Las transiciones democráticas después de regímenes autoritarios y dictaduras, suelen ser procesos largos, complejos y llenos de obstáculos. A veces son producto de revoluciones violentas y otras veces son el resultado de pactos políticos para superar las dictaduras. La tarea primera en una transición es reconstruir las instituciones de la democracia destruida, construir culturas democráticas, recuperar la cohesión social perdida y llenar los anhelos de justicia y libertad. Se trata de cerrar heridas y abrir ciclos que ayudan al avance político, social e institucional de los pueblos.
Pactar una transición democrática no puede significar dejar sin sanción los culpables y a los cómplices de los crímenes y delitos cometidos, ni ignorar la responsabilidad de los posibles "arrepentidos" de última hora o conceder impunidad, pretendiendo lavar los pecados de los responsables de las injusticias cometidas. En aras de una pretendida "gobernabilidad", se utiliza la excusa de conceder impunidad, en algunos casos obedeciendo a una visión ingenua de los procesos políticos y en otros a una lógica perversa de confabulación con el pasado.
Todas las transiciones democráticas exitosas con resultados medibles a largo plazo en términos institucionales, de una construcción democrática de calidad y de avances económicos y sociales de sus pueblos, han empezado por esclarecer y reconocer los crímenes cometidos durante las dictaduras.
Cuando los procesos de transición democrática son interrumpidos o por diversas razones no son completados suelen tener efectos a largo plazo muy perniciosos para las sociedades. Estas transiciones democráticas inconclusas, y aquí entramos en materia dominicana, mantienen a los pueblos aferrados y anclados en el pasado, con heridas abiertas que lo hacen vivir en un luto permanente, que no les permite avanzar.
En nuestro país, la larga y sangrienta dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, quien detentó el poder en el año 1930 hasta 1961, dejó heridas tan profundas que el pueblo dominicano, después de más de cinco décadas, aun no ha podido cerrar. Trujillo plantó una de las dictaduras más sangrientas que se ha conocido en América Latina. Eliminó miles de opositores y proscribió y diezmó a toda oposición política, partidos, gremios y asociaciones que les eran adversos.
El dictador permeó todo en esta sociedad. Fue un régimen que concentró y centró al país en su persona. Cooptó y sustituyó a élites políticas y empresariales. Expropió grandes latifundios y empresas y formó monopolios en todas las áreas del comercio y la industria para su provecho personal. En fin, Trujillo fue el Estado y el Estado era Trujillo.
La cultura autoritaria, clientelar, patrimonial y de impunidad que construyó Trujillo ha marcado tan profundamente a la sociedad dominicana que persiste hasta el presente y se manifiesta en el comportamiento del dominicano común, en las prácticas políticas, en la visión de poder y en la falta de compromiso con la democracia de las élites dirigentes.
El ajusticiamiento del dictador trajo la posibilidad de una primera ola de transición democrática en el país. Efectivamente luego de dos años de crisis política, el Profesor Juan Bosch gana las primeras elecciones celebradas con cierta formalidad democrática, después de 30 años de férrea dictadura.
El primer paso positivo del nuevo gobierno fue aprobar mediante una constituyente, la constitución democrática más avanzada que había tenido el país en toda su historia de nación. Esta nueva constitución le daba apertura a un nuevo ciclo democrático, iniciando así una ruptura con el pasado.
Sin embargo, esta ruptura con el pasado no pudo ser profundizada debido a que muchos de los actores políticos que habían iniciado esta transición, no entendieron o minimizaron la complejidad de este proceso. Nuestra sociedad de entonces estaba muy fragmentada entre un pueblo con enorme sed de justicia y libertad, pero con escaso capital social y el gran fardo del miedo heredado de la dictadura y por otra parte una élite compuesta por políticos, empresarios y militares cómplices de la dictadura, quienes se las arreglarreglaron tan bien para mantener sus privilegios políticos y económicos a través del poder, que muchos de sus remanentes aun viven y sobreviven en los diferentes gobiernos que hemos tenido. Todo esto sumado a un entorno geopolítico bastante complejo, dominado por la llamada "guerra fría".
En este contexto se cometieron errores que frenarían el ciclo democrático iniciado. Uno de estos errores fue, poner en práctica desde el gobierno, la política de "borrón y cuentas nuevas" enarbolada por Bosch en su campaña, con el fin de ganar votos.
Esta política del borrón y cuentas nuevas ni nos condujo a borrar tres décadas de horrores ni mucho menos a iniciar cuentas nuevas. Por el contrario, afianzó y profundizó las raíces de la cultura de impunidad en nuestra sociedad. El golpe militar de septiembre del año 1963 fue el desenlace final que interrumpió este proceso de transición, marcando negativamente el devenir histórico de nuestro país hasta el presente.
La experiencia de otros países demuestra que una vez esclarecidos y reconocidos los crímenes y las violaciones a los derechos humanos cometidos en los periodos de dictadura, se hace necesario abrir un proceso que casi siempre ha llevado a la judicialización y condena de los culpables de los crímenes cometidos, como ha ocurrido en Chile, Argentina y Uruguay, entre otros países.
Estos procesos de justicia son imprescindibles para que puedan ser seguidos de una reconciliación. No puede haber reconciliación, ni paz ni democracia verdadera sin justicia. Un proceso de reconciliación ejemplar que han incluido, además de condenas, pedidos de perdón colectivos, es el ocurrido en Sudáfrica cuando el Congreso Nacional Africano dirigido por Mandela asumió el poder. Otro ejemplo es el de la transición chilena que con la Comisión de la Verdad y su Informe Rettig jugaron un papel fundamental que ha sido una base para los procesos judiciales indispensables de una verdadera y duradera transición democrática.
En nuestro país ha habido diferentes intentos por retomar el ciclo democrático que inició con la Constitución de 1963. La mayoría han sido derrotadas por los mismos actores ultraconservadores y sus herederos que sirvieron de sustento y legitimidad a la dictadura. Otros intentos han quedado inconclusos y abandonados por los mismos actores democráticos que los iniciaron y que aunque tuvieron la oportunidad de darles continuidad y profundizarlos, en el camino optaron por aliarse con el pasado autoritario a través de sus actores vivos o asumiendo la herencia de su pensamiento y accionar político.
Estos intentos fallidos y la ausencia de un cierre definitivo con los vicios y malas prácticas heredadas del pasado, no nos han permitido avanzar hacia la construcción de instituciones y culturas democráticas sólidas y funcionales y hacia la finalización de este inacabable periodo de transición hacia la democracia y ésa es una de las más grandes e importantes tareas políticas que tenemos pendiente en el país.