“Creo en la política transparente y fluida como
el agua, de apariencia inocua y sencilla, pero
capaz de horadar la piedra más dura”.
–María Eugenia Estensoro
La manera cómo se combate eficientemente la corrupción en el Estado, es estableciendo mecanismos idóneos de transparencia en el uso de los recursos públicos, de manera que sea factible el establecimiento de un vínculo de confianza entre los llamados a ofrecer tal diafanidad, y aquellos que la requieren. Si, que la requieren, pues en los tiempos actuales la transparencia es una de las principales demandas de los pueblos a los políticos y funcionarios públicos, porque está probado que los países se enrumban por un positivo desarrollo cuando su gobierno es transparente, lo que redundará en el crecimiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Y es que la transparencia es un valor distintivo de los gobiernos democráticos pues es el mecanismo más apropiado para el control del ejercicio del poder que lleve a un sano proceso de rendición de cuentas y escrutinio público de las instituciones, siempre orientados al bien común.
Transparencia Internacional, la organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política a nivel mundial, ha dejado sentado que la amenaza de la corrupción al crecimiento económico se evidencia en “escuelas mal equipadas, medicamentos falsificados, y elecciones decididas por el dinero” . Parecería que estamos asistiendo a una perfecta descripción de la República Dominicana.
En el listado anual de los países con mayor y menor percepción de corrupción del mundo que publica Transparencia Internacional aparece Uruguay con la mejor puntuación en Latinoamérica y en el lugar 21 entre los más transparentes del mundo, y sostiene el organismo que este resultado positivo se relaciona con el sistema político y económico del país, pues el propio Gobierno uruguayo tiene limitaciones para el manejo de enormes recursos, así como pocas oportunidades de trasladar capitales; estas son medidas que evitan el clientelismo.
La República Dominicana en el mismo informe, repite entre los países con mayor corrupción entre 176, llegando a una ínfima puntuación de 31 puntos sobre 100, donde 0 representa un país sumamente corrupto, y 100, un país muy transparente. En nuestro país se programan acciones y medidas, y con bombos y platillos se anuncian a la opinión pública, pero al pasar del tiempo, en el menor de los casos, no se da seguimiento a las mismas. Tal es el caso del objetivo 1.1 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece que la República Dominicana debe “contar con una administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados” .
Mientras tanto, la desigualdad y la corrupción campean por sus fueros tomadas de la mano; poniéndose de manifiesto a través del reparto desigual del poder y de la injusta distribución de la riqueza. Y es que el problema es sistémico en este país, por lo que las medidas y reformas deben ser también sistémicas, además de urgentes, de manera que pueda ponerse coto al desequilibrio de riqueza y de poder. Tales medidas deben incluir las reformas necesarias en el sistema de justicia de la República Dominicana, que también es parte del entramado que no permite llevar a la cárcel a los corruptos.
No existe otra manera de llegar a resultados satisfactorios en el proceso de toma de decisiones públicas, si aquellos llamados a cumplir con tal gestión, que no son mas que los gobernantes y funcionarios del Estado, no asimilan y ponen en práctica los valores y comportamiento ético, pues ellos conforman el patrón a seguir por los operadores subordinados del sistema político. Transparencia es la clave.