Existe un margen razonable para la comisión de actos terroristas o análogos al terrorismo en República Dominicana. Es un hecho constante—que no ha cambiado con el partido morado en el Poder—que las instituciones represivas y de justicia en nuestro país están en un estado lamentable.
Existe aquí, como un hecho, el fenómeno de que personas, grupos económicos, funcionarios públicos y sus familiares conocidos están por encima de la ley. La policía piensa para ejecutar una orden de arresto contra determinadas personas. La fiscalía lo piensa para solicitarla y si de alguna manera cualquier acto represivo se ejecuta contra alguien influyente, misteriosamente todo se disuelve con el paso del tiempo.
La gente tiene una imperiosa necesidad de justicia, y esta necesidad es constante. Dicho reclamo se agudiza al alguien ser víctima de un notorio abuso, o atropello. Si el acto es crasamente ilegal, el instinto cívico indica a todos que las autoridades deben actuar sin contemplaciones, no importa quien sea el ofensor.
Casos como el asesinato del alcalde Juan de los Santos, las balaceras al ayuntamiento de San Francisco de Macorís, o el incendio del vagón del Metro, nos indican que existe material humano en nuestro medio capaz de cometer dichos actos.
Virtualmente todo el que inicia una acción contra alguien realmente poderoso en nuestro país, en algún momento, se siente en un callejón sin salida. El Tribunal Constitucional, por su parte, ha hecho aún más estrecho el cerco contra aquellos que reclaman justicia al declarar no conforme a la Constitución nuestra vinculación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, importante árbitro, realmente imparcial para evaluar casos desahuciados por la justicia dominicana que constituyen grandes abusos ciudadanos.
La opción por la violencia, en ocasiones, es la decisión por el camino más expedito y—para algunos–confiable para obtener un resultado, es el “hazlo tú mismo.” La desconfianza creciente en la imparcialidad de los árbitros judiciales que nos hemos dado; los manejos descarados de favoritismo e impunidad que emergen del Estado, invitan, o podrían invitar a muchos al “hazlo tú mismo.”
Ese “hazlo tú mismo” puede derivar en acciones, no solo contra particulares—como el caso de Juan de los Santos (Juancito)—sino contra instituciones y sus funcionarios. Si alguien quiere apelar a una política preventiva contra el delito o contra el terrorismo en el país, adecentar la justicia; dar un presupuesto justo a sus instituciones; enfrentar la impunidad, e imponer un orden igual para todos serían caminos muy recomendables.
Muchos abandonarían, y ni tan siquiera pensarían en el “hazlo tú mismo” si contásemos con instituciones honorables, independientes y pulcras en su trato al ciudadano.
La realidad social no es inmutable, sino que está en constante cambio, y lo que hemos visto hoy como graves hechos violentos aislados, en un futuro próximo podría derivar en patrones definidos de carácter relativamente frecuente.
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Nota: El caso del asesinato del alcalde Juan De Los Santos, no fue un acto de terrorismo, pero constituyó un inocultable acto contra una autoridad legalmente constituida. El terrorismo tiende a hacer lo mismo, aunque por motivos ideológicos.