El próximo domingo 5 de julio de 2020 las ciudadanas y ciudadanos tenemos una cita con la democracia para la elección de los órganos electivos en los niveles presidencial y congresual. Se trata de uno de los procesos democráticos más complicados en la historia de la República Dominicana, debido a múltiples razones: (a) el fraccionamiento político generado por la división del partido oficialista luego de las elecciones primarias; (b) la desconfianza de la población en la organización y supervisión del proceso electoral por parte de la Junta Central Electoral; y, (c) la existencia de una grave situación sanitaria como consecuencia de la propagación de un nuevo coronavirus que nos ha obligado a suspender todas nuestras actividades económicas y sociales.
Estas situaciones traen consigo grandes retos que nos obligan a crecernos como sociedad. Por un lado, el fraccionamiento político genera una mayor divulgación de informaciones falsas que tienen como objetivo condicionar el voto a través del engaño y del fomento del odio. Por otro lado, la desconfianza en el órgano electoral produce escepticismo en la realización de las votaciones y en los escrutinios de los votos. Y, por último, la situación sanitaria genera mayores niveles de abstención por el temor de las personas a contagiarse en los colegios electorales. Pero además, el coronavirus nos presenta un panorama de crisis que agudiza estas situaciones y que tiene graves repercusiones sociales y económicas sobre las personas. De hecho, el director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) advirtió que los países se asoman a una crisis económica peor que la sufrida en 2008 como consecuencia de la crisis financiera.
Frente a este panorama política y económico tan oscuro, nos surge la siguiente pregunta: ¿Es realmente necesario ir a votar? La respuesta a esta pregunta me obliga a realizar algunas precisiones sobre el modelo de democracia representativa y el sistema electoral dominicano. La República Dominicana es un gobierno esencialmente civil, republicado, democrático y representativo (artículo 4 de la Constitución), es decir, que su forma de gobierno se caracteriza no sólo por proscribir cualquier tipo de gobierno militar, eclesiástico o monárquico, sino además por reconocer la democracia representativa como mecanismo de participación política.
El carácter representativo del Estado dominicano implica, en síntesis, que: (a) el poder de decisión y dirección emana de un órgano representativo que expresa la soberanía popular; (b) los órganos representativos actúan conforme a una competencia que está limitada jurídicamente; y, (c) el poder de decisión y dirección puede corregirse y contrapesarse democráticamente, es decir, que existe la posibilidad de que la minoría pueda convertirse a su vez en mayoría en igualdad de condiciones (Böckenförde, 2000). Para lograr cada uno de estos presupuestos, los cuales constituyen características propias de un Estado democrático moderno, se articula el sistema electoral como un conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para decidir y cómo (bajo cuales procedimientos) debe hacerlo. Es decir que el sistema electoral se estructura en base a un conjunto de reglas que determinan cómo se llevan a cabo las elecciones y los referendos y cómo se determinan sus resultados.
Para Nomberto Bobbio, estas reglas son, en resumen, las siguientes: (a) todos los ciudadanos mayores de edad, sin distinción de raza, de religión, de condición económica o de sexo, deben disfrutar de los derechos políticos; (b) el voto de los ciudadanos debe tener el mismo peso; (c) todos aquellos que disfrutan de los derechos políticos deben ser libres de poder de votar según la propia opinión formada lo más libremente que sea posible; (d) tienen que ser libres también en el sentido de que deben encontrarse en condiciones de elegir entre soluciones diversas, es decir, entre partidos que tengan programas distintos y alternativos; (e) debe valer la regla de la mayoría numérica, en el sentido de que se considere elegido al candidato o se considere válida la decisión que obtenga el mayor número de votos; y, (f) ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, en particular el derecho a convertirse a su vez en mayoría en igualdad de condiciones (Bobbio, 1999).
En definitiva, el reconocimiento del carácter representativo en un Estado democrático tiene como objetivo asegurar el sufragio universal, la igualdad democrática, el pluralismo político, la regla de la mayoría y los mecanismos de participación política de las minorías. Ahora bien, ¿por qué es tan importante garantizar estas reglas? Simple, debido a que el titular del poder político es el «pueblo» (artículo 2 de la Constitución), quien, cuando pasa de un estado de naturaleza a una sociedad civil, decide ejercerlo por medio de representantes, es decir, mediante el sufragio popular (artículo 208 de la Constitución). En algunos casos, el «pueblo» puede ejercer este poder de forma directa, a través de referendos (artículos 210 y 272 de la Constitución), pero, dado el carácter representativo del Estado dominicano, este mecanismo de participación política es excepcional, por lo que debe ser visto “como correctivo de las distorsiones propias de la democracia representativa y no como su sustituto” (Jorge Prats, 2015).
Lo anterior demuestra la importancia de ir a votar. Los órganos electivos (presidente, vicepresidente, senadores y diputados) tienen legitimidad para actuar en representación del «pueblo» porque éste le ha cedido ese poder a través del sufragio universal. De ahí que con el voto se les otorga a estos órganos el poder de decidir en representación de todas y todos las políticas públicas más conveniente para asegurar nuestro desarrollo en un marco de libertad individual y de justicia social, así como para poder determinar cuáles son las disposiciones normativas que deben regular nuestra conducta en sociedad. Además, los legisladores tienen la obligación de fiscalizar y controlar las actuaciones del Poder Ejecutivo y de los órganos bajo su dependencia para asegurar que éstas sean cónsonas con el mandato otorgado.
Así pues, la pregunta que debemos realizarnos es: ¿estamos dispuestos a que una persona nos represente durante cuatro años sin otorgar nuestro consentimiento? Imagínese que una persona actúe bajo su representación y contraiga obligaciones sin que usted le haya otorgado ese poder. El sufragio es la oportunidad para decidir quién ejercerá el poder político por usted y quien lo representará durante el período electivo. De ahí que es fundamental ejercer este derecho de forma consciente y en base a nuestros principios y convicciones.
La situación política y económica actual es preocupante, pero más preocupa aún el hecho de que una persona asuma nuestra representación sin haberle otorgado ese poder a través del sufragio activo. Es justamente en esto que radica la importancia de ejercer el derecho al voto. De ahí que el próximo domingo 5 de julio debemos levantarnos a votar, tomando todas las medidas necesarias para evitar contagiarnos y contagiar a otros. Usar mascarilla, mantener la distancia, cuidar nuestra higiene, colaborar con las autoridades en los colegios electorales y, sobre todo, no quedarnos en casa sin votar. Todas y todos, ¡a votar!