, resultan ser una vecindad en la cual te acogen con dulzura si andas con billetes en las manos provenientes de la droga o de algún país desarrollado que haya decidido transcurrir de pesca sin ser visto por las algas.

El tema de la fuga de los pilotos franceses todos lo conocen y hago nada si volviera explicar cómo se fugaron. No somos estúpidos y sabemos que la seguridad del Estado estuvo comprometida en esa operación, la cual no quedó absuelta con el “sortilegio” firmado por los abogados de los pilotos en su país de origen y que enviaron a este territorio como “salvoconducto” de muchos, unos sí y otros no.

Muchas de las estructuras que dan soporte a la ejecución del código procesal penal no sirven y son tantos los actores que quieren tapar el sol con un dedo achicharrado, que lo que dan es pena, ya que al no reconocer las debilidades continuas de las mismas, hacen un servicio costoso y deficiente para los fines de la Patria.

La prisión preventiva es la última ratio, el último recurso, la medida de coerción a consignar cuando no queda de otra, es la número 7 del artículo 226 del Código Procesal Penal, sin embargo, las pobres estructuras de control no permiten al juez que ante un hecho grave, sea selectivo de acuerdo al arraigo, es simplemente imponer la 7, porque no hay de otra, el código es garantista, o sino pregúntenle a Javier Llobet, pero, nuestras estructuras están podridas desde antes de la promulgación de dicha pieza y las autoridades lo saben, ya que aquí la voluntad política es de otro color, es Francia o de otro país que se antoje, por eso, la debilidad insistente y protegida siempre, por que convienen instituciones débiles, es parte del sistema.

Los franceses se la lucieron y enlodaron más nuestro pobre sistema, y a mí no me digan que es un caso aislado, que es sólo de los pilotos y sus secuaces, es Francia y punto, ahora bien, el legado histórico que ese país ha depositado en las entrañas del derecho dominicano está por encima de los intereses de un gobierno de turno y eso no lo olvidaremos nunca, mientras tanto, nos permitieron ver una vez más, que no existe voluntad política en mi país de cambiar las estructuras, ya que para los fines, son las ideales.