“En la política importa quién dice las cosas,
cómo la historia y la biografía del que habla da fe de lo que dice….
Es poco creíble un proyecto trasformador ofrecido por quienes
han renunciado anteriormente a él.”
Fernando Atria
Los últimos acontecimientos no debieran ser tratados solo como una encrucijada frente a las próximas elecciones. Lo que ha ocurrido y está ocurriendo invita a tener como marco la democracia como promesa. El marco democrático permite medir y analizar los resultados de estos acontecimientos como elementos que ayudan o dificultan el acercamiento a la promesa democrática.
Ya es evidente también que la modalidad en que se relacionan los componentes del sistema político -el régimen político- no se corresponde con una democracia plena y lo recién ocurrido va mucho más allá de la falta de institucionalidad democrática. El hecho de que la institucionalidad de la democracia incompleta que vive República Dominicana haya sido cuestionada es una clara señal de alerta, y si se trata de ejemplificar la mejor muestra fue lo ocurrido con el presidente del PLD en la calle protestando frente a un Congreso controlado por el partido que él preside y acompañado por algunos de sus legisladores que trataban de impedir el funcionamiento normal del poder legislativo. La presencia de altos oficiales en retiro de las fuerzas armadas consiguió la algarabía de los nostálgicos de tiempos peores. Ni desde la institucionalidad no democrática puede ser esto justificado, pero no puede haber duda de que han comenzado a aparecer síntomas de agotamiento del sistema que políticos de vista corta difícilmente podrían asumir pues están demasiado ocupados en su participación en la próxima elección.
Se puede afirmar que la crisis, aunque de baja intensidad, se expresó en el desarrollo de acciones fuera de la institucionalidad por la incapacidad de los actores políticos de controlar e influir en las decisiones y el accionar del congreso y de los partidos. Institucionalmente una reforma constitucional se decide en una Asamblea Nacional Revisora, pero dada la desconfianza de los dirigentes partidarios en el comportamiento y motivación de los legisladores se debió recurrir a otros mecanismos. Ocurrido esto sobran aún mayores argumentos para sustentar lo que decimos pues los mismos que salieron a callejear decían tener los votos para impedir la reforma y sus conductas delatan como actuarían si fueran gobierno.
Lo anterior tiene importancia como primera evidencia del agotamiento del sistema político y lo señalo no porque crea que la reelección sea lo principal (https://acento.com.do/2018/opinion/8602850-no-la-reeleccion-estupido/), sino por la necesidad de tener clara la forma en que se irá construyendo una institucionalidad democrática. Pero ésa no es oferta de nadie todavía.
Si creemos que los titulares de la prensa dicen algo, muy pocos y pocas pueden ignorar el hecho de que la constitución está siendo discutida, y no va a pasar mucho tiempo antes de que los bandos políticos principales y quienes aspiran a serlo se ordenen en torno a los candados o en torno a la idea del cambio constitucional para la democracia.
Pero atención: hay normas legales recientes que impiden la democracia como promesa. Habría que ser muy obtuso para ignorar que la reciente ley de partidos y la de régimen electoral no aseguran, más bien impiden, una “democracia electoral”. Y si el Tribunal Constitucional considerara que lo establecido en esas leyes está de acuerdo con la Constitución, estarán también poniendo en escena la necesidad del cambio constitucional. Es ahí donde se romperá el clivaje tradicional del post trujillismo: gobierno-oposición. Propongo que observemos los dos grandes partidos desde la definición teórica de Katz y Mair a partir de la forma en que se repartieron los recursos del Estado para financiar a los partidos. Ambos, el PLD y el PRM, son partidos cartel sin discusión alguna, por la forma en que se relacionan con el Estado. Ambos reciben recursos cuantiosos e ilegítimos desde el punto de vista de la equidad electoral. Ambos cobran por el padrón electoral, no por el número de electores que concurren a la elección ni por el número de votos obtenidos. Entonces, cuando en esas circunstancias se levanta como bandera la alternancia, no queda más remedio que recordar el detestado “quítate tú para ponerme yo”.
Sorprende ver tantas opiniones contradictorias frente a la necesidad de reforma, en especial porque esos mismos opinantes levantan necesidades como la independencia del Poder Judicial, la que no puede conseguirse sin reforma constitucional. Ya en el párrafo anterior escribimos acerca de la negación de democracia electoral, entonces cuesta creer que la democracia plena esté más cerca sin reforma constitucional. Agradecería igualmente que alguien nos explique cómo se consigue el fin de la impunidad sin reforma constitucional.
Suscribo aquello de que un momento electoral no es el mejor momento para una reforma constitucional. Sin embargo, será difícil discutir que no hay mejor momento que el de una campaña electoral para proponer los contenidos de una reforma y la modalidad en que podrá realizarse.
Por último, el que se llegue a algún grado de ruptura institucional no debería provocar ningún temor, pues las pasadas semanas estuvieron llenas de ese tipo de rupturas y contaron con un beneplácito muy variopinto por lo que hasta debería ser puesto sobre el tablero del debate el desafío de una Asamblea Constituyente (https://acento.com.do/2012/opinion/206178-asamblea-constituyente/) que discuta y apruebe la Constitución de la democracia dominicana.