Esta semana los senadores que reciben el inconstitucional y tan cuestionado fondo de asistencia social (barrilito), promovieron y aprobaron en primera lectura, a la velocidad del rayo, un proyecto de ley de eliminación de exoneraciones impositivas e incentivos, incluyendo en este los especializados a sectores esenciales para nuestra estabilidad y crecimiento económicos (zonas francas, generación de energía, turismo).
El espectáculo, con bravuconadas incluidas, es una reacción de dichos congresistas, primero, a los serios y justos cuestionamientos que la ciudadanía viene haciendo por años al fondo de asistencia social (barrilito), que, como vimos en el Informe de Alicia Ortega, es desviado para asuntos no previstos en el reglamento de uso de dichos recursos, además de constituir un elemento distorsionador de las funciones legislativas, de representación y fiscalización de los senores senadores y diputados (cofrecito). Y, en segundo lugar, es una forma de extorsión, de gran parte de los integrantes de la cámara alta, ante la reiterada petición ciudadadana de eliminación de las dos infamantes exoneraciones de vehículos que reciben los señores congresistas en cada período legislativo.
Ante esta penosa exhibición de nuestros representantes creo oportuno traer a la discusión pública nuevamente un artículo titulado “Un congreso unicameral” que escribí en el último cuatrimestre del año pasado año.
“A pesar de que somos un país con una extensión superficial de apenas 48,448 kilómetros cuadrados, con unos 11 millones de habitantes, un presupuesto de alrededor de un millón de millones de pesos anuales y un PIB de alrededor de 90 mil billones de pesos, tenemos un congreso bicameral como las primeras naciones del mundo.
El Reino Unido tiene un PIB de 3,000 trillones de dólares; los Estados Unidos de América de 21,000 trillones de dólares; los Estados Unidos de México 1,300 trillones de dólares; Alemania 4,000 trillones de dólares; Brasil 2,000 trillones; y, Argentina 600,000 billones de dólares.
La diferencia es que estos son países federados que por su tamaño geográfico, población y producción de bienes y servicios, entre otras variables que inciden en la organización política del país y en el número de sus legisladores, la República Dominicana, aún cuando tenemos un gobierno unitario, se da el “lujo” de tener un congreso bicameral.
Tenemos una cámara alta –Senado de la República– y una baja –Cámara de Diputados- pues heredamos una organización estatal propia de países federados como los referidos.
Ha llegado el momento de reconocer lo que somos. El que pretendamos ser una gran nación, por nuestros valores, el nivel de desarrollo institucional y humano, la fortaleza de nuestras instituciones y otros elementos para nuestra consolidación como país, el nuestro es un país pequeño.
Pero somos creídos y nos gastamos un Congreso Nacional similar en tamaño a países tan grandes como los más desarrollados y más extensos del mundo.
Si queremos realizar una reingeniería estatal que haga del gobierno de la nación algo funcional y adecuado a nuestros recursos, como pretende el presidente Luis Abinader, debemos reducir tanto el tamaño de nuestro Congreso con su composición de dos cámaras a una, destinando los recursos excesivos que gastamos en nuestros senadores y diputados en educación, salud y vivienda.
Esa es solo la punta del iceberg, pero constituiría un mensaje sombrilla para todo el país, ya que lo propio debe ocurrir con el monstruo de mil cabezas que es el Estado dominicano, cuyos ministerios e instituciones se reproducen como la verdolaga, con el consecuente dispendio de recursos que tanto necesitamos en áreas sensibles, fundamentales y vitales de nuestra gente”.
Presidente Abinader, tal como hizo, al escuchar al pueblo, para dejar sin efecto una pretendida reforma tributaria (para aumentar los impuestos), le recomiendo asumir su incuestionable liderazgo, proponiendo en la próxima reforma constitucional la reducción del pulpo congresual, quedándonos solo con la Cámara de Diputados, reducida y regulada hasta el nivel posible, para mayor eficiencia y uso eficiente y cualitativo del gasto.