El Gobierno ha decidido asignar prioridad a la reducción la mortalidad materno-infantil. El presidente Danilo Medina designó, mediante decreto 498-14, el 2015 como el "Año de la Atención Integral a la Primera Infancia". Esta iniciativa refuerza los programas especiales de la Presidencia, orientados a “fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social”. La mayor desprotección recae sobre las familias más numerosas y de bajos ingresos.
El Programa comprende atención directa desde el embarazo y nacimiento, hasta 4 años y 11 meses, en Estancias Infantiles previstas en la Ley de Seguridad Social. Además, en Centros Comunitarios dedicados a niños y niñas con necesidades educativas especiales y discapacidad, incluyendo visitas a los hogares y orientación a los padres.
El decreto recalca que "el Gobierno Dominicano se propone construir un modelo de atención integral, centrado en la familia y la comunidad, desde una perspectiva de derechos y con énfasis en la prevención de riesgos en la infancia". Esta estrategia basada en la promoción y prevención representa un paso de avance, ya que la atención primaria familiar constituye la zapata fundamental sobre la que se cimenta el Seguro Familiar de Salud (SFS).
Por su parte, la Dra. Altagracia Guzmán Marcelino, Ministra de Salud Pública, ponderó el decreto y prometió impulsar todas las acciones necesarias para reducir la mortalidad materno-infantil durante el 2015. Ambas decisiones responden a reclamos de la sociedad y a recomendaciones de organismos internacionales, especialmente después que la pasada administración reconociera su incapacidad para alcanzar los Objetivos del Milenio sobre la reducción de los altos índices de mortalidad materno-infantil.
A diferencia de otras naciones latinoamericanas con similares niveles de crecimiento, pero con mejores indicadores sanitarios, nuestro país cuenta con una extensa red de centros de salud y grandes facilidades de transporte y comunicación. En adición, la casi totalidad de los partos son atendidos en hospitales públicos y privados dotados del personal y el equipamiento necesarios para una adecuada atención. A pesar de estas ventajas, el problema persiste para vergüenza de todos.
La mayoría de los estudios atribuyen la elevada mortalidad materno-infantil, principalmente a tres factores: 1) a la obsolescencia del actual sistema de salud, agravada por deficiencias en la regulación y supervisión; 2) a los escasos recursos del Ministerio, cuyo presupuesto ha rondado sólo el 2.0% del PIB; y 3) a la falta de sanción al personal responsable en los casos de mala práctica médica comprobada.
No dudamos que la ministra podrá lograr resultados positivos, dado su sentido de austeridad y liderazgo. Pero, independientemente de sus buenas intenciones, con el exiguo presupuesto asignado, no es mucho lo que puede esperarse durante un año preelectoral, tomando en cuenta las ineficiencias y la pesada carga burocrática y administrativa. En esas condiciones, cualquier avance mayor implicaría debilitar otros programas también importantes.
Para no caer en la tentación de desvestir un santo, la Ministra tendrá que emplearse a fondo para lograr una asignación complementaria. Ojalá las autoridades no cometan el error de otras que declararon años con objetivos sociales importantes, los cuales transcurrieron sin penas y sin gloria, debido a que nunca asignaron los recursos indispensables para alcanzarlos.