De entrada, algunos al leer el título de este artículo dirán que al Congreso Nacional se le rinden cuentas cada año tal como disponen los artículos 114 y 115 de la Constitución. Sin embargo, en la práctica la rendición de cuentas se limita al discurso presidencial sobre sus ejecutorias y planes, y el envío de las memorias institucionales de los distintos ministerios y demás entidades de la Administración al Congreso Nacional para que tomen conocimiento de lo que se ha venido realizando con el presupuesto nacional.
Digamos, entonces, que la rendición de cuentas al Congreso Nacional es por tradición política un simple formalismo tanto de parte del presidente de la República como de todos los ministerios y organismos públicos.
En alguna medida este simple formalismo se explica por nuestra cultura política del hiperpresidencialismo y, por consiguiente, la limitación del Congreso Nacional a su función legislativa, y en los últimos años, a la aprobación o no de préstamos suscritos por el Poder Ejecutivo.
La función de fiscalización del Congreso siempre se limita a los informes y discusiones de las comisiones de hacienda de ambas cámaras, así como a la labor individual de varios congresistas que también escarban en las finanzas públicas en pro de exigir mayor transparencia respecto diversos procesos de contratación de alto interés público.
La fiscalización es una función esencialísima del Poder Legislativo, es la que de alguna forma mantiene en el cauce de la legalidad a las actuaciones del Poder Ejecutivo y demás instituciones. En este país no estamos acostumbrados a un Congreso Nacional que fiscalice
El fortalecimiento institucional del país y, por tanto, el aseguramiento de sus pasos hacia un mayor desarrollo social y económico va de la mano de un Congreso Nacional que fiscalice más y mejor el uso de los recursos públicos. Así como necesitamos un Congreso proactivo en cuanto a su función legislativa, que esté al día con la práctica jurídica y la resolución de problemas, también es necesario un Poder Legislativo pendiente de las acciones del gobierno, que supervise las ejecutorias presupuestarias y pida explicaciones sobre operaciones de dudosa legalidad.
Demasiados son los escándalos semanales sobre actividades sospechosas desde la Administración sin que ninguna de las comisiones del Congreso Nacional haya pedido alguna explicación. La dinámica de frenos y contrapesos prevista en la Constitución es la que permite un ejercicio comedido del poder y que de alguna forma garantiza mayores niveles de transparencia en la función pública.
El Congreso Nacional a partir de agosto tiene que ser uno al que verdaderamente le rindan cuentas, le den explicaciones por escrito y en audiencias públicas de todo cuanto fuere de interés nacional. Es imprescindible tener un Congreso Nacional que sea capaz de condicionar la aprobación del presupuesto nacional bajo lineamientos de cumplimiento de metas de parte del gobierno, dejando atrás la atroz práctica de ser una máquina dispensadora al antojo del Poder Ejecutivo.
La interpelación de funcionarios debe dejar de ser excepcional y convertirse en un ejercicio democrático ordinario. De hecho, si bien la Constitución no prevé la interpelación del Presidente de la República, el artículo 115 de ésta hace una reserva de ley para los procedimientos de control y fiscalización que pudiera dar lugar a la aprobación de una ley donde se prevea una rendición de cuentas presidencial con el contraexamen de parte del Congreso Nacional, esto no sería para un show político sino para que el discurso presidencial pueda ser escudriñado por los representantes de los ciudadanos.
La fiscalización es una función esencialísima del Poder Legislativo, es la que de alguna forma mantiene en el cauce de la legalidad a las actuaciones del Poder Ejecutivo y demás instituciones. En este país no estamos acostumbrados a un Congreso Nacional que fiscalice; pero ya es hora de empezar una dinámica virtuosa desde el Poder Legislativo para fomentar una cultura de transparencia y debate democrático que fortalezca la institucionalidad.