Si aplicamos el mismo criterio con que el doctor Waldo Ariel Suero ha valorado las huelgas médicas durante su turbulenta gestión al frente de ese gremio profesional en las varias oportunidades en que lo ha presidido, calificándolas de “exitosas” en la medida en que ha logrado paralizar todos los hospitales públicos del país, privando de atenciones a decenas de miles de pacientes, podemos también calificar de “todo un éxito” la llevada a cabo por FENATRADO durante los tres días que mantuvo bloqueado el acceso a los puertos comerciales y suspendido el transporte de mercancías a nivel nacional.
Realmente sus resultados superaron en esta ocasión los obtenidos con anterioridad en las diferentes ocasiones en que su federación era presidida Blás Peralta, hoy sancionado a treinta años de reclusión carcelaria por la muerte del ex presidente de la UASD, Matías Aquino Febrillet, su sucesor apeló al mismo método de presión, prueba palpable de que pasó con nota sobresaliente su período de aprendizaje.
Durante esas setenta y dos horas de exigencia arbitraria contra una empresa de Montecristi para que de manera obligatoria le asignara el cincuenta por ciento de su movimiento de carga, “los dueños del país” se anotaron en su cuenta de logros, haber ocasionado pérdidas diarias a la economía estimadas en 960 millones de pesos diarios, casi tres mil millones, mientras duró el paro.
Como “valores agregados” a su largo historial de extorsiones, que ha enriquecido y convertido en verdaderos potentados a más de un dirigente del sector, afectaron los ingresos del fisco, retrasaron el embarque de más de once mil furgones de mercancías con grave daño para nuestro todavía tan limitado comercio de exportación, encarecieron la producción industrial y retrasaron la entrega de productos navideños al comercio.
Pero posiblemente el mayor perjuicio consiste en la señal enviada a los potenciales inversionistas extranjeros sobre la falta de seguridad jurídica que ofrece el país, requisito indispensable para la necesaria atracción de capitales que contribuyan al crecimiento de la economía así como la creación de empleos, única forma efectiva de reducir los niveles de pobreza.
¿Qué interés puede sentir un inversionista extranjero en desarrollar sus negocios en República Dominicana cuando comprueba que va a quedar sometido al chantaje de un sindicato que bajo el arbitrario alegato de “derechos adquiridos”, (los mismos que alegan algunos congresistas para seguir disfrutando del irritante y costoso privilegio de recibir dos exoneraciones cada cuatro años para la importación de vehículos libres de impuestos sin límite de precio), le exigirá de manera compulsiva y bajo amenaza de bloqueo entregarle la mitad de la carga, por cuyo servicio le impondrá una tarifa que en algunos casos resultará hasta cinco veces mayor que la que pagaría en cualquier otro país de la región?
¿Qué puede pensar sobre la defensa de sus legítimos derechos e intereses ante la actitud de pasiva e inexplicable tolerancia que muestran las autoridades frente a esta exigencia que transgrede la Constitución, viola las normas de libre comercio y hace tabla rasa de fallos judiciales, dejándolo en total desamparo?
Que cada quien saque sus conclusiones.
Pero bien entendido que el ideal de mejorar la competitividad asumido como compromiso conjunto a través de esa alianza entre el gobierno y el empresariado, recientemente anunciada a bombos y platillos, no pasará de ser un sueño irrealizable convertido en auténtica pesadilla mientras persista la mafia del transporte, cuya impunidad parece garantizada por la participación de “empresarios”, funcionarios, políticos y altos y no tan altos militares y policías para quienes el manejo monopólico y abusivo de este vital servicio constituye una pródiga fuente de enriquecimiento.