La sociedad dominicana ha sido testigo durante los últimos años de una variedad de conflictos por el uso y la ocupación del territorio, desencadenando una lucha de poder entre los sectores que buscan apropiarse el derecho de utilizar los espacios en disputa.
Bahía de las Águilas, Loma Miranda, Los Haitíses, Puerto de Manzanillo, la Carretera Cibao-Sur, el Lago Enriquillo, el Río Ozama, la construcción de un muro en la zona fronteriza, la disposición final de los residuos sólidos, el trazado de las circunvalaciones, el crecimiento de las ciudades, son algunos de los conflictos que han ocupado la principalía de las discusiones nacionales en uno u otro momento, sin que al final de los debates y de las negociaciones se haya propiciado un acuerdo satisfactorio para beneficiar a la población, como uno de los principales afectados en cuanto al uso indiscriminado del territorio.
Ante este escenario podríamos cometer el error de incitar procesos individuales para el diseño de las políticas sectoriales que aún faltan por establecer, como alternativa para la definición del espacio que le correspondería utilizar a cada sector de la economía nacional; sin embargo la definición de la política sectorial no sería suficiente para determinar el uso apropiado de los territorios en cuestión.
Esta visión parcial aportada por el conjunto de las políticas sectoriales requieren ser integradas a un proceso que garantice la construcción de una visión consensuada sobre la localización de las actividades tanto a nivel nacional como a nivel local, a través de instrumentos que armonicen los distintos intereses existentes en el país tomando en cuenta las potencialidades y limitaciones de los territorios, al igual que las expectativas y aspiraciones de la población.
A nivel nacional, este instrumento debe contener las políticas necesarias que orienten las decisiones sobre el uso preferente del territorio, concertando las distintas visiones sectoriales a fin de gestionar y aprovechar los recursos y así alcanzar el desarrollo sostenible, promover la cohesión territorial y mejorar las condiciones de vida. En el nivel local los instrumentos establecidos deben delimitar de manera más precisa la ocupación de los territorios circunscritos a su jurisdicción, siempre conciliando los distintos intereses presentes en la municipalidad.
Este proceso contribuye a ordenar los distintos intereses que se encuentran en disputa por el control del territorio, al definir un escenario con las reglas establecidas y garantizar la participación de los sectores comprometidos con el desarrollo nacional.