Estado y transparencia

Transparencia en la industria extractiva

Por Carlos E. Pimentel Florenzán

“El Estado tiene dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”

Si en la República Dominicana decidimos continuar el proceso de la explotación de nuestros recursos naturales y desarrollar las industrias extractivas, las mismas deben ser nacionalizadas y debemos impulsar iniciativas en el campo de la transparencia, como la existente en otros países  denominada “La Coalición Pública Lo Que Pagas” (PWYP por sus siglas en inglés), conformada por más de 300 instituciones y redes con presencia  en más de 70 países de todo el mundo, con fuerte concentración en el África y con poca presencia en América Latina, solamente existe en Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela.

Esperamos que en nuestro país podamos desarrollar una herramienta de esta naturaleza, porque la misma busca transparentar los beneficios percibidos por el Estado y hacer público los pagos que las empresas hacen al gobierno, que deben ser obligatorios, sujetos al control y a la comprobación de su veracidad, para erradicar procedimientos contables que promueven la opacidad y la confabulación entre empresas y funcionarios públicos al servicio de intereses privados.

Es una práctica en las empresas trasnacionales de explotación minera, el ocultamiento de información, el doble registro y la cooptación de los órganos de control. Por lo cual, se hace  necesario promover las capacidades de las organizaciones sociales para monitorear este sector, demandar transparencia de los gobiernos y participar en el debate sobre políticas de extracción de minerales y en el proceso de otorgamiento de nuevas concesiones.

Esta reflexión nos lleva a pensar también en la promoción de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), presente en más de 30 países en el mundo y   en América Latina está  en México, Perú, Trinidad y Tobago, Ecuador y Bolivia, la misma surge como iniciativa anti corrupción, centrada en transparentar los pagos de las empresas a los Estados. Es una propuesta llevada a cabo por gobiernos, empresas y grupos de sociedad civil,  quienes en alianza estratégica, buscan informar a la ciudadanía acerca de los pagos realizados por las industrias extractivas y sobre los ingresos recibidos por el Estado de las actividades de minería y conocer el destino del dinero y de sus inversiones.

En ese sentido y bajo las condiciones del contexto social, político y económico de nuestro país, pensando  en los altos niveles de corrupción, en las prácticas  serviles y despóticas, se convierte en una condición urgente que la ciudadanía  impulse políticas de transparencia en la relación del Estado con las industrias extractivas y en toda la cadena de valores.

Los dominicanos y las dominicanas debemos preguntarnos y buscar respuestas a las siguientes interrogantes: ¿Extraer o no extraer? ¿Cuál es el valor de nuestros yacimientos? ¿Cuál es el valor de los otros recursos potencialmente afectados? ¿Cuáles son las condiciones y características de los contratos? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué actores gubernamentales interviene en el proceso y que intereses representan? ¿Cómo se realizaran los pagos? ¿Quienes controlan y administran las concesiones?

En relación a los beneficios de las industrias extractivas existen dudas, temores, ocultación de información, chantaje, sobornos  complicidad. Siendo esta una situación que se repite en cada país que operan las mismas trasnacionales y se convierte en un circuito histórico y circulo vicioso de la corrupción y el saqueo. De aquí que muchos países acuñan el término “la maldición de los recursos naturales”, porque países ricos en recursos naturales como el nuestro, no se traduce a mayor inversión social, ni a reducir la pobreza extrema, ni a mejorar la calidad de vida de la población.

En un país como la República Dominicana con abundancia de recursos naturales no renovables,   minerales (Oro, Plata, Zinc, Níquel) y con un Estado con instituciones sin control, poca regulación, bajos estándares ético-morales y mucha corrupción, estas riquezas sólo servirán para enriquecer ilícitamente al capital trasnacional,  en deterioro y en perjuicio de las grandes mayorías de los ciudadanos/as dominicanos/as.

La corrupción en el sector de la industria extractiva se potencia cuando se presentan algunas características propias de Estados fallidos, con bajos niveles de institucionalidad, un descomunal Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, ausencia de independencia del Poder Judicial, la no  existencia de órganos autónomos de control, donde no se cumplen las leyes o donde se aprueban y crean leyes para favorecer particulares y si a todo esto sumamos la existencia predominante de relaciones clientelares, el Estado es incapaces e incompetente para suministrar servicios básicos, solo sirve para desarrollar la formula industria extractiva + corrupción = pobreza.

En ese sentido para pensar en nuevos contratos de concesiones mineras, es necesario contar con una nueva ley de Minería, de concesiones, un órgano rector para el sector que supere las desviaciones de la actual Dirección General de Minería, una nueva instancia de control  con las competencias, funciones y valores éticos-morales que permita  y pueda ser representado por actores no vinculados con las empresas trasnacionales de la industria de explotación, para impedir las transacciones ilegales con mecanismos de transparencia, que impidan y limiten las  actividades vinculadas al engaño, dolo y el robo.

En nuestro país es urgente rescindir todos los contratos de concesiones de explotación minera en manos de las industrias extractivas, que sean  lesivos al interés nacional y que atenten con el interés colectivo, la soberanía y la autodeterminación del pueblo dominicano, no podemos aceptar ninguna presión de organismos internacionales o de países con intereses económicos, producto de unos contratos leoninos e injustos, promovidos por funcionarios al servicio de los interés de esta empresas, pero desde el interior de nuestras instituciones gubernamentales.

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