A pocos dominicanos les cabe duda de que el Congreso de la República aprobará la reforma fiscal propuesta por el poder ejecutivo. Dos lecturas consecutivas bastaron para aprobarlo en el Senado y la Cámara de Diputados hizo lo mismo con algunas modificaciones.

De este comportamiento resulta evidente que el Congreso respalda la política fiscal irracional de la administración Fernández que despilfarra los recursos de todos los dominicanos y que no ha hecho el menor esfuerzo por escuchar propuestas alternativas apesar delas advertencias de todos los sectores que demandaron la reducción del gasto público.

Los legisladores oficialistas no repararon en el hecho de que el incumplimiento con las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está directamente relacionado con el incremento del déficit fiscal, es decir con la falta de control en el gasto.

Lejos de colaborar con la disciplina fiscal de la presente administración, el Congreso estimula el gasto para cumplir con elpropósito de contribuir con la acumulación originaria de capital (Marx, 1867) que experimentan algunos miembros del partido oficial.

Según la propaganda oficial, los congresistas peledeístas electos para apoyar medidas de políticas económicas que contribuyan con el desarrollo económico y socialde la nación, prefirieron respaldar la irracionalidad de la política fiscal. Esta irracionalidad seexpresaen el desorden prevaleciente enla inversión pública yla inclinación al mantenimiento del clientelismo oficial.

Además, el Congreso respaldará con su aprobación la ausencia de calidad en el gasto del gobierno ya que nunca cuestionó la falta de metas cuantificables para medir la eficiencia y la eficacia de la ejecución presupuestaria durante el 2011.

El Congreso ademáscontribuye conla pasión gubernamentalpor el endeudamiento público que permite mantener el nivel de gasto yque, al mismo tiempo, sustituye la caída de las recaudaciones impositivas que se han registrado (2007-2010) a pesar del acelerado crecimiento económico que muestra el país durante la prolongada estabilidad macroeconómica.

Esa pasión no ha logrado detener el incremento sostenido del déficit fiscal (más de RD$160,000 millones en los últimos tres años); colocandosobre los hombros de los futuros gobiernos el fardo político de reordenar la economía. Resulta increíble que la estabilidad macroeconómica, recostada “cómodamente” en el significativo endeudamiento público, produzca tan amplio rechazo social.

Cuando el Congreso termine el proceso de aprobación del paquete fiscal, el gobierno dispondrá de unos US$3,700 millones provenientes de préstamos internacionales y locales que incluyen al FMI, el Banco Mundial, colocaciones locales e internacionales de bonos así como el uso de préstamos del acuerdo de Petrocaribe.

El aumento del gasto público, financiado con deuda, estimularía el crecimiento económico. Cabría señalar sin embargo,  que este resultado no contempla que la propensión marginal al ahorro es inferior a la propensión marginal a invertir, lo que debería reducir el efecto multiplicador del gasto gubernamental sobre el producto de acuerdo a la propuesta keynesiana (Keynes, 1936).

En otras palabras, si el consumo final permanece en alrededor del 95% del PIB como ocurrió entre 2008-2010, el incremento del gasto público no debería traducirse por completo en una aceleración del ritmo de crecimiento del PIB, sobre todo si se tiene en consideración que un tercio del presupuesto de gasto se destina al pago del servicio de la deuda (intereses y amortización).

Si las autoridades cumplen con el acuerdo con el FMI, el déficit fiscal terminaría alrededor de RD$33,000 millones en el 2011. No obstante, se espera que se supere ese saldo ya que el gobierno electoralmente trabaja en dos direcciones. Una que eventualmente apoyaría al candidato oficial, por lo cual desviarían recursos del presupuesto para la campaña política (i.e. el presidente anunció su incorporación a la campaña por su partido) y la otra en la que se empeña para empeorar las condiciones económicas que encontrará el próximo gobierno. Ambas estrategias conducen al empeoramiento del bienestar de los electores.

Como el Congreso no ha desarrollado todavía mecanismos de supervisión de la ejecución presupuestaria del gobierno central, entonces este órgano no puede contribuir a mejorar la calidad del gasto, es decir ni su eficiencia ni su eficacia. Cabría esperar que la política fiscal tome el rumbo que más convenga a los intereses del partido de gobierno.

Y no podría ser de otra manera ya que el Congreso exhibe las mismas prácticas clientelares que el gobierno, por lo que el órgano supervisor no puede servir de balance democrático entre los poderes del Estado.

Se trata de un órgano inservible a los fines de estimular la realización de una buena gestión presupuestaria y fiscal, por lo tanto no resulta ser un instrumento para el desarrollo económico y social de la nación dominicana.