Soy ciudadana dominicana, abogada de profesión, exservidora pública y lamentablemente desde hace seis años soy víctima del delito de estafa. Esta calidad de víctima era algo de lo que jamás pensé me podía pasar, sin embargo, llegó a mi vida y con ello he tenido que lidiar.

Bajo esta condición y a mi favor puedo decir que, como abogada, conozco algo de leyes y más aún del ámbito penal, lo cual me facilita saber qué presentar ante el ministerio público para sustentar y valorar mi caso, con cuál abogado de los que conozco contactar para mi defensa y representación personal, qué tiempo estimado esperar para definición de mi caso, y así sucesivamente puedo enumerar otros cuantos recursos que poseo producto de la experiencia en mi rol profesional.

Hoy veo víctimas que, como yo, han sufrido algún daño o algún delito en su contra, pero que no saben qué hacer o adónde acudir para protección de sus derechos y representación legal gratuita en un tribunal. Mi ejercicio profesional de los últimos años se ha basado en representar legal y gratuitamente a víctimas que han sido explotadas sexualmente, desde la organización Misión de Internacional de Justicia.

Cada vez que mi equipo se introduce en un caso para representación legal, brindamos acompañamiento y atención integral a la víctima, con el apoyo de psicólogas y trabajadoras sociales para alcanzar restauración. Es decir, se facilitan terapias psicológicas, acompañamiento durante su proceso legal, empoderamiento económico, de estudio e inserción laboral, buscando con esto alcanzar justicia y restauración. Por tanto, las víctimas que hemos representado han tenido la oportunidad de recibir estos servicios como una respuesta integral ante el daño que han sufrido, servicios que conllevan un período de dos años o más, pero que llevan como finalidad alcanzar justicia y restauración completa.

Partiendo de la satisfacción que ha sido para el equipo que compone Misión Internacional de Justicia ver a nuestras víctimas protegidas, restauradas, empoderadas, con oportunidades de superación y empleo; mientras sus agresores guardan prisión mediante una condena, me pregunto, ¿qué reciben las víctimas de un delito en el país para su acompañamiento, asistencia y restauración integral de parte del sistema de justicia, donde no participa una ONG? Más aún, ¿con cuáles mecanismos, leyes o estructuras cuenta el Estado Dominicano para suplir las necesidades integrales de una víctima del delito?

Naciones Unidas ha definido el concepto de víctima como la persona que, individual o colectivamente, ha sufrido daño, lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros. (Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder. Asamblea General ONU, 29 de noviembre 1985).

Por su parte, el Código Procesal Penal Dominicano establece en el artículo 83 que se considera víctima a “la persona ofendida directamente por el hecho punible; al cónyuge o unido consensualmente, hijo o padre biológico o adoptivo, parientes dentro de tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, a los herederos, en los hechos punibles y cuyo resultado sea la muerte directamente de la persona ofendida, o una imposibilidad física de ejercer directamente la acción; a los socios, asociados o miembros, respecto de los hechos punibles que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan”.

Del mismo modo, el artículo 84 del Código Procesal Penal detalla los derechos con los cuales cuenta una víctima, entre los cuales se destaca recibir protección para su seguridad y la de sus familiares y recibir asistencia técnica legal gratuita en caso de insolvencia económica.

Me pregunto si la víctima de explotación sexual conoce los derechos que les resguarda la ley. Me pregunto si la víctima sabe dónde dirigirse en búsqueda de respuesta y orientación sobre un caso que le ha sucedido. Me pregunto si la víctima conoce de abogados gratuitos que le proporciona el Estado para representación de sus derechos, y me pregunto si la víctima tiene acceso al sistema de justicia para recibir seguridad y protección. En mi caso legal personal del cual soy víctima, puedo contar con la ventaja de “saber” sólo por casualidad estas respuestas, pero dudo mucho que una víctima del delito pueda tener conocimiento de ellas. Es en ese sentido que debemos preguntarnos, qué hace falta para mejorar el acceso a la justicia para las víctimas del delito.

Varios países de la región han adoptado leyes nacionales para protección a las víctimas de delitos y las que sufren violaciones de derechos humanos, entre ellos México, Costa Rica y Colombia. Guatemala, por ejemplo, adoptó una ley que crea el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, el cual funge como ente rector de las políticas victimológicas en el país, y la institución encargada de brindar asistencia y atención a las víctimas del delito. Dicho instituto es un ente autónomo, con patrimonio propio e independencia funcional y orgánica, que presta servicios a las víctimas del delito a través de asistencia legal gratuita para lograr la reparación digna a la cual tienen derecho, atención psicológica y apoyo en la búsqueda de alternativas y soluciones para afrontar las secuelas del delito. Su objeto es garantizar el acceso a la justicia y un trato justo para alcanzar la reparación digna, integral y transformadora a la que tiene derecho¹.

República Dominicana cuenta con algunos recursos e instituciones que implementan y desarrollan programas para la atención de la víctima, entre ellos podemos mencionar CONANI, el cual brinda asistencia de cuidados posteriores y representación legal a niños, niñas y adolescentes, lo mismo el Ministerio de la Mujer a favor de mujeres, especialmente las que han sido víctimas de violencia de género, y por último el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (RELEVIC) de la Procuraduría General de la República, que da servicios a toda víctima de cualquier delito. Frente a estas tres instituciones del Estado, ¿cómo sabe una víctima a cuál acudir?

La incertidumbre de una víctima no saber de manera clara dónde dirigirse para recibir asistencia y representación legal de sus derechos gratuitamente hace necesario que contemos con una institución que represente de manera integral a las víctimas de cualquier delito y que posea una estructura a la cual pueda acudir fácilmente cualquier persona para recibir atención integral de sus necesidades por consecuencia del delito sufrido. Necesitamos de una institución que vele por la protección de los derechos de la víctima, que brinde atención médica, psicológica, orientación social y tratamiento post traumático para la recuperación de su salud física y mental, como ha dispuesto el país guatemalteco.

El artículo 14 de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de Naciones Unidas, establece que las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos con la finalidad de facilitar el acceso a ellos.

El sistema de justicia dominicano carga una deuda muy grande con la víctima, la desamparada del proceso penal en contraposición al imputado de un delito, quien cuenta desde hace tiempo con una defensoría pública basta y suficiente. Algunos intentos se han hecho buscando lograr una ley de protección a víctima desde 2010 pero no caminó, y un servicio nacional de representación de sus derechos que queda muy por debajo de lo que es, por ejemplo, la defensoría pública.

Desde la sociedad civil necesitamos impulsar un centro de atención a toda víctima del delito para protección de sus derechos, acompañado de provisión de servicios integrales que buscan más que restaurar un trauma, empoderar y salvar una vida. Un centro que sirva como un solo lugar donde la víctima, sin dar tantas vueltas, reciba las atenciones requeridas. Necesitamos facilitar a nuestras víctimas el acceso a la justicia con cuidado integral de sus necesidades.

Referencias

¹Instituto de la Víctima, recuperado en https://institutodelavictima.gob.gt/quienes-somos/

 

*Sonia Hernández es abogada litigante, procesalista penal, exprocuradora fiscal de la Provincia Santo Domingo. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente se desempeña como Directora asociada del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia para Misión Internacional de Justicia