No, no son tribunales especiales. Se trata de un programa que se implementa dentro de la agenda ordinaria de los tribunales de la instrucción. La herramienta legal que le sirve de base es la salida alternativa al proceso penal denominada “suspensión condicional del procedimiento”, partiendo de un enfoque de análisis económico del derecho, y de justicia terapéutica.
La realidad es que el fenómeno de la adicción a las drogas siempre existirá y que el derecho penal no ha probado ser el mecanismo adecuado para disminuirlo. El propio documento de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas (2010) establece que la dependencia de drogas es una enfermedad, crónica y recurrente, y que por tanto ha de ser tratada como parte de las políticas de salud pública. Entonces, ¿por qué insistir en tratar al adicto como delincuente?
El abuso de drogas es de naturaleza compulsiva, por eso es adicción, y no cesa al cruzarse el umbral de la prisión. En Estados Unidos, de acuerdo a un informe del National Institute on Drug Abuse (NIDA), aproximadamente el 70% de los individuos en prisiones estatales y cárceles locales abusan de las drogas de forma regular, en comparación a un 9 por cierto de la población general. Estudios llevados a cabo por el NIDA coinciden en que el tratamiento de drogas reduce en un 50% el abuso de sustancias, influye en el descenso de la actividad criminal en un total de hasta 80%, y disminuye los arrestos reincidentes hasta en un 64%.
Los delitos contenidos en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas son los delitos de mayor incidencia a nivel nacional, y los que por tanto más acaparan el trabajo de los fiscales. Como ejemplo, el número total de casos ingresados en el año 2011 por violación a la Ley 50-88 fue de 17,465, para un 22,50% (PGR).
Por supuesto que no todos estos delitos merecen igual tratamiento, tomando en cuenta el distinto grado de afectación social de los mismos, siempre en el marco de lo establecido en la norma procesal penal; pero sobre todo, en razón de que al ser los recursos siempre escasos para ser eficientes necesariamente se deben discriminar los casos atendiendo a su nivel de gravedad y daño a la sociedad en su conjunto. Lo que digo con esto es que un adicto no puede recibir igual tratamiento que quien trafica drogas (aunque la ley así lo pretenda) por ser irracional y desproporcional.
Bajo este modelo, la recuperación de la persona es directamente supervisada por el juez, quién mantiene en todo momento el poder de premiar el progreso o de aplicar medidas correctivas en caso de recaída. Para este trabajo, se sirve del apoyo de un equipo multidisciplinario compuesto por fiscales, abogados defensores, oficiales de policía, profesionales del área de la salud y trabajadores sociales, quienes colaboran en el proceso de rehabilitación y reintegración del individuo a la comunidad.
El tratamiento de drogas bajo supervisión judicial no sólo contribuye a una disminución de la reincidencia, sino que además arroja resultados muy positivos en la relación costo-efectividad. La Asociación Nacional de Profesionales de Tribunales de Tratamiento de Drogas de los Estados Unidos señala que la alternativa de tratamiento al encarcelamiento para infractores dependientes supone un retorno en la inversión al sistema de justicia de una media de $2,21 por cada dólar gastado, y hasta $12 en impacto comunitario por cada dólar invertido.
Por el contrario, abandonar a los adictos a su suerte encerrándolos en una cárcel implica un importante costo general para las comunidades, en cuanto a la alta probabilidad de reincidencia, elevados gastos penitenciarios, costos para el funcionamiento de los procesos, y del sistema judicial penal en general.
Ya son varios los países latinoamericanos que han optado por la implementación de este programa, con sus variantes, y, por vía de consecuencia, por la no persecución del consumo, siendo Chile el país modelo a nivel regional; otros son: México[1], Costa Rica[2], Uruguay[3], y Brasil[4].
República Dominicana, con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, se apresta a poner en funcionamiento un plan piloto en este sentido en el Distrito Nacional, desplegando así el Ministerio Público una política criminal homogénea y transparente en la materia. Ojalá y tenga mucho éxito.