Después de las primeras elecciones libres, las cuales fueron ganadas el 20 de diciembre de 1962 por el Partido Revolucionario Dominicano y su candidato presidencial el profesor Juan Bosch, todas las demás, hasta el año 1994, fueron denunciadas como fraudulentas.
En ese orden, los comicios que se celebraron el primero de junio de 1966, en los que se impusieron, por primera vez, el doctor Joaquín Balaguer y el Partido Reformista, se vieron empañados por la salvaje represión desatada contra los constitucionalistas del PRD y su candidato el profesor Bosch, los cuales no pudieron salir a realizar su campaña debido a las serias amenazas que recibieron durante todo el proceso electoral.
Sin embargo, la represión fue más brutal en las elecciones del 16 de mayo de 1970, en las que el doctor Joaquín Balaguer logró reelegirse por primera vez, luego de forzar a sangre y fuego, la abstención del Partido Revolucionario Dominicano y otros partidos de la oposición.
Este período completo se tiñó de la sangre de la juventud más intrépida y heroica que combatió los doce años del régimen balaguerista y concluyó con la segunda reelección del enigmático caudillo en las elecciones del 1974, sin competencia, producto del retiro del Acuerdo de Santiago, que consideró que no existían las más mínimas garantías para participar en la las mismas.
El período de terror electoral finalizó con las elecciones del 16 de mayo de 1978, las cuales se caracterizaron por la politización de las Fuerzas Armadas, a tal extremo de que la mayoría de sus tropas represivas transitaban por las calles con banderas del partido oficial en las bayonetas de sus fusiles. No obstante, esta vez la intimidación no surtió efecto en la oposición que, como se pudo comprobar, se preparó para superar todos los obstáculo que se interpusieran en su camino hacia el poder, resultando elegido como presidente, por el Partido Revolucionario Dominicano, el hacendado don Antonio Guzmán Fernández.
Las elecciones de 1986, 1990 y 1994 fueron cuestionadas, principalmente, por el dislocamiento y la exclusión de los votantes. Como consecuencia de ello, en las del 1994, se generó una crisis que estuvo a punto de terminar en una guerra civil.
Para salir de la crisis, la oposición, que entonces lideraba el doctor José Francisco Peña Gómez, puso como una de sus condiciones, la aprobación de una importante reforma electoral, la cual contribuyó con la superación de muchas de las debilidades del sistema electoral que permitían la materialización de las referidas malas prácticas.
Por fortuna, ya el terror, el dislocamiento de los electores, el robo de las urnas, el asalto del órgano electoral y el gacetazo, se encuentran enterrados en el pasado. Ahora el principal desafió de la democracia representativa y, por tanto, del administrador electoral, es el de impedir que los candidatos y los partidos utilicen los recursos del Estado y los municipios, a fin de garantizar la integridad electoral, mediante elecciones equitativas, libres, justas y transparentes.
Para lograr esta importante meta se precisa de la buena voluntad del liderazgo político y la firme decisión del órgano electoral de reglamentar las campañas electorales, en virtud del artículo 212 de la Constitución Política, haciendo respetar los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral.