En el año 1995 nací, mismo año en que el gobierno dominicano firmaba la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que ha sido el principal documento de política mundial sobre igualdad de género y empoderamiento de las niñas y mujeres y el plan más progresivo sobre salud sexual y reproductiva:
‘’La mujer tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. El disfrute de ese derecho es esencial para su vida y su bienestar y para su capacidad de participar en todas las esferas de la vida pública y privada. La salud no es sólo la ausencia de enfermedades o dolencias, sino un estado de pleno bienestar físico, mental y social.’’
Asimismo nuestro país ratificó en el año 1996 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer más conocida como Convención de Belém do Pará, que fue el primer tratado internacional que consagró el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como en el privado. También fué ratificada en el año 2001 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mejor conocida como la CEDAW, los Estados que ratifican la CEDAW tienen la obligación legal de erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer en todos los ámbitos de la vida y de velar por el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, a fin de que puedan ejercer y disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
El Estado debe desempeñar un rol activo en la construcción de sociedades igualitarias, tras décadas de haber suscrito estos compromisos, pocos han sido los esfuerzos que se han adoptado en el marco normativo nacional para avanzar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes dominicanas. Garantizar el éxito de estos tratados en especial de la Plataforma de Acción de Beijing exige un compromiso decidido de los gobiernos y de todas sus instituciones en todos los niveles.
Si las políticas públicas sirven para intentar solucionar los problemas a los que se enfrenta la población, puesto a que son "el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado (las y) los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios’’. Entonces, podemos inferir que la salud sexual y reproductiva de las mujeres aún no ha sido considerada prioritaria por ningún gobierno, es por esto que actualmente hay resistencia para aprobar algo tan elemental para la vida, salud y dignidad de las mujeres como las tres causales de interrupción del embarazo y que ahora intentan disuadirnos con una supuesta ley especial.
Las cifras altas de mortalidad materna, embarazos en adolescentes, la falta de información adecuada y oportuna sobre sexualidad y acceso a anticonceptivos y la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo evidencian las injusticias reproductivas ejercidas por el Estado dominicano y su omisión en la atención efectiva de la salud sexual y reproductiva, faltando gravemente a los compromisos asumidos internacionalmente en esta materia.
En el 2020 la mortalidad materna incrementó un 27% en el país, a 208 mujeres fallecidas por causas evitables vinculadas al embarazo. La tasa es de 95 por cada cien mil nacidos vivos, siendo esta una de cifras más altas de América Latina, por encima de Uruguay con un 15 por cada 100,000, Chile 19.8 por cada 100,000 y Argentina 40 por cada 100,000 nacidos vivos. De esa cifra se estima que cerca del 9% se deben a complicaciones derivadas por abortos inseguros. Los datos de salud pública muestran que el 20,5 por ciento de las niñas y mujeres jóvenes de 15 a 19 años en la República Dominicana quedan embarazadas en la adolescencia. La mayoría de estos embarazos no son planeados, ni deseados.
El debate sobre la justicia reproductiva, el derecho a decidir, la autonomía corporal y la redistribución de los recursos concretos para su pleno ejercicio –educación sexual, acceso a anticoncepción y aborto seguro – constituyen demandas incumplidas en las democracias latinoamericanas. Esas deudas son de especial significancia en contextos socioeconómicos muy desiguales y anómicos como República Dominicana, donde la pobreza y el sector de cuidados están ampliamente feminizados. Las mujeres jóvenes, niñas, adolescentes, de los barrios, de las castas sociales excluidas, afrodescendientes, las migrantes y las discapacitadas sufren desproporcionadamente la falta de educación sexual integral oportuna, la carencia en el acceso a anticonceptivos, los embarazos no deseados, la violencia de género, la muerte materna y otros problemas relacionados con su sistema reproductivo y su conducta sexual. Además, como las mujeres jóvenes encuentran más obstáculos para acceder a la información sobre su sexualidad, son las que más sufren los embarazos no deseados y las consecuencias de las injusticias reproductivas.
Paola Bergallo, abogada argentina:
insiste en que las injusticias reproductivas se materializan, entre otros, en el conjunto de factores que constriñen las decisiones reproductivas de las mujeres forzándolas a una maternidad no deseada o no planeada, o a los riesgos de un aborto clandestino en condiciones no seguras para su vida y su salud (Bergallo, 2010). En esto juegan un papel central las políticas públicas que por acción u omisión se despliegan desde los Estados y sus instituciones, y que tienen impacto directo en el acceso o no a una intervención segura para las mujeres; la prohibición no evita que las mujeres se realicen abortos, sino que lo convierten en una práctica de mayor vulnerabilidad.
Según la CEPAL y la OMS , los problemas relacionados con la salud reproductiva siguen siendo la principal causa de muerte y mala salud de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo. La mortalidad materna y la mala salud reproductiva se constituyen en una violación de los derechos humanos cuando son causadas, en su totalidad o en parte, por el hecho de que el Estado incumple su deber de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que conforman lo que hoy llamamos derechos reproductivos. Cuando los y las funcionarias de un Estado desconocen los derechos reproductivos, o no saben enmarcar la salud reproductiva y sexual en un marco de derechos humanos, es mucho más probable que se cometan violaciones a los derechos humanos relacionados con ella.
Hacemos esfuerzos en mostrar nuestra marca país, como una nación bendecida, próspera y alegre, pero la verdad es que nuestro país ya está marcado como una nación donde no se respetan los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres. Donde instituciones como las iglesias siguen controlando los mecanismos legislativos y judiciales, instalando sus códigos morales y sus discursos prestos a postular la sexualidad femenina como esencialmente reproductiva, discursos que subordinan a las mujeres a los requisitos del sistema machista, capitalista, racista, colonizador y excluyente.
Nuestra marca país es la violencia sistemática y estructural ejercida contra las mujeres, los altos índices de embarazos en adolescentes y las cifras alarmantes de mortalidad materna, nuestra marca país es que no somos un país para las mujeres, niñas y adolescentes.
El desdén de estos grupos por controlar los cuerpos de las mujeres no es reciente, según Silvia Federici:
En la Edad Media una acusación típica eran los crímenes contra la reproducción. Las acusaciones de matar niñxs muy posiblemente encubrían realización de abortos voluntarios y contracepción. La persecución de estos actos se plasma en la legislación y muestra el interés del Estado en el aumento de la mano de obra para el mercado de trabajo. En esta época surge la demografía como ciencia y se inician los registros censales de población. La obsesión por la mano de obra llega al punto de que cuantos más pobres tenía un país, más rico se consideraba, en tanto que acumulaba fuerza de trabajo. La Caza de brujas constituyó la persecución masiva de mujeres acusadas de brujería y tuvo inicios en el siglo XVI.
En República Dominicana el aborto se sostiene en un tejido social de resistencia a su penalización. En el Estudio Cualitativo Sobre las Practicas Informales de Aborto, elaborado por Tahira Vargas para Profamilia, arroja los distintos métodos que las dominicanas emplean para interrumpir sus embarazos, el conocimiento de estos métodos han sido traspasados de generación en generación, esto significa que hay una presencia histórica del aborto en República Dominicana desde las prácticas informales y van desde la toma de bebidas caseras, el uso de perchas, sombrillas, cascos de botellas, lanzarse por escaleras, peritas, algunas se arriesgan en clínicas clandestinas, la penalización cubre con un velo las prácticas informales, la mortalidad y los suicidios por las barreras de acceso, las dominicanas abortan y es una hipocresía si negamos esta realidad.
Este estudio además concluye que el discurso moralista y religioso tras el aborto no ha logrado interrumpir las practicas informales del aborto y su difusión en las nuevas generaciones.
El camino hacia la justicia reproductiva exige repensar la maternidad, la sexualidad y la reproducción desde el plano de lo político y lo público, por fuera de lo privado donde siempre han sido tratados y claramente para que esto suceda hay que cuestionar profundamente las estructuras androcéntricas que guían las prácticas legislativas, jurídicas y médicas, que siempre han sido esferas dominadas por los hombres. Exige transitar hacia la despenalización social del derecho a decidir, extrayendo el tema del campo del pecado, de lo inmoral e ilegal y devolverlo al campo de la salud, la justicia social, de los derechos humanos y de la dignidad de las mujeres que es donde pertenece, esto se puede lograr desde las metodologías de la educación popular. Se debe reconocer la autonomía corporal de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y como prioridad del Estado. La autonomía corporal puede definirse como el concepto cultural, en el que, el control de una persona sobre su propio cuerpo, es lo más importante y no debe ser infringido, ni por falta de información, ni por falta de acceso a recursos y servicios, es aquí donde el Estado falla e incumple su rol.
Repensar la maternidad y la sexualidad como derechos no solamente implica que el Estado nos reconozca como sujetas con derechos a tener derechos, sino que también se reconozca la legitimidad de las mujeres sobre esta práctica, que también ese status nos constituya en personas capaces de resolver sin constricciones el destino de nuestras vidas, y hacer explícita la politización que eso implica para nuestras cotidianidades vitales.
Urge que el Presidente Luis Abinader y todo su gabinete coordine planes integrales e interinstitucionales destinados a lograr la reducción de la tasa de mortalidad materna, incluyendo los casos relacionados con abortos inseguros. Que el Ministro de Salud y el Director del Servicio Nacional de Salud implementen políticas públicas de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos. Urge que los y las legisladoras prioricen la aprobación del proyecto de Código Penal que despenaliza el aborto cuando la vida o la salud de la mujer se encuentra en peligro, cuando el feto es incompatible con la vida fuera del útero y cuando el embarazo es producto de una violación o incesto. Que el Ministerio de Educación implemente la educación sexual integral en las escuelas, pero también la educación no sexista, laica y emancipadora. Urge un compromiso real con el fomento de la participación política de las mujeres jóvenes, de los barrios y racializadas para ir equilibrando la balanza hacia una República Dominicana más justa e igualitaria.
Recursos
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
Estudio Cualitativo Sobre las Practicas Informales de Aborto y el Tejido Social que lo sustenta, elaborado por Tahira Vargas para Profamilia 2020
Trazos de una experiencia de articulación federal y plural por la autonomía de las mujeres: la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito en Argentina Claudia Anzorena y Ruth Zurbrigge
Calibán y la bruja, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Silvia Federici