ESTA SEMANA gané una dudosa distinción: una innovadora sentencia del Tribunal Supremo lleva mi nombre.

Es un honor del que habría prescindido de buena gana con.

MI NOMBRE apareció a la cabeza de una lista de solicitantes, asociaciones y particulares, que pidieron a la corte anular una ley promulgada por el Knesset.

Israel no tiene constitución escrita. Esta situación inusual surgió desde el principio del estado porque David Ben-Gurión, un partidario feroz del Estado secular, no pudo lograr un acuerdo con los partidos ortodoxos, que insistían en que la Torá es ya una constitución.

Así, en lugar de una constitución tenemos una serie de Leyes Básicas que cubren sólo una parte del terreno, y una masa de precedentes del Tribunal Supremo. Este tribunal se arrogó lentamente a sí mismo el derecho de abolir leyes promulgadas por el Knesset que contradicen la Constitución inexistente.

A PARTIR del último Knesset, miembros del Likud de extrema derecha han estado compitiendo entre sí en sus esfuerzos para castrar al Tribunal Supremo de una manera u de otra. Algunos rellenarían el tribunal con jueces de derecha, otros limitarían radicalmente su jurisdicción.

Las cosas llegaron a un punto crítico cuando un grupo de miembros del Likud de extrema derecha lanzaron una verdadera avalancha de proyectos de ley que eran claramente inconstitucionales. Uno de ellos, y el más peligroso, era una ley que prohibía que la gente llamara a un boicot del Estado de Israel y, de un modo siniestro, añadieron las palabras “y de los territorios en su poder”.

Esto reveló el verdadero objetivo de la operación. Algunos años antes, nuestra organización pacifista Gush Shalom había llamado a la población a boicotear los productos de los asentamientos en los territorios ocupados. También publicamos en nuestro sitio web una lista de estos productos. Algunas otras organizaciones pacifistas se unieron a la campaña.

Al mismo tiempo, tratamos de convencer a la Unión Europea para que hiciera algo similar. El acuerdo de Israel con la UE, que exime a las mercancías israelíes de las aduanas, no incluye los asentamientos. Pero la UE suele cerrar los ojos. Nos tomó mucho tiempo y esfuerzo hacer que los abriera de nuevo. En los últimos años, la UE ha excluido estos productos. Han exigido que en toda la mercancía “made in Israel” se declare el verdadero lugar de origen. Esta semana, 16 ministros de Asuntos Exteriores europeos pidieron al jefe de asuntos exteriores de la UE que exija que todos los productos de los asentamientos estén marcados con toda claridad.

La ley aprobada por el Knesset no sólo tiene aspectos penales, sino también civiles. Las personas que llaman a un boicot no sólo podrían ser enviadas a la cárcel. También podrían ser condenados a pagar por daños enormes sin que el demandante tenga que demostrar que determinado daño es consecuencia del llamado al boicot.

Además, las asociaciones que reciben subsidios del gobierno u otra asistencia gubernamental bajo las leyes existentes se verían privados de ellos a partir de ese momentos, lo que hará su trabajo por la paz y la justicia social aún más difícil.

EN CUESTIÓN de minutos después de la promulgación de esta ley, Gush Shalom y yo presentamos personalmente nuestras demandas ante el Tribunal Supremo. Ellos se habían preparado bien, con mucha antelación, por el defensor Gaby Lasky, un abogado joven y talentoso y un dedicado activista por la paz. Mi nombre fue el primero en la lista de peticionarios, por lo que el caso se llama “Avnery contra el Estado de Israel”.

El caso expuesto por Lasky era lógico y sólido. El derecho de la libertad de expresión no está garantizado en Israel por una ley específica, sino que se deriva de varias Leyes Básicas. Un boicot es una acción democrática legítima. Cualquier individuo puede decidir comprar o no comprar algo. De hecho, Israel está lleno de boicots. Tiendas de venta de alimentos no kosher, por ejemplo, son rutinariamente boicoteadas por los religiosos, y los carteles que piden esos boicots a una tienda específica están ampliamente distribuidos en los barrios religiosos.

La nueva ley no prohíbe los boicots en general. Singulariza boicots políticos de un determinado tipo. Sin embargo, los boicots políticos son comunes en cualquier democracia. Forman parte del ejercicio de la libertad de expresión.

De hecho, el más famoso boicot moderno fue lanzado por la comunidad judía en Estados Unidos en 1933, después de que los nazis llegaron al poder en Alemania. En respuesta, los nazis llamaron a un boicot de todas las empresas judías en Alemania. Yo recuerdo la fecha, 1 de abril, porque mi padre no me permitió ir a la escuela ese día (yo tenía 9 años de edad y era el único judío en mi escuela.)

Años más tarde, todos los países progresistas se unieron en un boicot contra el régimen racista de Sudáfrica. Ese boicot tuvo un gran papel (aunque no decisivo) en hacer que el régimen se viniera abajo.

Una ley general no puede obligar a una persona a comprar un producto básico normal, ni puede por lo general prohibir que lo compre. Incluso los autores de esta nueva ley israelí entendieron esto. Por lo tanto, su ley no castiga a nadie por comprar o no comprar. Castiga a los que llaman a otros a abstenerse de comprar.

De ahí que la ley sea claramente un ataque a la libertad de expresión y a la acción democrática no violenta. En resumen, es una ley antidemocrática básicamente defectuosa.

La CORTE que juzgó nuestro caso consistió de nueve jueces, casi la totalidad del Tribunal Supremo. Esa integración es muy poco frecuente, rara, y sólo se convoca cuando hay que tomar una decisión siniestra.

Estuvo encabezada por su presidente, el juez Asher Gronis. Eso en sí fue significativo, puesto que Gronis ya salió del tribunal y se fue con jubilación obligatoria en enero, cuando llegó a la edad de 70 años. Cuando el asiento quedó vacante, Gronis ya estaba demasiado viejo para convertirse en el presidente del tribunal. Bajo la ley israelí que existía entonces, un juez del Tribunal Supremo no puede convertirse en el presidente de la corte cuando el momento de su retiro definitivo esté demasiado cercano.

Pero el Likud estaba tan ansioso por tenerlo a él que se aprobó una ley especial de habilitación para permitir que Gronis se convierta en el presidente.

Por otra parte, a un juez que ha estado en un caso, pero no terminó su sentencia a tiempo, antes de retirarse, se le da un extra de tres meses para terminar el trabajo. Parece que incluso Gronis, el protegido del Likud, tuvo reparos en esta decisión específica. La firmó, literalmente, en el último momento, a las 17.30 horas del último día, justo antes de que Israel se pusiera de luto en el inicio del Día del Holocausto.

Su firma fue decisiva. El tribunal se dividió (4-4), entre los que querían anular la ley y los que querían mantenerla. Gronis se unió a la sección pro ley y la ley se aprobó. Ahora es la Ley de la Tierra.

Una sección de la ley original fue eliminada del texto por unanimidad. El texto original dice que cualquier persona ‒es decir, un colono‒ que afirme que ha sido perjudicado por el boicot, puede reclamar indemnizaciones ilimitadas a cualquier persona que haya convocado a ese boicot, sin tener que demostrar que en realidad fue afectado. A partir de ahora, el demandante tiene que probar el daño.

En la audiencia pública de nuestro caso, los jueces nos preguntaron si estaríamos satisfechos si eliminaban las palabras “territorios en poder de Israel”, dejando así el boicot de los asentamientos intactos. Respondimos que, en principio, insistimos en que se anulara la ley completa, pero daríamos la bienvenida a la eliminación esas palabras. Pero en el juicio final, ni siquiera hicieron eso.

Esto, por cierto, crea una situación absurda. Si un profesor en la Universidad de Ariel, en lo profundo de los territorios ocupados afirma que yo he llamado a boicotearlo, puede demandarme. Entonces, mi abogado tratará de demostrar que mi llamado fue bastante desatendido y, por lo tanto, no causó daños, mientras que el profesor tendrá que probar que mi arenga resultó tan influyente que las multitudes fueron inducidas a boicotearlo.

HACE AÑOS, cuando yo todavía era editor-jefe de Haolam Hazeh, la revista informativa, me decidí a elegir Aharon Barak como nuestro Hombre del Año.

Cuando lo entrevisté, me dijo cómo salvó la vida durante el Holocausto. Era un niño en el gueto de Kovno, cuando un granjero lituano decidió sacarlo de contrabando. Este hombre sencillo arriesgó su propia vida y la vida de su familia cuando lo escondió bajo una carga de patatas para salvarlo.

En Israel, Barak se elevó a la eminencia como jurista, y con el tiempo se convirtió en el presidente del Tribunal Supremo. Lideró una revolución llamada “Activismo Jurídico”, afirmando, entre otras cosas, que el Tribunal Supremo tiene derecho a eliminar cualquier ley que niegue la constitución (no escrita) israelí.

Es imposible sobrestimar la importancia de esta doctrina. Barak hizo por la democracia israelí quizás más que cualquier otra persona. Sus sucesores inmediatos, dos mujeres, acataron esta regla. Es por eso que el Likud estaba tan ansioso por poner a Gronis en el puesto. La doctrina Gronis pudiera llamarse “Pasividad Jurídica”.

Durante mi entrevista con él, Barak me dijo: “Mira, el Tribunal Supremo no tiene legiones para hacer cumplir sus decisiones Es totalmente dependiente de la actitud de la gente. ¡No puede ir más allá de lo que las personas están dispuestas a aceptar!”

Constantemente recuerdo este mandato. Por lo tanto, no me sorprendió mucho la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de boicot.

El Tribunal tenía miedo. Eso, simplemente. E igualmente comprensible.

La lucha entre el Tribunal Supremo y el Likud de extrema derecha está llegando a un clímax. El Likud acaba de lograr una victoria electoral decisiva. Sus dirigentes no ocultan su intención de poner en práctica, finalmente, sus siniestros designios sobre la independencia del Tribunal.

Quieren permitirle a los políticos que dominen el comité de nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo y abolir por completo el derecho de la corte para anular leyes inconstitucionales aprobadas por el Knesset.

MENACHEM BEGIN solía citar al molinero de Potsdam que, cuando se involucró con el Rey en una disputa privada, exclamó: “¡Todavía quedan jueces en Berlín!”.

Begin dijo: “Todavía quedan jueces en Jerusalén!"

¿Por cuánto tiempo?