Dentro de la agenda de trabajo llevada al Consejo de Gobierno Ampliado encabezado por el Presidente Danilo Medina efectuado el pasado lunes predominaron dos temas en los que puso énfasis el mandatario: transparencia y cumplimiento de metas por parte de los funcionarios de la presente administración.
El Jefe de Estado expuso su intención de fortalecer los mecanismos de monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas sobre el proceder en cada área de gobierno, señalando que el funcionario a cargo de la misma tendrá que responder por su cumplimiento.
No es la primera vez que Danilo Medina se refiere a estos temas. De hecho, al inicio de su anterior gestión había manifestado que pondría especial empeño en prevenir y combatir la corrupción al frente del Estado. Para dejar clara constancia de ese propósito apeló a una frase conocida y muy gráfica, advirtiendo que “en su gobierno se podía meter la pata, pero no meter la mano”.
Ahora ha vuelto a insistir en el tema. Y la razón es obvia. La corrupción en el ámbito administrativo se ha convertido en motivo de frecuente señalamiento y reclamo público, que no solo se manifiesta a través de los medios de comunicación tradicionales y la redes sociales, sino que ya también, de manera recurrente, aparece en distintas encuestas compartiendo sitio de cabecera entre los motivos de mayor preocupación de la sociedad junto a la seguridad ciudadana, el costo de la vida y la falta de empleo.
Los más recientes casos de corrupción, como el admitido y escandaloso soborno millonario en la compra de los Tucanos, un caso anterior que le resulta del todo ajeno y los de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y el más reciente de INAPA, todos en trámite de justicia, que ya caen dentro de su anterior gestión, han contribuido a potenciar la demanda de una investigación llevada hasta sus últimas consecuencias y la aplicación de las sanciones sin exclusiones. Al menos en dos de ellos, el de los aviones y el de la OISOE, hay arraigada la convicción de que si son todos los que están sometidos, en cambio no están todos los que son.
La transparencia en el manejo de los fondos públicos por consiguiente, pasa a ocupar un espacio de suma importancia en el desempeño del gobierno en esta segunda etapa en la que el mandatario, al justificar su aspiración reeleccionista, prometió culminar tareas emprendidas durante su primer gobierno que no pudieron ser completadas durante el mismo. Para ello requiere de esa transparencia y cumplimiento que está demandando de sus colaboradores.
Que la corrupción, no solo en el ámbito público sino también en el sector privado, es fuente principal de gran parte de los males que padece el país está más allá de toda duda. Con las cuantiosas fortunas que a lo largo de los años y sucesivos gobiernos se han amasado al amparo del poder o en complicidad y contando con la anuencia del mismo a través del cobro de peajes, comisiones en contratas, contratos grado a grado, contrabandos, negocios turbios y operaciones ilícitas muchos de los problemas que todavía nos aquejan hoy, hubiesen podido solucionarse.
El siempre bien recordado Miguel Cocco, quien dejó huella profunda de probidad a su paso por la Dirección General de Aduanas, en más de una ocasión atribuyó a la corrupción ser la principal causa de la pobreza que todavía predomina en la vida de millones de dominicanos. Tenía razón.
La transparencia, por consiguiente, debe figurar de manera exigente y permanente como palabra de orden y norma inexorable de conducta en este segundo período de gobierno, donde cabe esperar y reclamar no quede en simple deseo ni expresión retórica, al igual que el cumplimiento estricto de sus deberes por parte de los funcionarios, porque no hacerlo así es también una forma de corrupción. Una tarea de celosa vigilancia en la que corresponderá jugar un papel activo, que justifique su existencia, a la Comisión de Etica que preside Lidio Cadet.
Hay que poner en vigencia y de aplicación estricta la norma de que quien meta la mano sepa que no gozará de impunidad y tendrá que pagar las consecuencias y el funcionario que incumpla sus tareas, que está sobrando en el gobierno, porque al poder se va a servir y no a servirse.