Más allá de las responsabilidades que una comisión gubernamental ha atribuido al personal médico y administrativo del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, sobre la muerte de 11 niños allí el pasado fin de semana, la dramática realidad es que ese centro de salud es un reflejo de la enorme pobreza nacional, sostenida por erráticas políticas de gasto, dispendio y corrupción administrativa.
La crisis del hospital infantil, que se repite en la mayoría de los centros de salud pública, es consecuencia también del incumplimiento de la Ley General de Salud y de la Ley de seguridad Social, ambas con 13 años de vigencia, en aspectos tan fundamentales como la creación de los centros de atención primaria que descentralizarían y desalojarían los hospitales, y la integración de una red única de centros de salud estatales, para lo cual deberían ser fusionados los del ministerio con los del Instituto Dominicano de Seguros Sociales.
El diario HOY se encargó de poner en perspectiva la mortalidad en el Reid Cabral, relevando que en los últimos 7 años han fallecido allí 5 mil 763 menores, un promedio de 2.2 por día, en su mayoría por causas que pueden ser evitadas, según la planteó esta semana la representación en el país del Sistema de las Naciones Unidas. Este periódico también estableció que los 11 muertos del anterior fin de semana no son una novedad, y que del 20 al 22 de junio fueron una docena. A esa frecuencia contribuye la drástica reducción de la atención médica en los hospitales públicos desde el medio día del viernes hasta la mañana del lunes.
La ocurrencia que ha escandalizado no puede sorprender en un país que aparece sistemáticamente entre los de más altas tasas de mortalidad materno infantil del continente, y entre los que menor proporción de sus ingresos destina al sector salud, 1.8 por ciento del producto interno bruto este año y 1.7 para el próximo, deslindando lo destinado a aguas potables, que se encuentra en el mismo capítulo presupuestario.
La situación del hospital infantil había sido denunciada el mes pasado por su personal médico que pidió lo declararan en estado de emergencia. Por la falta de mantenimiento de equipos e instalaciones, escasez de suministros de medicamentos y materiales, así como por deudas acumuladas de hasta 80 millones de pesos. Calamidad es el calificativo para denominar al mayor hospital infantil del país, donde con mucha frecuencia no se dispone de agua corriente a partir de la tarde y que sufre apagones compensados por plantas que a menudo adolecen de mantenimiento y de combustible.
Lo mismo ocurre en el hospital infantil Arturo Grullón de Santiago, cuyos servicios fueron precarios durante las dos semanas anteriores, a causa de una huelga del personal de enfermería. El paro fue solucionado el miércoles después que las autoridades de Salud se comprometieron a designar 10 enfermeras adicionales, a instalar nuevos tomógrafos y ventiladores, a reparar rayos equis y otros equipos, a pagar los atrasos de 30 meses en incentivos a su personal de enfermería y abonar a deuda con los suplidores para garantizarle los materiales fundamentales.
Salvo un puñado de hospitales entregados a fundaciones que los operan en beneficio de clases medias y cobran por la mayoría de sus servicios, la red pública hospitalaria está afectada por las mismas calamidades, con salarios miserables para médicos y enfermeras, y con abundante personal administrativo en aras del clientelismo político. En esta pregonada sociedad del conocimiento, todavía los hospitales públicos no disponen de sistema informático. La situación se agravó desde que el año pasado el gobierno anunció la supresión de la cuota de recuperación, sin incrementar los subsidios presupuestales, lo que el el Reid Cabral implica un millón y medio de pesos mensuales.
No, las lamentables muertes no pueden sorprender, aunque por suerte hayan escandalizado. Habrá que esperar que no se queden en el superficial informe de la comisión investigadora y originen cambios fundamentales.